Con su venia, presidenta, senadoras y senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 72, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante ustedes el dictamen por el cual se emite la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026. 

El dictamen que hoy se somete a su consideración parte de supuestos macroeconómicos prudentes y refleja una política de finanzas públicas orientada a garantizar la estabilidad económica, fortalecer los ingresos del Estado y permitir el cumplimiento de sus funciones sustantivas. 

En este sentido, el paquete económico estima ingresos presupuestarios por ocho billones 721 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 519 mil millones de pesos respecto al cierre estimado del 2025.

El aumento se explica principalmente por un crecimiento real de 5.7 por ciento en los ingresos tributarios y de 2.3 por ciento en los ingresos generados por organismos y empresas del sector público. En específico, los ingresos tributarios se consolidan como el pilar central del financiamiento público. Con una proyección de 5.8 billones de pesos para 2026, este ingreso alcanzará un nuevo máximo histórico al ubicarse en 15.1 por ciento del Producto Interno Bruto. El nivel más alto registrado en la historia de este país. 

En congruencia con la política económica que eficientemente se ha implementado, la Ley de Ingresos que hoy se somete a su consideración propone lo siguiente. Por primera vez que dejen de ser deducibles tres cuartas partes de las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Asimismo, homologa el tratamiento de la deducción de créditos incobrables para instituciones de crédito con el del resto de los contribuyentes. Actualiza el tratamiento fiscal aplicable a plataformas tecnológicas de intermediación, garantizando un trato equitativo frente a quienes comercializan bienes y servicios de manera tradicional. Por otra parte, se establecen que las instituciones fintech deberán cumplir con la obligación de retener y enterar el ISR y el IVA derivados de las operaciones en las que participan como intermediarias.

Se dará continuidad al programa de regularización fiscal para personas físicas y morales, tomando referencia al ejercicio fiscal 2024, ampliando el límite de ingresos totales hasta 300 millones de pesos. Además, se establece una tasa fija de retención provisional del 0.9 por ciento sobre intereses para 2026, así como una nueva tasa de recargos para el pago de créditos fiscales del 1.38 por ciento mensual sobre saldos insolutos. Con fines extrafiscales se incorporan también medidas orientadas a la protección de la salud pública y la prevención de daños sociales.

En este marco se fortalecen los denominados impuestos saludables. Adicionalmente, se plantea establecer un impuesto ad valorem del ocho por ciento a servicios digitales de videojuegos con contenido violento y aumentar de 30 a 50 por ciento el impuesto sobre apuestas en línea, con el objetivo de mitigar sus impactos sociales y económicos. En materia de comercio exterior se mantiene una tendencia positiva.

Entre enero y agosto de 2025 la recaudación por aduanas creció 18.8 por ciento real respecto al mismo periodo del año anterior y se estima que al cierre del año los ingresos por este concepto asciendan a un billón 392 mil millones de pesos, es decir, nueve veces el promedio observado entre 2000 y 2006 y más de cinco veces el del periodo 2007-2012.

Finalmente, el dictamen establece que las personas físicas y morales identificadas por la FIFA como participantes en actividades directamente vinculadas al evento estarán exentas de ciertas obligaciones fiscales exclusivamente por dichas fechas a partir del último cuatrimestre del ejercicio 2025. Este entorno más favorable, junto con un gasto público focalizado en programas sociales inversión con impacto directo sobre la demanda agregada y el crecimiento potencial, respaldan una estimación responsable de crecimiento para el año próximo.

La política fiscal no es una meta en sí misma, sino el medio para mejorar la vida de las personas y en 2026 ese compromiso se traducirá en acciones concretas. Basta mencionar que para el siguiente año se prevén recursos equivalentes al tres por ciento del Producto Interno Bruto destinados a programas sociales prioritarios, con los cuales se beneficiarán de forma directa a casi el 82 por ciento de las familias mexicanas. Senadoras y senadores, se trata en suma de una política pública que no sólo recauda, sino que redistribuye con sentido social eficiencia y visión de futuro.

Como toda construcción sólida, los cimientos están en las finanzas públicas sanas, pero el propósito está en lo que se edifica sobre ellas, un país más justo, equitativo y unido.