Senador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia: Esta comparecencia se transmite a través del canal de televisión del Congreso de la Unión y por lo tanto saludamos a todos quienes siguen esta reunión de trabajo.
La de hoy es una comparecencia a invitación de la presidencia de la Comisión de Justicia del Senado de la República en el marco del proceso de dictamen sobre el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2030.
El objetivo que tenemos es que la fiscal realice una presentación del plan a las y los senadores integrantes de la comisión, quienes habremos de discutir y luego aprobar el proyecto de dictamen que con antelación les ha sido circulado.
Cuando propusimos convocar esta reunión, encontramos una absoluta disposición de la fiscal Ernestina Godoy, quien dijo tal cual: si me invitan, con mucho gusto voy, y explico los trazos generales del plan.
Y para nosotros es muy importante que así haya sucedido, porque quienes tuvimos la oportunidad de asistir a la presentación pública del plan, el 17 de abril pasado, pues nos dimos cuenta, no solamente de un plan técnicamente muy bien elaborado, a partir de un diagnóstico muy franco, diría yo, muy realista, sino también con definiciones muy importantes en términos de rediseño, de reingeniería e incluso de un cambio sustancial en el modelo de visión social de la Procuración de Justicia en México.
Y realmente quienes hemos tenido la oportunidad de abrevar en el documento, pues hemos tenido la confirmación de los distintos ejes, no solamente del nuevo modelo de investigación e inteligencia que se ha planteado, sino una definición social y, por supuesto, técnica jurídica de colocar a las víctimas en el centro de la atención y de la acción de la Fiscalía General de la República.
Considerando las actividades de la fiscal general, la dinámica de la reunión será la presentación por parte de la fiscal hasta por 20 minutos de las líneas generales de este Plan Estratégico de Procuración de Justicia, y posteriormente habrá intervenciones de las y los compañeros senadores por cada uno de los grupos parlamentarios que tienen representación en la Comisión de Justicia hasta por cinco minutos.
Y finalmente la fiscal general tendrá otros 15 minutos para dar una visión general con relación a las participaciones de los y las senadoras de la República.
Al concluir la comparecencia, nosotros continuaremos, me refiero a los miembros de la comisión, quienes hemos sido convocados para tener una reunión extraordinaria y abordar dos proyectos de dictamen, entre ellos, por supuesto, el de la aprobación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2030, conforme lo mandata la ley y, por supuesto, el reglamento del Senado de la República.
Aprovecho para dar la más cordial bienvenida a todos y cada uno de las fiscales y los fiscales que encabezan el Gabinete de la Fiscalía General de la República.
Están aquí con nosotros las y los nueve fiscales, así como los nueve titulares de los distintos órganos especializados de la Fiscalía General de la República, a quienes les damos la cordial bienvenida, les agradecemos mucho su presencia.
Sin más, pues tiene la palabra la Fiscal General de la República, la licenciada Ernestina Godoy Ramos.
Bienvenida al Senado de la República.
Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos: Muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto estar aquí esta mañana. Aquí estuvimos un ratito y siempre los extraño, pero siempre los veo como están trabajando.
Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a todas y a todos.
Distinguidas senadoras y senadores, integrantes de la Comisión de Justicia, así como a todas las demás senadoras y senadores que se encuentran aquí reunidos.
Me presento a esta mesa de trabajo con el mandato constitucional que me han otorgado al nombrarme Fiscal General en cumplimiento del artículo 88 de la ley de la Fiscalía General de la República para comentar con ustedes de manera general el Plan Estratégico de Procuración de Justicia,entregado a este Senado el pasado 16 de abril.
Cuando tomé protesta como Fiscal General, me comprometí a realizar acciones puntuales para mejorar la calidad de la procuración de justicia, asumí el compromiso de transformar la Fiscalía en una institución con valores humanistas, transparente, eficiente, y honorable, que no dé cabida a la impunidad y a la corrupción.
Es importante reconocer que nos encontramos en un momento histórico, contamos con un nuevo marco constitucional y legal en materia de seguridad pública, un entramado normativo capaz de anticipar, desarticular, y combatir estructuras delictivas.
Una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación y un Congreso de la Unión sensible a las necesidades de contar con un esquema normativo adecuado a la realidad nacional.
En el conjunto de este marco jurídico se concreta la visión consensuada de patria que queremos, el rumbo hacia donde debemos caminar para hacer realidad la nación que prioriza el bienestar social, la honestidad y la justicia.
Mi reconocimiento para el Senado, para todos y cada uno de ustedes. Sin el trabajo de cada uno, esto no habría sido posible, muchas gracias.
Me resulta particularmente significativo el hecho de que hoy nos encontremos en el Salón Ifigenia Martínez, admirada por su vida y reconocida porque su lucha fue fundamental para que los cambios democráticos en nuestro país sean hoy una realidad.
Durante años los gobiernos neoliberales se dedicaron a atender los delitos con un enfoque punitivo y a hacer uso político de la Procuración de Justicia.
Se criminalizó la protesta social y a los oponentes políticos, esa era la regla de actuación de las fiscalías antes procuradurías.
Nuestra visión progresista de la política criminal es humanista, por lo que tiene alcances que van más allá de sólo centrarse en los efectos de la criminalidad.
También mira las causas del fenómeno criminal y pone valores sociales y éticos como parte de la persecución de los delitos.
Antepone también la garantía de los derechos humanos como un principio fundamental.
Con esta visión, en el plan estratégico que hemos entregado, proponemos pasar de la inercia a la acción, de la fragmentación a la inteligencia y de un modelo de tramitación masiva y reactiva hacia una gestión diferenciada por complejidad, la priorización de fenómenos criminales y una persecución penal estratégica.
Dejamos atrás el trabajo aislado y se fomenta la coordinación entre las instituciones, establece el trabajo en equipo multidisciplinario como herramienta más para la procuración de justicia y propone una transformación de procesos junto con el desarrollo de protocolos de actuación homologados para la investigación.
El plan es un instrumento para mejorar la calidad de la justicia en México y se articula a través de diez ejes de acción.
El primer eje trata de la reestructura institucional como una estrategia de fortalecimiento orientada a optimizar procesos, clarificar competencias, erradicar duplicidades, definir responsabilidades y fortalecer los mecanismos de coordinación interna.
Consolidaremos una estructura funcional capaz de responder con eficacia ante los fenómenos delictivos, complejos y dinámicos.
Esto requiere una institución ágil, capaz de adaptarse y de articular estratégicamente a todas sus áreas, por ello es necesario alinear la estructura orgánica, ejecutar cambios estructurales y operativos, fortalecer las áreas estratégicas de la fiscalía, racionalizar las áreas administrativas, fortalecer las tareas de planeación y evaluación, redirigir de manera prioritaria recursos humanos y financieros hacia las áreas de investigación y persecución penal.
Estamos ordenando el presupuesto para fortalecer el trabajo operativo, menos carga presupuestal administrativa y más para la labor sustantiva.
Tendremos una administración eficiente, responsable y con un ejercicio transparente del presupuesto, sin corrupción, sin privilegios y con resultados, sólo así podremos recuperar la confianza de la gente. La fiscalía nunca fomentará ni mantendrá a ninguna burocracia dorada.
La reestructuración asume la igualdad sustantiva y la paridad de género como un cumplimiento normativo formal, como principio ineludible para la modernización institucional.
Esta premisa exige la revisión y actualización constante de las prácticas internas para desmantelar barreras estructurales que históricamente han limitado la participación plena de las mujeres.
Para alcanzar las metas institucionales es imperativo contar con un equipo humano capacitado y certificado en procesos de alta especialidad.
Para fortalecer el servicio profesional de carrera, hemos creado el órgano de desarrollo institucional y servicio profesional de carrera, responsable de garantizar procesos que garanticen el desempeño óptimo del personal sustantivo, con reglas claras para los procedimientos de ingreso, permanencia, ascenso y separación, así como un sistema transparente de estímulos y recompensas.
El servicio profesional de carrera parte de un andamiaje normativo y estructural para fomentar un profundo sentido de pertenencia y apego institucional.
El desarrollo de una trayectoria profesional con incentivos para la formación continua, alta especialización y posgrados, y sobre todo también la estabilidad laboral.
Para definir una oferta académica pertinente, así como para formar a las nuevas generaciones, contamos además con el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Así, el peso de la persecución penal y la procuración de justicia recaerán en personal más ético, especializado y capaz de responder a las exigencias de la sociedad.
El plan aborda la coordinación como condición indispensable para garantizar el acceso a la justicia, abatir la impunidad y consolidar la paz pública.
La Fiscalía debe implementar mecanismos de coordinación que permitan investigaciones transversales, la ejecución de técnicas de investigación complejas, la neutralización de generadores de violencia y objetivos prioritarios, en estrecha cooperación con los tres órdenes de gobierno. Todo ello para asegurar que la coordinación se traduzca en las carpetas que sean sólidas y que se conduzca a condenas ejemplares.
Como integrante del Gabinete Federal de Seguridad, la Fiscalía coadyuva para garantizar que los despliegues tácticos con participación directa de células de la Policía Federal Ministerial culminen en investigaciones jurídicamente impecables.
Mantener una vinculación permanente a través de la Agencia de Investigación Criminal, con las unidades de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Guardia Nacional, de la Marina, y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Mención especial es la coordinación que tenemos con las policías estatales y municipales para articular esfuerzos y resolver necesidades operativas.
Como integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Fiscalía participa en la revisión integral de los acuerdos del propio Consejo, con el propósito de definir prioridades, alinear su cumplimiento con los nuevos objetivos estratégicos, y asegurar su impacto en la reducción de la incidencia delictiva.
Como institución encargada de presidir la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Fiscalía materializará la coordinación con las fiscalías y procuradurías estatales a través de sus cinco zonas regionales.
La Fiscalía, a través de sus representaciones federales en las entidades, mantendrá comunicación permanente con las mesas de paz. El objetivo es coadyuvar en la implementación de las políticas del Consejo Nacional e impulsar acciones conjuntas para la investigación de delitos federales de alto impacto, operando desde una visión de Estado compartida.
Ante fenómenos delictivos complejos que sobrepasan la competencia territorial, la Fiscalía desplegará a sus fiscalías especializadas, unidades operativas de la Policía Federal Ministerial y la Agencia de Investigación Criminal para intervenir de manera temprana.
Adicionalmente, las mesas interinstitucionales de trabajo fungirán como la herramienta clave para el intercambio de información y la agilización de toma de decisiones.
Al reunir a fuerzas de seguridad, agencias de inteligencia y fiscalía, se consolida un frente único que respeta la conducción jurídica exclusiva del agente del Ministerio Público Federal.
Reitero mi plena convicción de colaborar con los tres órganos de gobierno, sin importar los colores partidistas, ni interés político alguno. La autonomía se fortalece con coordinación, con autonomía, pero sobre todo con visión de Estado.
Las 32 fiscalías federales en las entidades federativas representan la capacidad de despliegue y presencia permanente que esta institución tiene en todo el país. El control regional es la columna vertebral de la fiscalía.
Debo decirles que concentra más del noventa por ciento de las carpetas de investigación, los procesos, y los juicios.Fortalecer sus capacidades operativas resulta, pues, estratégico, porque nos permite mostrar al país el nuevo rostro humanista de la Procuración de Justicia Federal.
Las fiscalías federales, las sedes y subsedes en todas las entidades federativas y sus regiones enfrentan en primera fila a la delincuencia, reciben diariamente las denuncias por delitos federales, las puestas a disposición de presuntos delincuentes, y lo más importante, escuchan y responden a las víctimas en todo el país.
Desde que asumí el alto honor de desempeñar este encargo, he recorrido hasta ahorita casi la mitad de las fiscalías federales.
He podido reunirme con las personas servidoras públicas que entregan su trabajo en las oficinas de todas las fiscalías, agentes del Ministerio Público, auxiliares ministeriales, peritos, analistas, facilitadores, y policías que trabajan con un gran profesionalismo y un fuerte compromiso institucional.
Nunca más habrá una Fiscalía Federal lejana, ausente o insensible a las necesidades de justicia del pueblo de México.
Debemos aprovechar nuestros conocimientos para estrechar la coordinación y la colaboración con las fiscalías de los estados y con las instituciones de seguridad pública en general.
Actualizar y aplicar protocolos especializados de investigación, adoptar un enfoque de actuación ministerial centrado en el combate de los delitos prioritarios y de alto impacto.
La presencia de la fiscalía en los estados debe sentirse y reconocerse. Para lograrlo, nos hemos propuesto diseñar nuevas áreas de atención social y supervisión de procesos encaminados a mejorar la calidad de la procuración de justicia a partir de elevar la efectividad y los resultados de las investigaciones. Aprovechar la inteligencia para detener, procesar, y sancionar a quienes violen nuestros derechos y libertades.
En la fiscalía converge un componente muy importante de la gobernabilidad del país, lo que nos convoca a actuar sin pretextos para poner al servicio del pueblo de México las herramientas institucionales de la procuración de justicia.
Por eso, el nuevo modelo de investigación e inteligencia está cimentado en la ciencia, en la tecnología, y el análisis estratégico como herramientas indispensables para conformar carpetas de investigación con una solidez probatoria que permitan al ministerio público lograr vinculaciones y a los jueces dictar sentencias condenatorias ejemplares sustentadas en peritajes de alto rigor científico y en pruebas suficientes e irrefutables.
El modelo trasciende la persecución de los autores y partícipes del delito para enfocarse en la investigación de las rutas del dinero y las estructuras criminales de alto nivel.
Estas herramientas nos permitirán generar insumos para la toma de decisiones, la desarticulación de organizaciones complejas dedicadas a delitos de alto impacto, abandonar la inercia de la tramitación tradicional, caso por caso, para adoptar un modelo de investigación integral, transversal y multidisciplinario.
La fluidez del intercambio de información oportuna de manera estratégica y en el desarrollo de recursos tecnológicos compartidos con, entre, y para las instituciones del Estado mexicano y la acción del Estado escale hacia el combate de la macro criminalidad y el desmantelamiento de los esquemas financieros ilícitos.
Para el desarrollo de las acciones del modelo la fiscalía cuenta con una Agencia de Investigación Criminal que además tiene un Centro Federal de Investigación Criminal y la Oficina Nacional de Mercados Criminales, pero además tenemos la relación con el CNI y con la Unidad de Inteligencia Financiera.
Estamos empeñados en la incorporación de la inteligencia como prueba judicial bajo tres premisas: la obtención legal de la información, el rigor metodológico y la validez probatoria del análisis, y el aprovechamiento de la información con respeto irrestricto al debido proceso y a los derechos humanos.
En cumplimiento de su mandato legal la Fiscalía asume la responsabilidad de diseñar, construir, y administrar un sistema informático nacional interoperable consolidándose como la plataforma tecnológica de mayor relevancia en la procuración de justicia del Estado mexicano.
Este ecosistema será alimentado de manera obligatoria por las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas con el propósito de concentrar y compartir información en tiempo real.
Erradicar la fragmentación de la información constituye un pilar de este plan estratégico. Para la investigación de delitos de recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero se consolida el uso de metodologías de inteligencia.
Se rastrearán e intervendrán flujos del capital mediante el análisis táctico de variables criminales socioeconómicas y financieras en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera.
El Estado mexicano mantiene una deuda histórica con los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad de la sociedad, misma que este plan estratégico asume como prioridad máxima.
Se reconoce que figuras delictivas como el feminicidio, la desaparición de personas y la extorsión requieren mucho más que una respuesta penal ortodoxa, exige una intervención multidisciplinaria e integral.
En cuanto a la estrategia nacional de atención a la violencia contra nosotras las mujeres, la perspectiva de género se convierte en una herramienta metodológica y procedimental obligatoria.
Las fiscalías tienen el deber inexcusable de integrar el género como factor criminológico y la aplicación de protocolos y modelos de actuación estandarizados.
El feminicidio, conceptualizado como la manifestación más extrema de la violencia de género, tiene un impacto estructural profundo. La erradicación de la violencia sistémica contra las mujeres exige una reingeniería en las metodologías de persecución penal.
Si bien la persecución penal del feminicidio recae en el ámbito de competencia de las autoridades del fuero común, la Fiscalía General asume una postura de corresponsabilidad activa, pone a disposición de las fiscalías y procuradurías estatales su capacidad institucional, técnica, científica, y de inteligencia para la investigación.
Impulsará la celebración de convenios y mecanismos de colaboración ágiles que permitan a esta institución actuar como el soporte científico de apoyo a las instituciones de procuración de justicia cuando así lo requieren.
La incorporación de la perspectiva de género es una obligación para la totalidad de las fiscalías de la propia institución a través de la investigación estratégica, contextual, y multidisciplinaria.
La entrada en vigor de la Ley General para prevenir, investigar, y sancionar los delitos en materia de extorsión,dota al Estado de un marco normativo contundente, homologando, entre otras cosas, el tipo penal básico, pero también se homologan los protocolos de actuación.
El combate a la extorsión no admite esfuerzos fragmentados. La colaboración simétrica es el único medio para llegarse de los elementos probatorios necesarios para investigar, prevenir, y sancionar este ilícito con el máximo rigor de la ley.
Nos sumamos decididamente como Fiscalía a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, de manera que el nivel de atención a este delito escalará de manera inmediata a prioridad máxima cuando se incremente la vulnerabilidad de la víctima o la violencia del ilícito.
Este protocolo de máxima alerta se activará de facto cuando se involucre a personas migrantes, menores de edad, mujeres, adultos mayores, cuando se ejerza fuerza física o uso de armas, o cuando el sujeto activo se ostente como integrante de un grupo de la delincuencia organizada.
En cuanto a la entrada en vigor de la reforma a la ley general en materia de desaparición forzada de personas… Se potencializan las capacidades de las autoridades federales y locales para una pronta y adecuada búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas con la aplicación de un enfoque transversal y de derechos humanos.
La desaparición de personas es una de las expresiones más dolorosas y complejas de la violencia, lastima profundamente el tejido social, vulnera los derechos fundamentales de las víctimas y coloca a las familias en dolorosa incertidumbre, así como en una búsqueda permanente de verdad y justicia, lo que representa una deuda histórica que ya estamos atendiendo.
En este sentido, la fiscalía tiene acciones muy importantes que realizar. El fortalecimiento de las fiscalías especializadas, la transformación del modelo de investigación, actualización del protocolo homologado de investigación que contempla la participación de colectivos de familiares con un enfoque humanitario.
El fortalecimiento del sistema forense que contempla la implementación y fortalecimiento de los registros nacionales forenses, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, la capacitación en identificación y tratamiento forense, las jornadas que estaremos haciendo de tomas de muestras genéticas y un diagnóstico nacional de capacidades forenses en todo el país.
Con estas acciones, reiteramos el compromiso de continuar fortaleciendo nuestras capacidades institucionales y atender de manera puntual las preocupaciones de las víctimas. La investigación y procuración de justicia en casos de desaparición de personas es una prioridad del Estado mexicano.
Los procesos de construcción de la paz exigen transitar de un modelo de procuración punitivo hacia uno con profundo sentido social. Esto implica colocar a la víctima en el centro de nuestra actuación institucional.
Asumimos en la fiscalía que el fin de la investigación no es únicamente la sanción, sino garantizar la reparación material e integral del daño, el respeto absoluto a la dignidad humana y el derecho a la verdad y a la no repetición, por lo que el contacto con el Ministerio Público debe ser un proceso de restitución de derechos.
En cada actuación ministerial se ejecutarán con direcciones estratégicas, primero protección integral y enfoque diferenciado, erradicación de la revictimización institucional y atención psicosocial y asesoría continua.
A través del órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias, la justicia restaurativa ha pasado de ser un recurso procedimental a una realidad de alto impacto.
Los acuerdos reparatorios derivados de los mecanismos alternativos ofrecen una opción eficaz y menos desgastante para las víctimas, ya que priorizan la atención integral del conflicto y la reparación del daño, restituyen derechos y aportan a la construcción de la paz.
Estamos planteando para ello tres ejes: la derivación oportuna de casos desde etapas temprana para evitar procesos largos y revictimizantes, la profesionalización y supervisión de personas facilitadoras, la promoción de una cultura de paz que trascienda lo institucional y llegue a la comunidad.
Quiero decirles como una conclusión que nunca como ahora tenemos la gran oportunidad histórica que nos da. Primero, el trabajo que han hecho ustedes como senadores, como congresos de darnos un marco jurídico, de dotarnos de un marco jurídico donde se dice qué hacer, cómo hacer y cuáles son los límites con los que tenemos que actuar.
Nunca como ahora tenemos la oportunidad de tener una coordinación en todos los niveles de gobierno con un marco jurídico adecuado, y nunca como ahora estamos muchos y muchas de nosotros en lugares en donde sabemos todo lo que costó llegar aquí, sabemos de dónde venimos, lo que nos hace saber a dónde vamos y, sobre todo, para qué llegamos.
Entonces, es no perder ni un minuto, ni un minuto de nuestro tiempo, de nuestro trabajo para avanzar en dar paz a nuestro país y, en el último de los casos, darle felicidad a nuestro pueblo.
Muchísimas gracias.
