Agradezco la confianza del Grupo Parlamentario de Morena para fijar ante esta honorable asamblea el posicionamiento en torno al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y del Código Penal Federal.

Desde esta tribuna, con absoluta convicción, en este movimiento histórico que es Morena expresamos, las senadoras y los senadores de Morena, con firmeza y sin medias tintas nuestro respaldo absoluto a la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de enfrentar con todo el peso del Estado mexicano al flagelo que ha envenenado a nuestro país por décadas, que se trata del lavado de dinero y de la delincuencia organizada.

Este dictamen no contiene una reforma más, este combate no es técnico, es ético, es político, es una auténtica acción de Estado con vocación de justicia y con el compromiso firme de cortar de raíz las redes financieras del crimen. Es un mensaje poderoso, fuerte.

En México ya no gobiernan los corruptos ni manda el crimen, hoy manda el pueblo mexicano.

Y miren ustedes, en el contexto internacional donde la corrupción y el lavado de dinero son amenazas reales que cruzan fronteras, los países tienen el deber de prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos. Una de las medidas más eficaces es identificar a las personas políticamente expuestas, es decir, personas con influencia pública que por su posición pueden abusar de ella para el beneficio personal o de terceros.

En este sentido, el precepto incluido en la propuesta normativa no es un exceso ni una medida abusiva, sino una disposición necesaria, técnica y conforme a estándares internacionales orientada a prevenir riesgos concretos y probados.

La propuesta, que está fijada en el artículo 3º, fracción novena bis, dice claramente que persona políticamente expuesta es aquella persona física que desempeña o ha desempeñado funciones públicas en territorio nacional o en un país extranjero, así como las personas relacionadas con ellas que cumplan con las condiciones y características que la Secretaría, en este caso Hacienda, establezca en reglas o disposiciones de carácter general.

En otras palabras, se incluye no sólo al funcionario público, sino también a ciertas personas cercanas a él, familiares o asociados, cuando así lo determine la autoridad competente bajo parámetros objetivos en las disposiciones de carácter general y se trata de evitar hechos, nichos de impunidad.

También hay que recordar que esto es una relación internacional que tenemos con el Grupo de Acción Financiera Internacional, la famosa GAFI, y que en sus 40 recomendaciones incluye en la número 12, expresamente, que las instituciones financieras deben aplicar medidas reforzadas de debida diligencia para relaciones comerciales y transacciones con personas políticamente expuestas, incluyendo a sus familiares cercanos y asociados cercanos. Así lo dice: familiares cercanos pueden incluir cónyuges, parejas equivalentes, hijos, padres y hermanos.

Los asociados cercanos pueden ser personas con vínculos personales, profesionales o empresariales estrechos, por ejemplo, socios, asesores, clave, miembros del mismo partido político o junta directiva.

Esto demuestra que el estándar internacional no sólo permite, sino que exige expresamente esta inclusión.

Este proyecto surge de la iniciativa del senador Javier Corral Jurado y fue enriquecido mediante un ejercicio de Parlamento abierto, donde voces expertas se sumaron a este esfuerzo legislativo durante muchas reuniones y muchos meses.

Es una propuesta seria, sólida y con visión de Estado. Por eso, que nadie se confunda, estamos ante un choque de dos modelos de país, uno que protege al crimen y otro, el nuestro, el de la Cuarta Transformación, que lo combate con inteligencia, justicia social y amor por México. Y que tenemos que combatir entre todos ese nepotismo delincuencial.

Y les pongo un ejemplo para terminar, porque esta reforma va en contra de las redes de encubrimiento familiar o clientelar generadas por la delincuencia organizada. Ahí tienen el caso del Chapo Guzmán, un delincuente sentenciado y que en el afán de beneficiar a su familia y patrimonio se vale de ese nepotismo delincuencial, al grado de que no sólo los chapitos, sino también sus esposas, nietos y demás familiares, entre ellos la famosa Emma Coronel, obtuvieron beneficios del gobierno americano, el principal de ellos la conservación de su riqueza ilícita.

¿Cómo es posible que puedan conservar esos recursos saqueados al pueblo mexicano? Por eso quienes integramos el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor de este dictamen, porque es una muestra fiel de que lo que nos trajo hasta aquí que es proteger a los más vulnerables, castigar a quienes han robado al país, prevenir que eso se repita y vamos a devolverle al pueblo la esperanza de vivir en un país cada vez mejor.

Gracias por su atención, gracias por su comprensión, presidente.