Hoy hablamos de algo que, aunque parece técnico, en realidad toca la realidad cotidiana de millones de mexicanos y mexicanas, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

Este tribunal no es un simple órgano especializado, es el espacio donde la gente va a pelearle al poder cuando una oficina de gobierno se excede, cuando una multa es injusta, cuando se aplica la ley de manera fría y burocrática sin ver a la persona. 

Ahí se decide si gana el abuso o gana la justicia, desde finales del año 2000 el Congreso fue transformando este tribunal, se le cambió el nombre para reflejar mejor la actitud de sus tareas y se le dieron nuevas facultades. Ya no sólo ve temas fiscales, también conoce de juicios contra decisiones que cierran procedimientos. 

Y algo muy importante, puede resolver cuando la autoridad ni siquiera se digna a contestar y se configura la famosa negativa ficta, es decir, cuando el silencio del gobierno se convierte por ley en una negativa a los derechos de la gente.

Ese es el corazón de la discusión ¿Qué hace el Estado cuando la autoridad se calla? Antes el silencio era una forma de abuso elegante, hoy el tribunal puede entrar, revisar, corregir, y ordenar, porque tiene la facultad de declarar derechos y exigir su cumplimiento directamente en la sentencia, esto es poner a la gente por encima del trámite.

El procedimiento también se ha modernizado, pasamos del procedimiento contencioso al juicio contencioso administrativo, se actualizó el tema de los domicilios para notificaciones, se abrió el uso de domicilios electrónicos y se facultó al tribunal para suspender actos de autoridad mientras se resuelve el fondo del asunto. 

¿Qué significa esto en cristiano?, como dicen, que no se destruye la vida de una persona o de una empresa antes de que el tribunal pueda pronunciarse, es una protección mínima, pero crucial frente al poder administrativo.

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo retoma esta lógica, procedimientos más ágiles, más seguros y más transparentes. Esto es fundamental si de verdad queremos un Estado que rinda cuentas y un sistema que no se vuelva un laberinto para el pueblo. 

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano autónomo del Estado mexicano; su misión es clara, resolver conflictos fiscales y administrativos entre la gente y el gobierno federal, con imparcialidad, rapidez y sin costo. 

Eso es acceso a la justicia, no de discurso, sino en la práctica, porque si defenderse frente al gobierno fuera un lujo, sólo los de arriba podrían hacerlo. 

Este tribunal tiene una estructura robusta, una sala superior con 14 magistrados, aquí en la Ciudad de México y 58 salas regionales a lo largo del país con tres magistraturas cada una.

En total 170 magistrados y magistradas especializadas en justicia fiscal y administrativa, es decir, hay presencia territorial, hay capacidad instalada, hay un diseño pensado para que la justicia llegue a regiones y no se quede encerrada en el centro, pero no basta con tener estructura, importa también los valores con los que opera, excelencia, honradez, eficiencia, compromiso institucional, justicia, vocación de servicio público e independencia jurisdiccional. 

Esta lista no puede quedarse en un mural o en un folleto institucional; desde este Senado y más desde la mayoría que impulsa la Cuarta Transformación tenemos la responsabilidad de que esos valores se conviertan en criterio para nombramientos, para evaluaciones y para el funcionamiento cotidiano del tribunal.

El tribunal también participa en la lucha contra la corrupción como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, ahí se dirimen responsabilidades administrativas, ahí se analiza el actuar de quienes manejan recursos públicos y toman decisiones que afectan a todos y todas. 

Si este tribunal es débil, capturado, deslegitimado, la lucha contra la corrupción se queda en pura consigna, si el tribunal es fuerte, autónomo y honesto, entonces sí podemos decirle a la gente que hay consecuencias para la trampa, para el desvío y para el compadrazgo.

Además, el uso de herramientas tecnológicas, juicios en línea, notificaciones electrónicas no es sólo modernización del catálogo, es una forma concreta de acercar la justicia a quienes viven lejos de las grandes ciudades, a quienes no pueden estar yendo y viniendo a una oficina federal, la tecnología bien usada es un instrumento democratizador. 

Desde la visión de la Cuarta Transformación queremos un tribunal autónomo, moderno, cercano a la gente, que resuelva de manera gratuita, imparcial y eficiente tanto casos individuales como colectivos, un tribunal que tienda que detrás de cada expediente hay un rostro, una familia, un negocio pequeño que puede quebrar por una mala decisión administrativa.

Y aquí quiero detenerme en algo que se ha querido ensuciar desde la oposición, que todavía está ausente aquí en esta sala. Obviamente, desde el conservadurismo se ha dicho que la designación de las magistraturas administrativas es un reparto de cuotas, un intento de controlar al tribunal. 

Lo digo con toda claridad, esto es falso, lo que en verdad les molesta no es el procedimiento ni los perfiles, lo que les duele es que por primera vez en muchos años este tribunal no está siendo diseñado para servir a los grandes intereses económicos, sino para servirle al pueblo. 

No lo digo en abstracto, todos sabemos sin necesidad de decir nombres que hubo casos emblemáticos de personas con fortunas multimillonarias que durante años encontraron en los tribunales un refugio para no pagar lo que debían al Fisco. 

Durante décadas la justicia fiscal y administrativa fue un territorio donde los de arriba llegaban con despachos carísimos, con influencias políticas y lograban convertir sus obligaciones en asuntos negociables.

Esto es el modelo que añora la ultraderecha, un tribunal dócil frente al dinero y dura frente al ciudadano de a pie. Pero eso hoy, cuando se presentan candidaturas con trayectoria, con formación técnica, con compromiso probado, se desata una campaña política y mediática para descalificarlas. 

No les interesa revisar los currículums, los criterios, las sentencias, les interesa sembrar la idea de que todo está contaminado, porque necesitan debilitar al tribunal antes de que se atreva a tocar privilegios que históricamente quedaron intocados.

Desde aquí quiero decirlo con toda firmeza, los y las candidatas que se proponen no vienen a ser empleados de ningún grupo político ni correa de transmisión de interés alguno, están obligados, si lo asumimos como compromiso ante el pueblo, a no responder a cúpulas burocráticas, a no someterse a presiones empresariales, a no replicar la vieja lógica del favor político a cambio de impunidad fiscal. 

Hoy, al contrario, estamos defendiendo que el tribunal tenga magistrados y magistradas con cosas simples, que el dinero que se disputa en juicios no es abstracto, son hospitales, escuelas, caminos, programas sociales, que el principio de legalidad y seguridad vale lo mismo para una persona que pelea una multa injusta que para el gran contribuyente que intenta evadir miles de millones, que la independencia jurisdiccional no significa neutralidad ante la injusticia, sino compromiso con la Constitución y del interés público. 

Desde la mayoría que apoya esta cuarta transformación y la acompaña, vamos a votar por un tribunal que no se ponga del lado de los evasores fiscales, sino del lado de la justicia fiscal, que no se arrodille ante el poder del dinero, sino que se mantenga firme en el poder de la ley y el mandato popular.

Estas candidaturas que defiende el dictamen es defender un país donde no haya nombres intocables ni fortunas por encima de la Constitución. 

Y en esta ruta, compañeros y compañeras, vamos a seguir con serenidad, con firmeza y con la frente en algo. 

Mucho ánimo y los invitamos a votar a favor del dictamen.

Muchas gracias, presidenta.