Con permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, comparezco ante esta soberanía con la profunda convicción de que hoy estamos haciendo historia.

En esta primera reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, hemos aprobado los dictámenes de gran calado, que marcan un antes y un después en la manera en que el Estado mexicano enfrenta el desafío de la seguridad pública. Me refiero a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública.

Instrumentos jurídicos que recogen la experiencia institucional acumulada, pero sobre todo proyectan el rumbo estratégico que nuestro país necesita para consolidar la paz, fortalecer la justicia y recuperar la confianza del pueblo en sus instituciones. Un nuevo paradigma de seguridad pública.

Durante décadas, México sufrió las consecuencias de una estrategia centrada en el uso excesivo de la fuerza y en estructuras fragmentadas de coordinación. Hoy, mediante estas leyes, estamos consolidando un nuevo modelo centrado en la inteligencia, la profesionalización y la cooperación.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública cumple con el mandato constitucional del artículo 21, al establecer con claridad las bases de integración, atribuciones y responsabilidades de las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno esa nueva norma. Define el marco operativo de las mesas de paz y los consejos locales de seguridad como espacios de articulación territorial y toma de decisiones ejecutivas.

Establece la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública, eje de profesionalización de policías y operadores del sistema. Garantiza la dignificación de las condiciones laborales del personal, prohibiendo la subcontratación, promoviendo el acceso pleno a seguridad social, pensiones, vivienda y prestaciones integrales. Inteligencia estratégica al servicio del Estado de Derecho.

Por su parte, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia permite dotar al Estado mexicano de una estructura tecnológica y organizativa de vanguardia para la generación de productos de inteligencia criminal, fortaleciendo así la investigación, persecución del delito y la prevención proactiva.

Esta ley crea la Plataforma Central de Inteligencia bajo responsabilidad del Centro Nacional de Inteligencia, la cual interconectará base de datos de todas las instituciones de seguridad pública y Procuración de Justicia del país.

Instala el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública como órgano superior de deliberación y coordinación estratégica.

Establece estándares obligatorios de certificación, evaluación y profesionalización para todo servidor público que maneje información de inteligencia. No se trata de espiar, sino se trata de actuar con responsabilidad institucional, legalidad y garantías. Hablando de inteligencia para la justicia, no de vigilancia arbitraria.

Resultados y justificación de la reforma: No hablamos de promesas vacías, esta ruta estratégica está respaldada por resultados verificables. Entre octubre del 2024 y mayo de 2025 se detuvieron más de 23 mil generadores de violencia, se aseguraron 172 toneladas de droga, se desmantelaron 994 laboratorios clandestinos, la incidencia de delito de alto impacto ha disminuido en un 43.6 por ciento desde 2018.

Feminicidio, secuestro, robo con violencia y robo a casa, habitación han caído significativamente.

En entidades como Baja California la reducción de homicidios dolorosos ha sido de 41.2 por ciento. Estos datos confirman que esta estrategia basada en sus cuatro ejes rectores de atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, así como la coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad con las entidades federativas.

Representa una mejor coordinación, mejor tecnología y una mejor atención a las causas de la violencia, fortaleciendo las capacidades de las instituciones de seguridad y de justicia, lo cual es completamente operable y debe ser fortalecida con el presente marco jurídico que se propone en este momento. Tan importante en la historia nacional en materia de seguridad pública.

Seguridad con visión humanista. Lo que estamos haciendo no es sólo una reforma legal, es una reivindicación moral. El modelo anterior ignoró a las víctimas, minimizó el sufrimiento de comunidades enteras y convirtió a la seguridad pública en una consigna electoral. Hoy en estas leyes el Estado mexicano recupera su papel de garante de derechos humanos y lo hace con base en el humanismo mexicano, justicia social, prevención, reinserción y paz con dignidad.

La seguridad pública no es ni debe ser más un botín político, es un derecho humano y como tal debe ser defendido con leyes firmes, instituciones confiables y servidores públicos comprometidos.

Compañeras y compañeros senadores, rechazar esta reforma sería regresar a un modelo inoperante que tanto daño ha causado a nuestro país, por eso de manera respetuosa les hago un llamado, pero se los hago con firmeza. Como senadora de la República, como representante también de un pueblo que se encuentra representado aquí por nosotros y por nosotras las senadoras, yo les pido que respaldemos ese nuevo andamiaje legal que sin duda marcará el parteaguas.

La construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación en materia de seguridad pública se puede concluir, porque eran cinco minutos. Exige compromiso y visión de Estado.

Muchas gracias, presidente. Gracias, compañeros.