La importancia del dictamen que hoy tenemos aquí a discusión no sólo es por lo que propone, sino sobre todo por lo que busca corregir.
Votaremos un instrumento para ordenar, dar certeza y encauzar mecanismos de inversión dentro del marco constitucional, presupuestario y hacendario vigente. Ese es el punto de partida y este es también una de las mayores fortalezas.
El dictamen parte de un diagnóstico que reconoce la necesidad de fortalecer la inversión pública y corregir las experiencias pasadas en las que hubo renegociaciones sin criterios predefinidos, proyectos abandonados, pasivos contingentes, sin fuente de pago, conflictos comunitarios, problemas de derecho de vía y compromisos fiscales ocultos.
Es decir, se parte de la realidad para proponer una respuesta institucional más sólida. Por ello, se busca que la inversión en infraestructura estratégica tenga reglas claras, filtros técnicos, controles fiscales y conducción pública.
Y en ese sentido, uno de los ejes centrales es la creación de figuras jurídicas que permitan canalizar inversión, aislar riesgos y mejorar condiciones de financiamiento, sin que su sola constitución implique deuda pública ni obligaciones automáticas para el Estado.
Es decir, dar orden a un terreno que hoy en muchos casos opera con dispersión operativa, normativa y sin un marco integral suficiente.
Junto con ello, el dictamen reconoce dos grandes esquemas de participación mixta.
Por un lado, la contratación de largo plazo para proyectos en los que el privado o el sector social participen en el financiamiento, diseño, construcción, operación o mantenimiento, con pagos vinculados al desempeño.
Por el otro, la inversión mixta, donde Estado y particulares comparten capital, riesgos, gobernanza y beneficios. Esta es una diferencia sustantiva, porque aquí no se plantea una participación improvisada y sin reglas, sino se plantean modalidades definidas con criterios sobre aportaciones, distribución de riesgos, supervisión y recuperación de la inversión.
El planteamiento del dictamen busca superar la lógica de los modelos en los que el Estado perdía control operativo y asumía los riesgos más costosos. Aquí la propiedad permanece estatal, el privado entra como socio contratista con obligaciones medibles y los riesgos se distribuyen conforme a la capacidad de cada parte para administrarlos. En otras palabras, la rectoría pública se fortalece con mejores reglas.
Ya aquí se habló del Consejo de Participación de Planeación Estratégica para la Inversión e Infraestructura y yo a ello le sumo la creación de una base de datos nacional de infraestructura estratégica orientada a la planeación, seguimiento, análisis y la mitigación de riesgos.
Esto significará que la minuta no sólo crea instrumentos financieros, sino también crea instrumentos de conducción pública, de información y de coordinación institucional. Y todo ello está acompañado de controles precisos.
El dictamen no propone una lógica de abramos la inversión y luego vemos, propone un régimen de evaluación previa, seguimiento durante la ejecución y auditoría posterior, exige análisis de rentabilidad, costo-beneficio, impacto de las finanzas públicas, riesgos fiscales, compromisos plurianuales y pasivos contingentes.
Además, incorpora obligaciones de registro, informes trimestrales y reglas específicas de transparencia y responsabilidad hacendaria. Es decir, no se trata de atraer capital a cualquier costo, sino de hacerlo bajo reglas de Estado, no bajo la lógica del mercado sin contrapesos.
Yo no quiero más que señalar que la importancia de la incorporación explícita del sector social, así como la dimensión de sostenibilidad ambiental y resiliencia territorial, que su propio nombre lo tiene.
Finalmente, en el fondo este dictamen busca algo muy concreto, movilizar ahorro interno, inversión privada y financiamiento público hacia infraestructuras estratégicas sin perder control estatal. Por eso se destaca el potencial del ahorro institucional administrado por las AFORES y la necesidad de generar mayor certidumbre jurídica para canalizarlo hacia proyectos productivos de largo plazo.
El planteamiento es claro, sin reglas claras la inversión se carece o no llega y sin inversión no hay carreteras, no hay conectividad, no hay infraestructura hídrica, energética ni logística suficiente.
Por eso, acompañar este dictamen es acompañar, culmino, una idea de Estado, infraestructura con rectoría pública, inversión con controles, participación mixta sin privatización, certidumbre jurídica, sin irresponsabilidad hacendaria y desarrollo con bienestar, no sólo con cifras.
Muchas gracias y ojalá lo voten con mucho ánimo, a favor.
