Senadoras y senadores integrantes de las comisiones unidas de Energía, Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos.
El sector energético es la base para nuestra soberanía, pero sobre todo palanca de desarrollo de nuestra nación. Por lo anterior, desde la llegada de la 4T, se implementó una política de rescate de Pemex y la CFE. Recientemente, las empresas productivas del Estado se transformaron en empresas públicas del Estado para recuperar su potestad sobre el petróleo y la electricidad.
Así, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo continúa con los esfuerzos realizados durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ello, la semana pasada en el Senado de la República aprobamos 10 leyes reglamentarias de la reforma en materia de empresas y áreas estratégicas. Esto incluye la emisión de ocho leyes secundarias y la reforma, derogación y adición de diversas disposiciones a otras dos leyes, habiendo quedado pendiente la ley de ingresos sobre hidrocarburos, que es el tema que nos convoca el día de hoy.
Derivado de la reforma energética del año 2013, la carga fiscal impuesta a Pemex fue inmensa, alcanzando en el año 2015 un 65 por ciento. Ninguna empresa petrolera del mundo funciona adecuadamente con estos impuestos, menos aún si la endeudan indiscriminadamente, como lo hicieron en la época oscura del neoliberalismo. Esta reforma del 2013 modificó el régimen fiscal de Pemex y creó la ley de ingresos sobre hidrocarburos, estableciendo diversas obligaciones para la exploración y explotación del petróleo y el gas.
De esta manera se permitió la transferencia de recursos estratégicos a intereses privados nacionales y extranjeros, que sólo veían la ganancia desmedida y a toda costa, afectando la soberanía y el bienestar del país. Bajo la premisa de la libre competencia, se impulsó un régimen fiscal injusto mediante la ley de ingresos sobre hidrocarburos, obligando a la empresa a pagar, uno, derecho de utilidad compartida, DUC, con tasas iniciales del 65 por ciento diseñadas para estrangular sus finanzas. Dos, derecho de extracción y exploración, pagos mensuales que priorizaban cobros al Estado sobre inversiones en explorar y así incorporar reservas.
Y, número tres, impuestos adicionales, impuesto especial sobre producción y servicios, impuestos sobre la renta, entre otros impuestos. Este esquema no buscaba el progreso de Pemex, sino debilitarlo con el objetivo de volver inviable su operación para privatizarlo. Es trascendental mencionar el daño financiero que le causaron los gobiernos neoliberales a Petróleos Mexicanos.
Explico. Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, endeudaron a la empresa en un 100 por ciento de 68 mil millones de dólares en el 2007, a 132 mil millones de dólares en el 2018, para dejarla al borde de la quiebra. Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el fortalecimiento de Pemex fue una constante y una realidad. Es muy importante mencionar que se redujo la deuda un 24 por ciento para situarse en 98 mil millones de dólares.
Operativamente y gracias a las grandes inversiones realizadas, no solamente se detuvo la declinación de la producción, sino que se logró aumentar de un millón 600 mil barriles diarios a un millón 800 mil barriles diarios, con el objetivo de mantener esta plataforma para el actual sexenio. De continuar a ese ritmo, hoy solamente se producirían cerca de 400 mil barriles diarios, es decir, necesitaríamos importar petróleo crudo. Gracias a las inversiones en el Sistema Nacional de Refinación, ahora importamos menos combustibles, cambió la proporción, importamos solamente el 20 por ciento y no el 80 por ciento como era en el año 2018.
También se ha disminuido gradualmente el derecho de utilidad compartida, DUC, de 65 por ciento que se pagaba en 2019 a 40 por ciento en 2023 y finalmente al 30 por ciento en 2024, porcentaje que se mantiene este año con el fin de mejorar la operación para aumentar la exploración y la producción de hidrocarburos petrolíferos y fertilizantes. La iniciativa que discutimos hoy es decisiva para las finanzas de petróleos mexicanos, ya que se sustituyen tres derechos, el de utilidad compartida, el derecho por extracción de hidrocarburos y el derecho por exploración de hidrocarburos por sólo uno, el derecho petrolero para el bienestar, DPB por sus siglas, que es una tasa única ajustable que prioriza la viabilidad financiera de Pemex. Con este derecho petrolero para el bienestar se simplifica el esquema fiscal de Pemex y se fortalece su papel como empresa pública del Estado.
Ahora el derecho a pagar se mantiene en 30 por ciento para petróleo y en un 11.63 por ciento para el gas. El reto es consolidar un régimen que elimine la carga fiscal a la que Pemex era obligado y que tuvo como consecuencia que se frenara la inversión en tecnología y desarrollo. Con la aprobación de esta reforma se prioriza la reinversión de manera que cada peso que Pemex genere debe destinarse a fortalecer su infraestructura, incrementar la exploración y mantener la producción de petróleo crudo y gas.
Por eso con este dictamen se simplifica el esquema tributario asegurando que las ganancias beneficien primero a la nación, se reduce la carga administrativa y los costos operativos de Pemex y se reafirma el compromiso con una política fiscal responsable y unas finanzas públicas sanas. El nuevo régimen fiscal denominado derecho petrolero para el bienestar impulsará la productividad, la eficiencia y la transparencia de Pemex. Además tendrá como eje de su operación la austeridad republicana.
Como lo ha manifestado nuestra presidenta la doctora Claudia Sheinbaum Pardo es fundamental construir una república soberana con energía sustentable. Al aprobar este dictamen garantizamos de manera responsable que nuestra principal empresa pública Pemex cuente con las herramientas necesarias para continuar siendo un motor en el desarrollo de nuestro país. Por lo anterior los invito a emitir su voto favorablemente al presente dictamen que hoy discutimos.
Muchas gracias.
