Compañeras senadoras y compañeros senadores, quiero en primer lugar agradecer a los presidentes de las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos el privilegio de presentar a nombre del trabajo de las comisiones unidas el presente dictamen de la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 

Tengo la suerte de haber participado en las reformas más importantes en materia de telecomunicaciones y radiodifusión del país de los últimos tiempos.

En esta nueva oportunidad de legislar me he acompañado una vez más de la generosa ayuda de quienes han dedicado una vida a esta lucha y a quienes quiero empezar mi intervención agradeciendo su tiempo, sus ideas, su creatividad y compromiso, ustedes saben quiénes son. 

Quiero empezar por una afirmación categórica. Esta legislatura entregará al país una mejor ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, dando prueba de la importancia de escuchar al otro y sin prejuicio de revisar el trabajo ante inquietudes legítimas.

El proceso nos ha aleccionado a todos y a todas que hacer una pausa y volver a arrastrar el lápiz es válido cuando alcanzar los objetivos es la meta. Señalé al inicio de este proceso de reconfiguración de la iniciativa original que la empatía y la sensibilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum para ampliar el análisis y corregir aquello que debiera corregirse no sólo fue fundamental, sino daba muestra de su voluntad política y de su compromiso irrestricto con las libertades de información y de expresión. En esa voluntad política me reconozco y desde entonces como ahora, lo he celebrado.

Este nuevo marco legal es resultado también de las 89 voces ciudadanas que participaron en los cinco conversatorios con este Senado. Agradezco a los participantes la confianza en este proceso y estoy seguro de que la mayoría verá reflejadas sus propuestas en esta ley. 

La norma transforma anhelos en nuevas reglas que permitirán estar más cerca de hacer posible el añejo propósito de encontrarle a estos sectores la cuadratura al círculo, como la historia registró cuando en México se incorporó por primera vez a la Constitución la obligación del Estado para garantizar el derecho a la información.

En materia de radiodifusión, la ley impulsa como ninguna otra legislación anterior lo ha hecho a los medios sin fines de lucro, sociales, comunitarios, indígenas y afromexicanos, atajando fenómenos de simulación y también dándoles una viabilidad financiera y económica que equilibre el modelo mercantil y comercial que ha imperado por largas décadas. 

Soy un convencido de que esas voces diversas y locales del México profundo pueden ser las principales aliadas en la lucha por las causas de la Cuarta Transformación y que este movimiento se ha propuesto atender. Y frente a las amenazas mundiales pueden también convertirse en el mejor instrumento para reforzar nuestra cultura e identidad nacionales.

La cercanía y confianza que han construido con sus audiencias les dota de una legitimidad natural que les permite poder incidir y reorientar el cauce que en ocasiones algunos jóvenes emprenden en muchas de estas regiones y redireccionar hábitos y costumbres que dañan a su salud o al planeta. 

Destaco que se incorpora en esta norma nuevos mecanismos de financiamiento a los medios sin fines de lucro, porque esta apertura de posibilidades les brindará opciones para una sostenibilidad financiera sin desorientar sus fines. Se incorpora la venta de publicidad de productos, bienes o servicios locales hasta el tres por ciento del tiempo total de transmisión.

Ahora podrán recibir recursos provenientes de entidades públicas para la generación de contenidos programáticos distintos a la comercialización y se establece que los entes públicos federales asignen anualmente entre el uno y el 10 por ciento del monto destinado en sus respectivos presupuestos para servicios de comunicación social y publicidad, monto que se asignará, dice el dictamen, de manera prioritaria a concesiones comunitarias indígenas y afromexicanas del país.

Esto hará posible y viable producir narrativas que abonen a las distintas campañas y su objetivo comunicacional y no sean estos medios meros emisores de spots gubernamentales.

Destaco, pues, como uno de los mayores avances en cualquier época de la radiodifusión social, que ahora se facilite el acceso al espectro radioeléctrico a los medios de uso social, particularmente a las comunitarias indígenas y afromexicanas, eliminándoles… 

La norma que se ha incorporado entiende que los medios indígenas y afromexicanos son una extensión de la manera en que se organiza esta población, no son entidades ajenas a su identidad y menos a sus usos y costumbres, no persiguen un fin lucrativo, sino sostener los intereses de su comunidad.

En el Año de la Mujer Indígena, esta ley es coincidente y garantiza que los pueblos y comunidades indígenas, en su carácter de sujetos de derecho público y tendrán como fin principal el efectivo cumplimiento de los derechos reconocidos en el artículo segundo de la Constitución y en los distintos instrumentos internacionales que México ha suscrito en la materia, en particular, para preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, material e inmaterial, que comprende todos los elementos que constituyen dicho patrimonio en condiciones de dignidad, equidad e interculturalidad sin discriminación alguna, entre otros.

En materia de radiodifusión pública, la ley reincorpora sus principios, independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de las diversidades ideológicas, étnicas y culturales. La televisión sigue siendo el principal medio por el que se informa la población del país y esta ley se hace cargo de ello, recuperando los derechos de las audiencias. El rescate no es menor, esta ley implementa elementos que fortalecen la figura de los defensores de audiencia para transitar de figuras decorativas a garantes de derechos.

Cada concesionario o concesionarios que forman parte de un grupo empresarial ahora contará con una defensoría propia. Esta obligación motivará de manera indirecta que la desinformación o las calumnias sean claramente desmentidas. Entre estos derechos de las audiencias se incorporan también diversos derechos para personas con discapacidad.

Se determina que, por ejemplo, las páginas de Internet o aplicaciones elaboradas por alguna autoridad gubernamental sean creadas con base en un diseño universal e integre funciones de accesibilidad para esta población. La desigualdad sigue siendo el gran problema del país. Las consecuencias de no acotar la brecha digital ahora pueden ser más devastadoras.

Esta norma da insumos para que el Estado afronte este fenómeno, evitando así que la inacción produzca rezagos que después sean más complejos de contener. Lo que esta iniciativa busca garantizar como el núcleo de sus propósitos fundamentales es garantizar a todo el pueblo de México el derecho fundamental de acceso a Internet.

Internet como el derecho habilitador, como el derecho instrumental de otros derechos digitales fundamentales, que no solamente son transmisión de información y conocimiento, que es el instrumento que nos acerca a la salud, que nos acerca a la educación, que nos acerca a la cultura, que nos acerca a la historia, a nuestra propia identidad. El Internet como uno de los grandes objetivos de la conectividad en el país. Por ello se establece que el Estado pueda por primera vez brindar servicios de telecomunicaciones a través de una empresa pública y contribuir así en la provisión de este servicio y también de telefonía.

Se modifica la participación del Estado en concesiones de uso comercial para que no haya espacio de interpretación de violación al TMEC. Se impone que el Estado compita en igualdad de condiciones y se asegure el principio de neutralidad de la competencia. La empresa estatal prestará servicios a precios asequibles en zonas donde los operadores no llegan y proveerá Internet gratuito en sitios públicos a lo largo del territorio.

Será un esfuerzo sin precedente para garantizar el derecho de acceso a Internet y a los más desprotegidos, porque no se persiguen cifras, sino regiones desconectadas. Nada puede ser más contrario a la censura que expandir Internet. Aprovecho para recordar aquí que este dictamen eliminó todas las expresiones directas o indirectas que podían ser interpretadas como mecanismos de censura previa.

Se eliminaron todos los artículos de la versión anterior que fueron señalados en la polémica. Y con el fin de promover la compartición de infraestructura y el aprovechamiento de los bienes del Estado, cualquier concesionario podrá instalar infraestructura en bienes del Estado para desplegar redes públicas de telecomunicaciones y de radiodifusión. La interconexión que únicamente podría o podía ocurrir por razones políticas y no técnicas entre concesionarios comerciales y no con operadores sociales y públicos, desaparece.

Ahora será una obligación para conectar a todos esos usos y esto incrementará la cobertura y mejorará los servicios. La ley abre espectro para pequeños operadores que jamás lo hubieran imaginado, como radioaficionados, para actividades de investigación e industria, de mercado. Los nuevos procesos incluyen medidas para aumentar la competencia, como la priorización de nuevos participantes, la imposición de límites a la concentración del espectro y la incorporación de incentivos para ampliar la participación.

Uno de ellos incorpora disposiciones que permiten establecer obligaciones específicas vinculadas a la cobertura territorial y la calidad de los servicios, lo que evidencia el compromiso estatal de cerrar brechas digitales históricas y garantizar que la conectividad llegue a las zonas marginadas donde la desigualdad digital perpetúa otras formas de exclusión social. Se establece por ello un nuevo sistema de contribuciones para disminuir el costo del espectro, porque el dictamen propone que los operadores privados tengan acceso a descuentos en el pago de espectro a cambio de llevar conectividad en carreteras y caminos y zonas prioritarias por el nivel de aislamiento o de marginación. Se posibilitan descuentos o exenciones para pequeños operadores también para facilitar su participación en el sector y llegar a comunidades apartadas.

Con este instrumento se buscan establecer las bases de las políticas en telecomunicaciones y radiodifusión en el país, fomenta la homologación para el despliegue de infraestructura, establece criterios para su soterramiento, fija reglas para el acceso a esta, así como la comunicación vía satélite.

El esfuerzo por armonizar fines brindando certidumbre a la inversión sin perder la rectoría del Estado no tiene precedente. Durante los conversatorios, diversos actores coincidieron en advertir los riesgos que significaba dejar la regulación de este importante y estratégico sector en manos de una autoridad unipersonal. Por ello, la mayor transformación del dictamen fue configurar una nueva autoridad reguladora a partir de un órgano colegiado, con independencia técnica de gestión y operación como la máxima autoridad para resolver sobre concesiones de espectro y regulación de servicios de internet, radio, televisión y satélites.

Y con ello, ponderar la deliberación técnica y no política. Y se establece que otra autoridad, la agencia antimonopólica, se encargue de determinar al agente preponderante en materia de telecomunicaciones e imponer la regulación asimétrica sin afectar a los usuarios finales. El registro de usuarios de telefonía móvil se elimina.

Las personas sólo se van a identificar ante el operador, no ante el gobierno, y sólo al comprar un chip a fin de garantizar que cada línea esté asociada a una persona. A su vez, se atienden y protegen los derechos de los consumidores de servicios de telecomunicaciones, poniendo fin al abuso de los operadores quienes, sin consentimiento de sus usuarios, se permitían cambiarle de modalidad o plan a su conveniencia. Se incorporan disposiciones para garantizar la transversalidad de la perspectiva de género, para que las mujeres y niñas accedan a las telecomunicaciones en las mismas condiciones.

Finalmente, compañeras senadoras, compañeros senadores, con toda claridad, afirmo que esta propuesta pondrá una visión social, y no como históricamente ocurría, en beneficio sólo de los grandes consorcios comunicacionales. En toda ley siempre hay descontentos, y más cuando intervienen tantos ámbitos, tantos intereses, tantos actores. Lo que puedo asegurarles es que hicimos un gran esfuerzo por recuperar la mayor cantidad de propuestas y anhelos de larga data, y como señalé, no tengan duda alguna de que hoy van a aprobar una ley que, sin abandonar sus objetivos fundamentales, es más sólida, es más clara, es más justa y es más incluyente. Muchas gracias.