Hoy discutimos un proyecto de decreto para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, cuyo origen es la iniciativa presentada por el diputado Ricardo Monreal. Esta reforma pone fin a los cobros automáticos injustificados y a las renovaciones forzosas. Se trata de devolver al consumidor el control sobre su dinero, sobre sus decisiones y, en última instancia, sobre su economía familiar.

El espíritu de esta iniciativa es muy claro. La información y el consentimiento deben ser la base de cualquier relación de consumo. Las empresas estarán obligadas a informar de manera clara y destacada si un servicio incluye cargos automáticos recurrentes.

Nada de letras chiquitas, nada de cláusulas escondidas. Las plataformas deberán indicar el monto, la fecha y la periodicidad del cobro desde el primer momento. ¿Cuántas veces hemos contratado un servicio, una aplicación o una membresía que, con el paso del tiempo, dejamos de usar pero que continúa cobrando mes tras mes? Pero al intentar cancelarla, nos enfrentamos a procesos largos, confusos y llenos de obstáculos.

Esto es, en realidad, un abuso que vulnera los derechos de las y los consumidores. Ya no bastará con un clip perdido o con una casilla marcada por defecto. La voluntad del usuario será indispensable.

Pero quizá el punto más importante y que más agradece la ciudadanía es el derecho a cancelar cualquier servicio de forma inmediata y sin penalizaciones. Porqué cancelar no debería ser una odisea. Cancelar un servicio no debería implicar hablar con cinco operadores, llenar formularios, esperar semanas o recibir cargos adicionales.

En 2020-2024, más de 67 millones de personas realizaron compras en línea. Esto en un click. Con esta reforma se garantiza que la cancelación sea sencilla, directa y sin castigos.

Esto no solo es una medida de justicia para las personas consumidoras. La digitalización avanza con rapidez. Pero hoy damos un mensaje contundente a las empresas.

La competencia debe basarse en la calidad, en el servicio y en la confianza, no en el engaño ni en el abuso. Las y los ciudadanos merecen certeza sobre lo que pagan, cuándo lo pagan y por qué lo pagan. Las empresas que actúan de manera responsable también se benefician porque un consumidor informado es un consumidor fiel.

Protegemos a más de 90 millones de consumidores activos en México. Hoy en día, más del 70% de las compras y servicios contratados en el país se realizan por medios digitales, lo que ha incrementado los casos de cobros automáticos no autorizados que representan cerca del 35% de las quejas registradas anualmente. Con esta iniciativa, México busca garantizar que los usuarios tengan información clara desde el primer momento y que puedan cancelar servicios sin penalizaciones, fortaleciendo la transparencia en los contratos y la confianza entre consumidores y empresas.

A nivel internacional, México se alinea con una tendencia global que prioriza la defensa del consumidor en la era digital. En Europa y en Estados Unidos, esta regulación ya es una realidad y se han impuesto sanciones millonarias a las empresas. Con esta reforma, México se suma a esas buenas prácticas internacionales.

En una economía donde las suscripciones, los servicios en línea y los pagos automáticos se han vuelto parte de nuestra vida diaria, esta reforma representa un paso firme hacia una economía más justa, transparente y humana. Hoy defendemos a millones de consumidores que con razón piden reglas claras y trato digno. La verdad, el grupo parlamentario de Morena estamos a favor de esta reforma y es para bien de muchos consumidores por la era digital.

Es cuanto, señora presidenta.