Con su permiso, Presidenta de la Mesa Directiva y de toda la Mesa Directiva, compañeras y compañeros senadores.

Estamos aquí hoy en representación de la Comisión de Puntos Constitucionales para presentar el dictamen que se someterá a votación y que tiene que ver con la proposición de un Punto de Acuerdo del Senado de la República, que fue presentado en este pleno por el senador Juan Carlos Loera, senador de la fracción parlamentaria de Morena y representante del Estado de Chihuahua.

En este punto de acuerdo se invita, se invita respetuosamente a la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y al titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a una reunión de trabajo en comisiones senatoriales, en este caso la de Seguridad Pública y la de Puntos Constitucionales, para que informen sobre los hechos ocurridos en esa entidad federativa.

En lo que es una presunta violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley de Seguridad Nacional, también el haberse cometido la omisión de informar oportunamente al gobierno federal, también la falta de coordinación institucional con la Federación y las consecuencias derivadas para la Seguridad Nacional del Estado Mexicano, incluyendo la soberanía nacional.

Aquí hay una controversia, hay una controversia porque hay información preliminar de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, en donde el fiscal César Jauregui primero hace una afirmación en el sentido de que había habido un accidente a partir de un operativo para lo que es eliminar un narco laboratorio.

En donde, en ese accidente fallecieron cuatro personas y desde aquí, desde el Senado de la República, nuestro sincero pésame a los familiares de esas cuatro personas.  

Dos servidores públicos de la Fiscalía del Estado de Chihuahua y dos adscritos a la Embajada de los Estados Unidos de América en México. En algunos medios periodísticos se ha dicho que eran elementos pertenecientes a la CIA, a la Agencia de Inteligencia. 

Primero, el fiscal dice esa afirmación y después dice que no iban como parte de ese operativo los agentes de los Estados Unidos de América.

Cuando hay también versiones periodísticas que hasta llevaban un informe de la Policía Estatal o de la Fiscalía.  

Esta es la controversia, eso es lo que queremos saber, se entiende en el Punto de Acuerdo del senador Juan Carlos Loera.

Esa contradicción es el verdadero núcleo político y jurídico del caso, genera dudas sobre la verdadera naturaleza de la presencia de los agentes extranjeros y sobre el cumplimiento de las obligaciones de coordinación con la federación.

Por lo tanto, el punto de acuerdo, lo que propone y se aprobó en el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales, por mayoría, propone invitar respetuosamente a la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos Galván y al fiscal estatal,César Gustavo Jauregui Moreno, a una reunión de trabajo con comisiones del Senado.

Además, solicitar un informe pormenorizado y documental previo con cronología completa de los hechos, las autoridades participantes, las comunicaciones con autoridades federales, las actuaciones realizadas. Todo esto conforma el artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional.

 Los hechos no pueden tratarse como un asunto local, que quede claro eso, porque se involucra crimen organizado, servidores públicos mexicanos, agentes o funcionarios extranjeros, posible coordinación o comunicación con autoridades de otro país, potencial afectación a la soberanía y a la seguridad nacional.

Todo esto está constituido en violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo en el artículo 40, en donde dice que el pueblo de México no aceptará intervenciones, intromisiones o actos del extranjero, lesivos de la integridad, independencia y soberanía de la nación.

Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano.

Hay varios artículos también en donde seguramente son motivo de violación en la Ley de Seguridad Nacional.

Desde su artículo 5º, que refuerza la idea constitucional acerca de que no es posible aceptar la interferencia extranjera en los asuntos nacionales. Y hay una serie de artículos, tanto de la Constitución como la Ley de Seguridad Nacional.

Por eso fue que, en el seno de esta comisión dictaminadora, se entendió que debía proceder esa invitación respetuosa para que nos platiquen, nos hagan partícipes de la información que tiene tanto la gobernadora como el fiscal de Chihuahua acerca de estos lamentables hechos, pero que si se configuran los supuestos que ahora se están dando, sería una imperdonable violación a la Constitución y también a la Ley de Seguridad Nacional.

Por eso es que hemos determinado votar en este Punto de Acuerdo para que se realice esa invitación para el próximo martes a las 10 de la mañana en este Senado de la República,a la gobernadora de Chihuahua y al fiscal del propio Estado.

 Es realmente, y con esto concluyo, porque se tiene la presunción de una responsabilidad política y jurídica en el gobierno de Chihuahua.

Si hubo presencia, coordinación o comunicación con agentes extranjeros sin aviso, ni autorización o documentación suficiente de parte de la Federación, la gobernadora y la cadena de mando estatal podrían ser responsables políticamente por omisión, aquiescencia o falta de coordinación con la Federación.

Y que quede muy claro, este Punto de Acuerdo no significa sanción alguna. Si la invitación es declinada, no prejuzga ninguna culpabilidad penal, serán otras instancias y serán otras autoridades.

Lo que eso sí tiene este Punto de Acuerdo es que el Senado de la República activará su mecanismo de control político, de rendición de cuentas y esclarecimiento documental plenamente razonable frente a hechos de posible relevancia constitucional y de seguridad nacional.

Esto de acuerdo con el 76 constitucional que nos da facultades para analizar, para intervenir en la política, en los hechos de política exterior y además como garantes del Pacto Federal, como representantes de las entidades federativas.

Este es un caso que por el bien de la República debe manejarse con transparencia, sin ninguna opacidad y con una total cara a la población.

Muchísimas gracias, Presidenta.

Gracias a todos y todas por su atención.