Comparezco ante ustedes con responsabilidad y convicción para presentar el dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores, relativo al acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional.
Este instrumento internacional adoptado el 19 de junio del 2023 y firmado por México en septiembre del mismo año, es uno de los logros multilaterales más importantes de las últimas décadas en materia de gobernanza oceánica. Su relevancia no es menor, por primera vez en la historia, los estados del mundo hemos acordado dotar a la altamar de un marco jurídico claro, vinculante y orientado a la equidad.
Los océanos cubren más de 360 millones de kilómetros cuadrados, equivalentes al 72 por ciento de la superficie terrestre, son cuna de la vida, reguladores del clima global, fuentes de alimento, transporte, comercio y generación de conocimiento científico.
Hoy cerca del 40 por ciento de la población mundial vive a menos de 320 kilómetros de las costas, 12 de las 15 ciudades más pobladas del planeta están en zonas de litorales. El mar es parte esencial de nuestra vida cotidiana, aunque, muchas veces, no lo percibamos así.
Además de absorber más del 90 por ciento el exceso de calor producido por las actividades humanas y el 30 por ciento de dióxido de carbono, el océano sustenta una economía que rebasa los 1.5 billones de dólares anuales en sectores como la pesca, el turismo, la biotecnología y la energía.
Pero este patrimonio común enfrenta amenazas cada vez mayores, pérdida acelerada de la biodiversidad, acidificación de los mares, contaminación plástica, sobrepesca y minería en aguas profundas, todo ello sin regulación clara ni mecanismos internacionales efectivos en las zonas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales.
Ante este vacío surge este acuerdo como respuesta firme, colectiva y justa de la comunidad internacional, que no sólo busca conservar la biodiversidad marina en altamar, sino también establecer principios de justicia, equidad y solidaridad intergeneracional.
¿Qué aporta este instrumento? Primero, regula el acceso a los recursos genéticos marinos recolectados en altamar, como bacterias, corales, esponjas y algas. Establece los beneficios derivados de su uso. Deben de compartirse también de forma justa con todos los países y particularmente con los menos desarrollados.
Segundo, crea mecanismos para designar áreas marinas protegidas mediante criterios científicos y procesos participativos. Tercero, impone la realización obligatoria de evaluaciones de impacto ambiental previas a cualquier actividad que pueda afectar la biodiversidad marina en altamar. Estas evaluaciones deberán ser públicas, consultadas, revisadas por comités científicos independientes.
Cuarto, garantiza la creación de capacidades y la transferencia de tecnología para que los países en desarrollo puedan cumplir con el tratado y participar en igualdad de condiciones en la investigación marina. Quinto, establece una estructura institucional robusta con una conferencia de las partes, un órgano científico y técnico, una secretaría permanente y una plataforma digital de acceso abierto para promover la transparencia y la cooperación.
Sexto, define mecanismos financieros, incluyendo un fondo fiduciario y la posibilidad de acceder a recursos institucionales multilaterales como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.
Y séptimo, establece un comité de cumplimiento no punitivo, así como medios pacíficos para la solución de controversias.
Compañeras y compañeros, este tratado es también una afirmación del papel que México quiere y debe de jugar en este siglo XXI. Nuestro país no fue un actor pasivo, fuimos cofacilitadores de las negociaciones junto con Nueva Zelanda, aportamos propuestas concretas, promovimos el consenso, defendimos principios y fuimos de los primeros países en firmar el acuerdo. México se convertirá en el estado número 52 en aprobar el acuerdo.
Y desde esta perspectiva nacional, el acuerdo es plenamente congruente con nuestro marco jurídico, refuerza el derecho constitucional al medio ambiente sano y fortalece el cumplimiento de nuestras obligaciones en materia de cambio climático, biodiversidad y desarrollo sostenible. Ratificar este instrumento no sólo reafirma nuestra vocación multilateralista, sino que posesiona a México como un referente global de la diplomacia ambiental.
Es por eso, compañeras y compañeros senadores, que hoy tenemos la oportunidad de hacer historia. Por todo lo anterior, las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente, su presidenta que se encuentra aquí, la senadora Maki, les solicitamos su voto a favor de este dictamen, porque el futuro del océano también es el futuro de México y por supuesto, por el bien y el futuro de nuestros hijos y nuestras familias.
Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
