Con su venia, ciudadano presidente.  Con el permiso de sus señorías, senadoras y senadores.

Hoy damos cuenta del dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población.

Esta reforma constituye un paso necesario y relevante en el perfeccionamiento del marco jurídico que rige la respuesta del Estado mexicano frente a uno de los más dolorosos y persistentes crímenes que ha lacerado a miles de familias en todo el país. La desaparición forzada de personas representa una violación múltiple y continuada de los derechos humanos. Duele no sólo por su crueldad, sino por el silencio, la impunidad y el abandono que, en muchos casos, la han acompañado.

Por eso este dictamen es también un acto de memoria, de responsabilidad institucional y de reconocimiento a las víctimas, a sus familias y a los colectivos, especialmente de madres que no han dejado de buscar.

Pienso en Isabel Cruz Bernal, de Sabuesos Guerreras, en Marisela Carrizales, de Voces por la Justicia, en Irma Arellanes, de Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos, en Mirna Nereida Medina, de Rastreadoras de El Fuerte, en Rosa María Coronel, de Rastreadoras de Guasave, todas de mi estado, Sinaloa. Pienso también en el profesor Juan Jesús González Tenorio, del colectivo Rastreadores Independientes de Culiacán. Pienso en todas las madres y en todos los padres, en todas las hermanas y en todos los hermanos que buscan incansablemente a sus seres queridos.

El proyecto de dictamen que hoy presentamos responde, hay que decirlo, hay que decirlo claro, a ese compromiso y también a los compromisos que el Estado mexicano ha asumido ante organismos internacionales como el Comité contra la desaparición forzada de la Organización de las Naciones Unidas. En él se fortalece el papel de las fiscalías especializadas, se precisan obligaciones para las autoridades de todos los niveles, se mejora la coordinación entre instancias y se reconoce la participación de las familias en su carácter de víctimas en los procesos de búsqueda y de investigación.

Uno de los ejes centrales de esta reforma es justamente eso, reforzar los mecanismos de búsqueda con un enfoque de derechos humanos, garantizando una mayor coordinación institucional, procedimientos más eficaces y herramientas tecnológicas que permitan avanzar con mayor celeridad en la localización de las personas desaparecidas.

Se refuerza la articulación del Sistema Nacional de Búsquedas, dotándolo de herramientas eficaces, de una gobernanza más clara y de mecanismos que permitan evitar la fragmentación y la dispersión de esfuerzos.

Destaco también que en este dictamen se incluyen disposiciones dirigidas a mejorar la calidad de los registros, bases de datos e intercambio de información, elementos todos ellos indispensables para lograr búsquedas efectivas, investigaciones bien sustentadas y procesos que abonen a la verdad y a la justicia.

Este dictamen es fruto del trabajo de las comisiones de gobernación, sí, y de su legislativo, sí, pero es sobre todo el producto del impulso de las víctimas organizadas, de los colectivos, de las personas defensoras de derechos humanos, académicos y especialistas.

No hay nada más desgarrador que no saber. La incertidumbre es una forma de tortura, quizá la peor forma de tortura, y como Estado tenemos la obligación de impedir que esa incertidumbre se perpetúe.

La desaparición de personas no puede, no debe ser normalizada, no puede ser vista como un daño colateral ni aceptada como parte del costo de los conflictos sociales. Es una herida abierta que exige verdad, justicia, sobre todo eso, justicia.

No hay espacio para la indiferencia. Esta reforma representa un compromiso firme con todas las personas que buscan a sus seres queridos, con quienes no han sido escuchados y con un país que no puede permitirse olvidar.

Es cuanto, presidente.