Esta tarde, los senadores Javier Corral Jurado y Enrique Inzunza Cázares, presidentes de las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, respectivamente, ofrecieron una conferencia de prensa para explicar a fondo los alcances del dictamen aprobado en comisiones, por el cual se reforman la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como los artículos 11 Bis y 400 Bis del Código Penal Federal. Acompañados por el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien promovió reservas, los legisladores destacaron que esta reforma “fortalece el combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo desde una perspectiva preventiva-administrativa”, sin alterar la competencia exclusiva del Ministerio Público en la persecución penal de los delitos en esta materia.

“Esta es una ley de prevención e identificación. No es una ley penal. Lo que hace es fortalecer capacidades, imponer obligaciones a quienes realizan actividades vulnerables y afianzar la coordinación interinstitucional para detectar operaciones sospechosas”, afirmó el senador Javier Corral en conferencia de prensa.

Rechazó enfáticamente la interpretación difundida por una senadora de oposición respecto al artículo 6 de la ley: “Es falso que se otorguen nuevas facultades penales a la Guardia Nacional. Lo que se establece es una coordinación para fines preventivos, no de persecución penal”, subrayó ante los medios de comunicación.

Durante su intervención, el senador Corral explicó que esta reforma legislativa no responde a intereses inmediatos ni a presiones externas: “La iniciativa fue presentada desde octubre de 2023, mucho antes del actual contexto electoral en Estados Unidos. Recoge recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) derivadas de su evaluación a México desde 2018”, puntualizó.

Aclaró que el dictamen no imita a ninguna legislación extranjera: “Nos adelantamos incluso a Estados Unidos. Ellos tienen una legislación laxa en actividades vulnerables no financieras. México hoy se coloca con una de las leyes más avanzadas en estándares internacionales”, expresó.

El senador Enrique Inzunza Cázares, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, detalló los avances sustanciales del dictamen:

• Se incorporan nuevas actividades vulnerables como los desarrollos inmobiliarios, la compraventa de activos virtuales (criptomonedas) y los fideicomisos.
• Se refuerza la obligación de reportar beneficiarios finales en todas las operaciones relevantes.
• Se amplía la definición de “relación de negocios” y se introduce la obligación de documentar la identidad de los actores involucrados.
• Se habilita la presentación electrónica de avisos, lo cual agiliza la supervisión y reduce cargas administrativas.
• Se establece la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda sea reconocida como víctima en procesos penales derivados de operaciones ilícitas.

“Con esta actualización, se dota al Estado de herramientas más eficaces para la identificación, prevención y combate al lavado de dinero. Es un instrumento técnico, no un arma política”, enfatizó Inzunza.

Ante preguntas de la prensa sobre la condición jurídica en la materia, para sindicatos y partidos políticos, el senador Corral indicó: “No quedan fuera. Siguen siendo sujetos obligados a informar, conforme al artículo 51 Bis. Lo que se eliminó fue una definición general de organizaciones sin fines de lucro para evitar confusiones jurídicas. Pero los partidos y sindicatos deben seguir rindiendo cuentas”, explicó.

Negó que la ley permita congelar cuentas por sospechas: “No hay un solo artículo que diga eso. Las afirmaciones de persecución o espionaje financiero son una falacia. Esta ley tiene umbrales claros, objetivos concretos y mecanismos limitados al ámbito preventivo y administrativo”, sostuvo.

Una de las aclaraciones más importantes de la conferencia fue sobre la supuesta inclusión de la Guardia Nacional con facultades para investigar delitos. Corral desmintió: “Lo que dice el dictamen es que la Secretaría de Hacienda podrá coordinarse con la Guardia Nacional para fines preventivos y administrativos. No se otorgan facultades penales ni se rompen controles judiciales”.

El senador Inzunza complementó esta explicación citando el artículo 21 constitucional reformado en diciembre de 2024, que establece claramente que la investigación de delitos sigue siendo facultad exclusiva del Ministerio Público, con el apoyo de cuerpos de seguridad bajo su conducción.

Al ser cuestionados sobre la posibilidad de rastrear delitos como la extorsión o el cobro de piso, el senador Inzunza explicó que cuando los recursos obtenidos de manera ilícita ingresan al sistema financiero, sí pueden ser detectados por los mecanismos de esta ley: “El dictamen refuerza precisamente el seguimiento de esos flujos, incluyendo nuevas actividades vulnerables como desarrollos inmobiliarios, que han sido usados como canales de blanqueo de dinero”, señaló.

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara propuso una reserva que recogió el planteamiento de más de 50 organizaciones de la sociedad civil, y permitió modificar el tratamiento normativo a organizaciones sin fines de lucro, escuchando su preocupación por evitar generalizaciones regulatorias.

Una segunda reserva consistió en eliminar umbrales económicos diferenciados para notarios y corredores públicos, a fin de evitar condiciones desiguales para quienes realizan funciones equivalentes en el ámbito de operaciones patrimoniales.

Ley de Telecomunicaciones: avanza la reformulación del dictamen

En otro tema, el senador Corral informó que ya trabajan en una nueva versión del dictamen de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, incorporando observaciones de los conversatorios: “Estamos haciendo un nuevo dictamen más armónico. Si se convoca al periodo extraordinario, estaremos listos para presentarlo. Estamos trabajando intensamente con las comisiones dictaminadoras”, confirmó.