Con el permiso de la presidencia, senadoras y senadores, quienes participamos en la consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación, durante los últimos años hemos puesto en marcha una revolución pacífica profundamente humana, una revolución de las conciencias, como lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, que no se mide únicamente en cifras, sino en vidas mejoradas, en derechos garantizados y en instituciones fortalecidas para el bienestar colectivo.

Esta transformación histórica, como objetivo fundamental, tiene la de seguir construyendo una nación próspera, justa, segura para todas y todos. Y uno de los pilares fundamentales de dicha transformación es la Guardia Nacional. 

Esta institución no surge como una ocurrencia, sino como una necesidad impostergable del Estado mexicano para devolverle al pueblo lo que nunca debió perder, la paz.

El surgimiento de la Guardia Nacional durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador fue una decisión basada en la necesidad de contar con una fuerza pública confiable, profesional, disciplinada y territorialmente desplegada para garantizar la seguridad del pueblo de México.

Hoy, a través de este dictamen, se propone la expedición de la Ley de la Guardia Nacional para proporcionar una base legal coherente, detallada y estructurada que dé sustento a la corporación como una fuerza armada permanente, de carácter militar, pero con formación policial, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, con funciones claramente definidas en la prevención e investigación de delitos, así como en la ejecución de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Este dictamen no improvisa, no simula, responde al mandato constitucional de la Reforma del 30 de septiembre de 2024 y tiene como objetivo corregir la ambigüedad normativa que ha limitado el pleno desarrollo de la Guardia Nacional. Con la expedición de esta ley consolidaremos su estructura operativa, su régimen disciplinario, sus mecanismos de coordinación con autoridades civiles y sus obligaciones en materia de derechos humanos y control judicial.

Estamos ante una institución con presencia en las 32 entidades federativas, integrada por más de 133 mil elementos, de los cuales 108 mil 455 realizan funciones operativas distribuidas en 266 coordinaciones regionales y en 403 instalaciones.

No existe precedente de un despliegue federal tan extenso ni una fuerza pública con tanta fortaleza y reconocimiento como la que tiene la Guardia Nacional tras la aceptación del 74% de la población que aprueba su desempeño, más arriba que la Policía Estatal y las Policías Municipales. 

Este nivel de despliegue y confianza ciudadana demanda un marco legal a su altura, por ello el dictamen también propone armonizar el marco jurídico militar y administrativo para asegurar que la Guardia Nacional se integre de manera plena y ordenada al entramado institucional del Estado mexicano.

De forma específica se plantea reformar ocho leyes y dos códigos a fin de garantizar que las y los integrantes de la Guardia Nacional cuenten con ascensos justos, seguridad social, formación técnica profesional, así como un régimen disciplinario de justicia militar recogido en el principio de la legalidad y la proporcionalidad. 

Estas propuestas están plenamente alineadas con el segundo eje de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 que prevé la consolidación de la Guardia Nacional como columna vertebral del nuevo modelo de seguridad pública basado en la inteligencia, la proximidad social y la coordinación interinstitucional. Los logros que ha habido hasta ahorita no son casuales, son reflejo de una estrategia que va más allá de las cifras, representan una política de seguridad con rostro humano que no sólo enfrenta al crimen, sino que también atiende las causas estructurales de la violencia y contribuye a reconstruir el tejido social con acciones integrales.

Hoy votamos con la certeza por la justicia y por una Guardia Nacional que seguirá siendo un pilar de la paz en nuestro país.