Me voy a permitir dar cuenta del innovador proceso legislativo que nos trajo hasta aquí y de algunos cambios en el nuevo dictamen. 

En atención a diversas voces que reclamaron ser escuchadas y al impulso democrático que la presidencia de la presidenta Claudia Sheinbaum sugirió a este cuerpo legislativo, las juntas directivas de las tres comisiones y la Junta de Coordinación Política del Senado de la República convocaron a un amplio proceso de diálogo a través de cinco conversatorios públicos abiertos plurales y democráticos que se celebraron durante el mes de mayo. Participaron expertas y expertos de la materia, académicos, la industria de la radio y la televisión, concesionarios, representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad, representantes de las audiencias y senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios. 

Gracias a este ejercicio democrático, hoy contamos con un documento incluyente, robusto y transparente.

En este nuevo dictamen se asegura que ninguna mexicana o mexicano quede excluido del acceso al internet, la comunicación y la información.

Se fortalece el pluralismo, la libertad de expresión, se fortalece el derecho a la información, separando con precisión las competencias regulatorias y garantizando la participación activa del Estado en la política pública del sector. 

Uno de los principales avances es el reconocimiento de voces históricamente marginadas, pueblos originarios, radios comunitarias, audiencias con barreras de accesibilidad y regiones sin conectividad.

Hemos incorporado medidas para garantizar la accesibilidad a personas con discapacidad, así como mecanismos para facilitar el acceso al espectro por parte de concesiones de uso social, comunitario e indígena, exentándolas del pago de derechos. 

También se impulsa la sostenibilidad de estos medios al permitirles comercializar hasta el 3% de su tiempo para anunciantes locales, recibir donativos y patrocinios y acceder hasta un 10% del presupuesto de publicidad oficial. Esto fortalece su viabilidad operativa y la economía local.

A quienes manifestaron preocupación sobre el posible control de contenidos, se eliminan los artículos que otorgaban atribuciones a la Secretaría de Gobernación y a la Agencia de Transformación Digital para intervenir en contenidos o bloquear plataformas. Se protege nuestra soberanía con la limitación de propaganda política extranjera sin afectar la libre expresión. 

Asimismo, se refuerzan los derechos de las audiencias estableciendo claramente la diferencia entre información noticiosa y opinión.

Se incorporan los mecanismos para garantizar los derechos de los usuarios digitales y las audiencias con discapacidad. 

A los concesionarios les garantizamos certeza jurídica y condiciones de libre competencia. 

Se crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones con Independencia Técnica y Operativa, integrada por cinco personas propuestas por la Presidencia y ratificadas por el Senado. Esta comisión será responsable de la autorización, regulación, vigilancia y sanción de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Sus reuniones serán públicas. La autoridad competente en materia de competencia económica estará sectorizada a la Secretaría de Economía y junto con los tribunales especializados resolverá casos relacionados con poder sustancial, preponderancia y regulación asimétrica.

Por su parte, la Agencia de Transformación Digital conducirá la política estatal para garantizar cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro. El Estado podrá participar como proveedor comercial en igualdad de condiciones sin dejar de cumplir su misión social. 

Se incorpora un mecanismo flexible de pagos en anualidades para concesiones públicas, así como descuentos a quienes amplían la cobertura, favoreciendo la expansión de la conectividad.

También se establece un marco claro para el uso de tecnología en la localización de personas desaparecidas, delimitando qué autoridades pueden solicitar información y en qué casos, siempre con apego a los derechos humanos. 

Senadoras y senadores, esta ley es producto del diálogo y de la apertura, de escuchar y construir con todas las voces y actores. Es una herramienta para cerrar brechas, garantizar derechos y fortalecer la soberanía tecnológica del país.

Es la base de la transformación digital de México, que acompañará mejores en servicios públicos, trámites y accesos a la información. Durante muchos años, esta agenda fue dominada únicamente por intereses minoritarios y comerciales. Hoy estamos corrigiendo el rumbo.

Gracias.