Con su venia, señor presidente. Presento a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales dictamen al Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Nacionalidad Única.

Compañeras y compañeros senadores, esta reforma modificará nuestra Constitución y establecerá un mínimo principio de nacionalidad mexicana para tres responsabilidades: la Presidencia de la República, las gubernaturas de los estados y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La regla es clara: quien aspire a encabezar alguno de estos poderes ejecutivos, deberá ser mexicana o mexicano por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad. Si posee otra, deberá renunciar a ella antes de solicitar el registro de su candidatura. 

Desde 1997 nuestro modelo constitucional ha hecho compatibles dos principios: reconocer la doble nacionalidad y establecer reglas especiales para determinadas responsabilidades públicas. Ahora hay dos conceptos jurídicos que debemos tener presentes: nacionalidad y ciudadanía no son sinónimos. La nacionalidad expresa el vínculo jurídico político que relaciona a una persona con el Estado. Nada tiene que ver con raíces, cultura o identidad. Este es importante porque una parte de las críticas formuladas por la oposición contra esta reforma mezclan identidad, nacionalidad, ciudadanía y derechos políticos como si jurídicamente significaran exactamente lo mismo.

Ahora bien, México es un país profundamente marcado por la migración. Y desde Zacatecas la conocemos particularmente bien. Los migrantes con o sin doble nacionalidad son nuestra familia, historia y tradición. Sin embargo, una cosa es la relación histórica, cultural, económica y familiar de nuestros migrantes con México y otra es la condición jurídica que nuestra Constitución exige a quien decide aspirar a encabezar la gubernatura, la Jefatura de la Ciudad de México o la Presidencia de la República.

La reforma histórica de 1997 demuestra que ambas pueden coexistir. La misma reforma que protegió la nacionalidad de nuestros connacionales en el extranjero pero estableció salvaguardas constitucionales para determinar los cargos públicos. Ahora el PRIAN ha afirmado que la nacionalidad forma parte de la historia de una persona, y calificó la reforma como discriminatoria y contraria al derecho a la identidad. Esto es falso. Que la nacionalidad pueda integrar la dimensión jurídica de la identidad de una persona no significa que identidad y nacionalidad sean exactamente lo mismo ni que de ello se desprenda automáticamente la imposibilidad constitucional de establecer requisitos de nacionalidad para determinadas funciones públicas.

La identidad comprende historia personal, familia, origen, cultura y vínculos sociales y de pertenencia. La nacionalidad es además un vínculo jurídico político con un Estado. Renunciar jurídicamente a una nacionalidad extranjera no cambia dónde nació una persona, quiénes son sus padres, cuál es su historia familiar o cuáles son sus raíces culturales. Por eso, hay que discutir la reforma en el terreno jurídico correcto. Es el requisito de legibilidad para un cargo del máximo interés nacional, no la supresión de la historia personal de quien aspira a ocuparlo.

Voy a precisarlo: la existencia de otra nacionalidad puede generar derechos, obligaciones, participación política y protección diplomática frente a otro Estado. Compañeras y compañeros senadores, México ha discutido la relación entre nacionalidad y ejercicio del poder público desde el origen mismo de nuestra Constitución. Sabemos que todo mexicano con gusto asume los requisitos constitucionales para ocupar una responsabilidad pública de la más alta representación social. Precisamente por respeto a esa historia debemos discutir este dictamen que elaboramos en la Comisión de Puntos Constitucionales con precisión y con altura de miras.

Compañeras y compañeros senadores, hoy es un día importante porque hoy protegemos nuestra soberanía nacional ante cualquier injerencia. Desde un espacio como las gubernaturas, la Jefatura de la Ciudad de México y la Presidencia de la República. Todos debemos tener lealtad a nuestra patria, a nuestro país, a nuestros ciudadanos.

Es cuanto, ciudadano presidente.