• Presentará el senador reformas a Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias.
• Se aspira a una justicia feminista que garantice derechos y libertades de mujeres y niñas: Martha Lucía Micher.
• Hay que combatir la corrupción ministerial, judicial y policial que genera halos de impunidad en torno a este tipo de personajes: Santiago Nieto.

El senador Julio Ramón Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia, presentará una iniciativa para modificar la Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, a fin de brindar una posibilidad alternativa a la formalidad de los tribunales locales y federales.

Lo anterior lo anunció en el marco del Primer Encuentro Digital “Desafíos de la Justicia Mexicana”, organizado por el Senado de la República, cuyos participantes abordaron temas como combate a la impunidad, modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, medios alternativos para la solución de conflictos, el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el sistema de justicia, así como la necesidad de juzgar con perspectiva de género.

La reforma del senador plantea que a través de la mediación y la conciliación se puedan arreglar un enorme cúmulo de conflictos. “Aquellos problemas que pudieran surgir dentro del ámbito público y de la administración de justicia, van a poder tener un cauce mucho más efectivo”, explicó.

Menchaca Salazar precisó que la propuesta articula y estandariza distintas prácticas que se dan en las entidades federativas. Sin embargo, puntualizó que aún no está terminada y para ello, la Comisión llevará a cabo un ejercicio de Parlamento Abierto, para que todas las partes interesadas sigan aportando.

Involucrar a todos para mejorar la calidad de la justicia

Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, indicó que México enfrenta tres grandes amenazas: la delincuencia organizada; el alto nivel de recursos ilícitos generados en el país; y la corrupción.

El funcionario señaló que el combate a estos grandes problemas debe realizarse desde una perspectiva integral, es decir, detener el avance de los líderes delincuenciales, pero también es necesario combatir la corrupción política de los grupos que le dan cobijo a los criminales. “Hay que combatir la corrupción ministerial, judicial y policial que genera halos de impunidad en torno a este tipo de personajes”, apuntó.

Asimismo, agregó que debemos avanzar en dos temas centrales: el combate a la base social de los grupos criminales; y el combate a sus estructuras financieras. Detalló que para detener el flujo de efectivo y detener sus operaciones, lo más relevante para la UIF es establecer mecanismos que permitan combatir los movimientos transfronterizos, es decir, la corrupción en las aduanas.

Nieto Castillo destacó que en este encuentro existe la voluntad política para mejorar el sistema de procuración y de impartición de justicia, asimismo, recordó que la política de Estado debe incluir la prevención del delito, la seguridad, la procuración de justicia, la impartición y la ejecución de penas. Esta política debe involucrar a todos los poderes, órganos autónomos y la ciudadanía para mejorar la calidad de la justicia en nuestro país, sentenció.

Reforma al Código Penal para combatir impunidad

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, volvió a presentar una serie de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objetivo que en los estados de la República se pueda enfrentar la impunidad y terminar con “esa percepción social de que, a veces, las autoridades están coludidas con los delincuentes”.

A nombre de las gobernadoras y gobernadores del país, precisó que se busca fortalecer el Sistema Penal Acusatorio y reforzar la posición de las víctimas en los procesos penales. México se ha convertido en un país de víctimas, pero ellas han sido siempre los sujetos olvidados, por lo que hay aspectos que se pueden reformar para considerar aún más sus intereses.

Sugirió dar mayores elementos al Ministerio Público para realizar investigaciones eficientes, extender las posibilidades de aplicación de instrumentos procesales para ampliar la persecución penal, aumentar los derechos de las víctimas, en especial, de niñas niños y mujeres, dar certeza a la población y garantizar el derecho a la presunción de inocencia, así como acabar con figuras que retrasan los procesos.

Aseveró que las y los gobernadores tienen un compromiso con la población. Estamos claros que los más importante es recuperar las calles para las familias mexicanas y enfrentar la impunidad, subrayó.

Eliminar estereotipos de género en la impartición de justicia

La senadora Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, manifestó que desde la Cuarta Transformación se aspira a una justicia feminista que establezca un marco jurídico que garantice derechos y libertades de mujeres y niñas en el país.

Expuso que la utilización de estereotipos de género en el sistema judicial pone a la mujer en situación de desventaja, por lo que es urgente eliminarlos y asegurar el acceso pleno a la justicia a mujeres y niñas.

Por su parte el diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados, expresó que la realización de este foro es una muestra por avanzar hacia una auténtica reforma al sistema de justicia, en beneficio de todas y todos los mexicanos; por ello, dijo, cuentan con todo el apoyo de la Cámara para cristalizar las reformas necesarias, que consoliden un modelo de justicia en el gobierno de la Cuarta Transformación.

Justicia a distancia y presupuesto para judicaturas locales

El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, Rafael Guerra Álvarez, manifestó estar listos para sumarse a la reforma en materia de justicia, al mismo tiempo que dijo estar de acuerdo con la propuesta de reforma de la Secretaria de Gobernación para lograr la pacificación del país.

Consideró que se requieren instituciones de justicia transparentes y juzgadores con capacidad para dictar soluciones prontas y apegadas al mandato de la Constitución y de las leyes. Dijo que es necesario reorientar el presupuesto para garantizar la autonomía de las judicaturas locales, incluyendo una cláusula constitucional que asegure un porcentaje mínimo y transparencia en la información de los juzgadores.

Resaltó la implementación de los juicios orales, ya que permiten garantizar el acceso a la justicia a distancia, sin poner en riesgo la salud de las personas, precisamente en este momento que estamos viviendo, y aprovechando las tecnologías de la información.

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