Primeramente, agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes. La verdad es que, a veces en esas reuniones mañaneras del Presidente, pasaba de regreso rumbo a mi oficina, por acá, y sacaba cuentas de que el horario coincidía con las reuniones del Grupo Parlamentario, y siempre me sentí tentado a pasar a saludar y decirles que se les extraña; que fue una etapa particularmente grata mi estancia aquí en el Senado, compartiendo responsabilidades con ustedes.

Me da muchísimo gusto regresar acá. Se conjuga toda la parte política, la coincidencia política; pero también el hecho de haber tenido la oportunidad, el honor de haber formado parte de esta fracción; así haya sido brevemente, lo registro como algo de lo más honroso en mi currículum.

Así es que gracias por la invitación.

Paso a comentarles, de manera muy rápida, para dar el mayor espacio posible a las preguntas, que es donde creo que pudiera ser más atinado en mi participación, dar respuesta a las inquietudes que ustedes tengan.

Primeramente, dos o tres datos para dar idea de la dimensión de la problemática que tenemos en materia de inseguridad. Tal vez no fuese necesario citar ni una ni dos cifras, porque creo que todos padecemos diariamente las consecuencias de la inseguridad.

Francamente, no creo que haya en el país, a quien en los últimos años hayan sido ajenos a los acontecimientos de la inseguridad, a unos las balas les tocaron; a otros les pasaron rozando; a un vecino, a una vecina, a un amigo, a un familiar. Pero pudiera sintetizarlo diciendo a ustedes, que estamos viviendo una inseguridad no conocida desde los tiempos revolucionarios. Ese es el tamaño.

Los altos niveles de violencia han generado enormes costos para el país. El Foro Económico Mundial estima que el costo de la inseguridad en su conjunto, no sólo lo que se gasta en seguridad, sino los costos asociados a la inseguridad, alcanzan el 21 por ciento del PIB, el 21 por ciento del PIB según el Foro Económico Mundial.

Y creo que con ese dato y el anterior, bastaría para cerrar el capítulo del diagnóstico. No hay nada más, no hay nada mucho por agregar; cientos de miles de personas han debido cambiar su modo de vida para adaptarse a los rigores de la inseguridad.

También, cientos de miles han debido migrar para ponerse al margen de las consecuencias de la inseguridad.

Las acciones fundamentales. Tenemos ocho ejes fundamentales, estratégicos para mejorar las condiciones de seguridad en el país.

El primero de ellos, es combatir la corrupción en los cuerpos de seguridad. Pero para combatir, para ser exitosos en el combate a la corrupción en los cuerpos de seguridad, pues hay que combatir exitosamente la corrupción en la Administración Pública.

Nada más para que se den una idea del problema, es una cifra pública, la he mencionado en otras ocasiones y hoy, para darles una visión de conjunto, así sea rápidamente, les señalo: la razón fundamental por la que el año 2000, las y los mexicanos decidimos dar paso a la alternancia, fue fundamentalmente porque estábamos hartos de la corrupción.

Nada más que en el año 2000, nuestro país se encontraba en el lugar número 53 del ranking de corrupción mundial. No les estoy dando datos de Morena, porque ya saben que luego dicen que somos muy exagerados; no, son datos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, de Transparencia Internacional, un punto menos, un punto más; estábamos en el lugar 53.

Seis años después, no me lo voy a ahorrar, de la honestidad del PAN, del honestísimo PAN en el poder, el Gobierno de Vicente Fox deja a nuestro país en el lugar número 70.

Seis años después de las manos limpias del Gobierno de Calderón, nuestro país se encuentra en el lugar número 100.

A los ocho meses del Gobierno de Peña, nuestro país está en el lugar 107.

El 2016, estamos en el lugar 123; el 17 en el 124. Y el 18, el 2018, en el lugar 138, según cifras que salieron hace dos, tres, cuatro semanas.

Y si eso sucede en el país, tenemos que asumir que eso sucede en la Administración Pública, que eso refleja fundamentalmente los niveles de corrupción que hay en la Administración Pública; y, si eso sucede en la Administración, imagínese lo que sucede en los cuerpos de seguridad que están particularmente estigmatizados por los altos niveles de corrupción en la Administración.

Consecuentemente, tenemos que aplicarnos a combatir la corrupción.

Tenemos una ventaja en los cuerpos de seguridad. Dicen en los cuerpos de seguridad que no hay policías corruptos, que hay mandos corruptos.

Consecuentemente, si, como dice el Presidente López Obrador y, no es por presumirles, dice muy bien, si barremos las escaleras de arriba hacia abajo, podemos ser exitosos en el combate a la corrupción.

Si el Presidente no pide su parte, si el secretario no pide su entre, si el jefe, el mando no pide su moche, muy pronto vamos a reducir al mínimo los niveles de corrupción en los cuerpos de seguridad, y eso va a tener por sí solo una incidencia muy importante en los niveles de seguridad del país, porque eso significará que las policías, los policías no saldrán a asaltar al ciudadano para cumplir con la cuota que les ha sido impuesta históricamente.

Vamos a reclasificar la corrupción como delito grave, eliminar el fuero de funcionarios, proponer la Ley Federal de Combate a Conflictos de Interés, y fortalecer los mecanismos fiscalizadores, como la Secretaría de la Función Pública, la Asamblea Superior de la Federación y, por supuesto, la Unidad de Inteligencia Financiera.

Aquí vamos a crear la Guardia Financiera como un instrumento para mejorar la eficacia en el combate a la corrupción. No sólo a la corrupción, ahora hablare, también al crimen organizado, o lo adelanto, porque pretender combatir al crimen organizado, en el ámbito operativo, es una ilusión, es una fantasía; tenemos que combatir a las organizaciones criminales en su fortaleza económica, en sus finanzas, que es lo que les da capacidad para operar y es lo que les da capacidad para corromper y, a su vez, es lo que les da capacidad para sobrevivir.

He llegado yo a la conclusión de que no hay crimen organizado, y eventualmente en el mundo, que no avance de la mano de la protección policial.

Pero al mismo tiempo, no hay protección policial al crimen organizado que no vaya patrocinado o apadrinado por un alto político o por un alto funcionado. Eso se acabó. Como ha dicho también el Presidente López Obrador, es mocharle el copete a la corrupción.

El segundo punto de la estrategia es garantizar empleo, educación, salud y bienestar.

Si no tenemos capacidad como país para generar las oportunidades que demanda la sociedad, particularmente los jóvenes y particularmente oportunidades de sobrevivencia económica, no lograremos niveles adecuados de seguridad, así tengamos un policía en cada esquina.

Consecuentemente, tenemos que superar la vieja visión, vieja de hace dos, tres, cuatro o cinco sexenios, que basó la búsqueda de la seguridad en una estrategia basada exclusivamente en el recurso de la fuerza policial y militar.

No somos ingenuos, la fuerza policial y militar es un recurso legítimo del Estado, pero no es con mucho el recurso, es uno más de los recursos que tiene el Estado, y debe ser invariablemente el último. Antes está la necesidad de modificar esta visión, basada en el recurso de la fuerza, para cambiarla por una visión amplia que nos permita ir a atender las causas profundas de carácter político, económico, social, cultural, particularmente económicas, que generan la inseguridad.

No me detengo más en este tema, pero están ahí los programas de jóvenes, adultos mayores, becas, apoyo a discapacitados, etcétera, etcétera.

Punto número tres, que nos distinguirá, nos distingue ya de otros gobiernos, es el pleno respeto y promoción de los derechos humanos. No vamos a utilizar la fuerza pública para reprimir, ni vamos a resolver los conflictos sociales reprimiendo a la población o a los manifestantes.

Vamos a resolver esa problemática con trabajo político, con diálogo y con la respuesta correspondiente del Gobierno de la República a esas demandas sociales.

Aquí hemos insistido nosotros al proponer la creación de la Guardia Nacional, que uno de los ejes de su conformación será la capacitación, el conocimiento y la asimilación de una doctrina basada en el respeto y promoción de los derechos humanos.

Número 4, regeneración ética de la sociedad.

No sólo está el combate a la corrupción. Buena parte de las razones que explican la inseguridad en el país, en la pérdida de valores sociales y en esta regeneración ética de la sociedad que se sintetiza en la promoción de la Cartilla Moral encontraremos uno de los recursos muy importantes para avanzar exitosamente, eficazmente, en el combate a la inseguridad.La regeneración ética no sólo se refiere al ejercicio de un gobierno austero, honesto, transparente, incluyente, respetuoso de las libertades, sino también se refiere a la necesidad de remontar el grave deterioro del tejido social.

Número 5 de la Estrategia.

Vamos a reformular el combate a las drogas. La política prohibicionista ni ha logrado reducir los niveles de consumo de drogas, ahora no reguladas o prohibidas, ni ha logrado tampoco bajar los niveles de violencia.

Vamos a promover iniciativas para regular el consumo, particularmente el consumo lúdico y médico de la marihuana.

Vamos a acabar con la guerra contra las drogas por la vía de la represión y el uso de la fuerza policial y militar, para enfrentarlo como un problema de salud pública y mediante la regulación de algunas drogas.

Miren ustedes, nuestro país limita al norte, grosso modo, 3 mil 500 kilómetros de frontera, grosso modo, pero Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas en el mundo.

Se estima que hay 27 millones de consumidores habituales. Obviamente el problema del narcotráfico no lo vamos a resolver por la vía de la prohibición. Requerimos cambiar de enfoque.

Vamos a emprender la construcción de la paz como sexto punto.

México se ha convertido en un país de víctimas. Recientemente decía Alejandro Encinas que somos una gran fosa clandestina. Diariamente se encuentran fosas en todos lados del país y es claro, además, que no se ha hecho justicia a las víctimas de desaparecidos y los delitos correspondientes han quedado impunes.

Buscaremos la construcción de la paz y la reconciliación mediante la instalación de una Consejo para la Paz y la Reconciliación, que tendrá participación del Gobierno de la República, de la sociedad, de expertos, de organismos internacionales, de tal manera que se aboquen al estudio profundo del tema y se convierta en un instrumento de políticas públicas, para avanzar en el proceso de paz y reconciliación.

Porque una cosa es lograr reducir los niveles de violencia en el país y otra cosa muy distinta es pacificar al país. Cuando hablamos de paz, hablamos de un estado de tranquilidad estable y permanente y eso es lo que estamos buscando.

El punto número 7 es la recuperación y dignificación de los centros penitenciarios.

Diversos estudios establecen que el 50 por ciento del crimen organizado se administra desde los penales. En la mitad de ellos existe autogobierno y no es posible ni siquiera para las propias autoridades de los penales ingresar sin la autorización de los propios presos, que dominan o que gobiernan los penales.

Tenemos que impulsar, promover aquí readaptaciones hasta de carácter arquitectónico, que faciliten el cumplimiento, el respeto a los derechos humanos.

Porque, sin el respeto a los derechos humanos en los penales, lo que hacemos es convertirlos, como ahora sucede, en universidades del crimen.

Tiene que haber respeto a los derechos humanos para poder aspirar a una reinserción razonable de quienes han caído en la criminalidad; que las cárceles dejen de funcionar como espacios operativos de la delincuencia o escuela de criminales.

Y, finalmente, la parte más importante es el rubro de seguridad pública, seguridad nacional y paz.

Aquí nos hemos propuesto –lo voy a sintetizar, porque es un tema muy largo– hemos dividido al país en 266 regiones administrativas.

Estas regiones se escogieron, o se dividió así el país, sobre la base de algunas variables, la más importante es la poblacional, la de la incidencia delictiva y, también, razones geográficas que facilitan el agrupamiento geográfico de una serie de municipios en una región.

Cada una de estas regiones, va a tener un coordinador y cada región va a tener un estado de fuerza permanente.

Actualmente, si hay un problema en el norte, ahí va la policía, el Ejército y la Marina, a resolver el bomberazo, y luego ahí vienen de regreso porque en los lugares de donde fueron desplazados, se eleva la violencia, se eleva la criminalidad.

¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir un estado de fuerza permanente para cada una de estas 266 regiones.

Y aquí entro al planteamiento fundamental, que es el de la Guardia Nacional.

En este momento, no tenemos absolutamente ningún instrumento público, capaz de atender, por sí solo, el problema de la inseguridad en el país.

Echamos mano de la Policía Federal, pero nada más para que se den una idea.

Si nos moviéramos bajo los parámetros internacionales, tendríamos que hablar de 300 elementos, según la Guardia, por ejemplo, italiana, 300 elementos por cada 100 mil habitantes. Eso, estaríamos hablando de 320 mil elementos de una policía.

En el caso de Colombia, por ejemplo, que tiene grosso modo la mitad del territorio nacional, tiene la mitad de la población de México, y tiene la Policía Nacional 180 mil elementos.

La Policía Federal, tiene 37 mil, de ellos un tercio son administrativos, otro tercio, están en la prestación de servicios, y sólo un tercio, un poquito más, son operativos, que, si los dividimos en tres turnos, nos quedamos con 7 mil policías por turno, para cuidar un país de dos millones y pico de kilómetros cuadrados y de casi 130 millones de habitantes. Es absurdo.

Si nos fuéramos con el parámetro de la policía colombiana, tendríamos, requeriríamos una policía de 360 mil elementos. ¿Pero de dónde sacamos el dinero para pagar a 360 mil policías?

Y, por otro lado, tenemos un país que tiene un ejército de 214 mil elementos, y una Marina de 50 mil elementos, pero al mismo tiempo, tenemos un país que en 100 años no ha tenido un conflicto internacional y no es previsible que resolvamos por la vía militar un eventual conflicto con el norte, pues sería francamente absurdo.

Pero lo mismo sucede a la inversa, que no podríamos resolverlo por la fuerza tampoco con el sur, por las mismas razones, pero en sentido inverso de lo que sucede en el norte.

Consecuentemente, si somos un país de paz, que tiene problemas graves de inseguridad, pero no tiene conflictos internacionales, consecuentemente, la propuesta del presidente es replantear los objetivos de nuestras fuerzas armadas y convertirlos en ejércitos para la paz.

 Y, al hacer esto, aprovecharíamos parte de su capital humano, de sus instalaciones, de su experiencia, de su fortaleza institucional, para sumar sus elementos, lo más que se pueda, a la Guardia Nacional, hacer lo propio con elementos de la Marina y, por supuesto, sumar a la Guardia Nacional a toda la fuerza operativa de la Policía Federal.

Eso, más el reclutamiento de 50 mil nuevos elementos, podríamos tener en el transcurso de tres años, cuatro máximo, una fuerza suficientemente capacitada, de alrededor de 150 mil elementos, y entonces, podremos hablarnos al tú por tú con el crimen organizado.

Es, consecuentemente, imprescindible que esta Cámara recoja estos elementos, estos argumentos, los socialice y nos ayude a sensibilizar a integrantes, a senadoras, a senadores de otras fracciones, de tal manera que, conjuntamente, trabajemos en la construcción de una mayoría calificada, suficiente, para que apruebe, o le toque al Estado Mexicano, no al gobierno de López Obrador, al Estado Mexicano, de un instrumento adecuado para combatir eficazmente la inseguridad.

Y hasta aquí dejo mi participación, con el ánimo de dejar el mayor espacio posible, a sus preguntas.

Gracias.