Gracias, presidente. Yo solamente quisiera agregar algunos puntos que consideramos importantes para esta reunión.

Porque en las consideraciones del dictamen se justifica esta cautela con la que se presenta el dictamen a partir de un diagnóstico severo de las circunstancias prevalecientes hasta aprobar el dictamen, y con ello esta ley.

Se menciona en este diagnóstico las renegociaciones y criterios predefinidos, los proyectos abandonados mismos, los pasivos contingentes sin fuente de pago, conflictos comunitarios y compromisos fiscales ocultos en experiencias pasadas.

Por eso la lógica del proyecto no es abrir la puerta a cualquier inversión, sino hacerlo mediante un régimen de triple control, evaluación previa, seguimiento durante la ejecución y auditoría posterior.

Y se plantean aspectos novedosos, como la incorporación explícita del sector social, cooperativas, comunidades, ejidos, organizaciones de trabajadores como actores posibles en la cadena de valor de la infraestructura.

Por eso el dictamen presenta como una concreción del artículo 25 constitucional al lado de la concurrencia del sector público y privado.

También insiste en que la licitación pública seguirá siendo la regla general y que las excepciones serán tasadas en congruencia con el artículo 134 constitucional.

De la misma manera el proyecto incorpora una dimensión de sostenibilidad ambiental, como usted lo marcaba, y esto es básico para que el proyecto sea elegible. Deberá incluir el análisis de impacto ambiental, preservación del equilibrio ecológico y medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático.

Por eso el consejo que se va a crear debe verificar la congruencia de esos análisis con la legislación ambiental vigente.

Por eso el dictamen muestra que no plantea la infraestructura sólo como palanca de crecimiento, sino también como una política de resiliencia territorial y energética.

En términos políticos y económicos la puesta de fondo, como dice el dictamen, es movilizar ahorro institucional, inversión privada y financiamiento público hacia infraestructura estratégica sin perder control estatal.

Yo por eso diría, en suma, que este dictamen va a dotar al Estado mexicano de un andamiaje jurídico moderno, integral y estratégico para detonar infraestructura con sentido social, sin ceder en ningún momento la rectoría pública, la soberanía nacional, la transparencia ni la disciplina hacendaria.

Va a facilitar la inversión y establecer reglas claras, controles institucionales y mecanismos de participación mixta que permitan movilizar capital hacia proyectos prioritarios con certeza jurídica, evaluación previa, rendición de cuentas y protección de las finanzas públicas.

En este escenario internacional que estamos viviendo, marcado por la propia revisión del T-MEC, la imposición de aranceles, el nearshoring y una competencia cada vez más intensa para atraer inversión productiva, México necesita infraestructura logística, hídrica, energética y multimodal a la altura de los desafíos de nuestro tiempo.

Por ello, la propuesta de este dictamen cierra vacíos normativos, fortalece la capacidad del Estado para conducir el desarrollo, busca reducir brechas regionales y sociales, y asegurar que el crecimiento económico se traduzca en bienestar, competitividad y prosperidad compartida.

Finalmente, su principal mérito, radica en equilibrar inversión y control público, modernización y soberanía, dinamismo económico y responsabilidad fiscal, por eso llamamos a votar a favor del dictamen.