Durante la discusión de la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las y los senadores del grupo parlamentario de Morena defendieron con firmeza los principios que la sustentan: soberanía nacional, acceso igualitario a los servicios de comunicación y combate a las injerencias extranjeras en el sistema mediático mexicano. El senador José Antonio Cruz Álvarez Lima, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, explicó con claridad los alcances técnicos y sociales de esta propuesta presidencial.
Aseguró que esta reforma “garantizará el desarrollo de los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión”, y que el Estado asumirá un rol activo y responsable en la administración del espectro radioeléctrico. Dicha administración, dijo, será “eficiente, equitativa y transparente”, con el objetivo de que los servicios lleguen a todos los sectores de la población, con plena inclusión de las comunidades indígenas y afromexicanas.
Uno de los puntos discutidos fue el relativo al blindaje frente a mensajes e influencias extranjeras. En este sentido, Cruz Álvarez Lima detalló que la reforma “contempla la prohibición de propaganda política e ideología extranjera”, al establecer que “los concesionarios que operen servicios de radiodifusión, televisión o audio restringido dentro del país no podrán difundir mensajes propagandísticos de carácter político, ideológico, comercial o de cualquier otra índole proveniente de gobiernos o entidades extranjeras, salvo de aquellos relacionados con la promoción turística y cultural”. Añadió que también “queda prohibido que gobiernos extranjeros hagan uso de los medios de comunicación nacionales para intervenir en los asuntos internos del país”.
En defensa de este mismo principio de soberanía, el senador Aníbal Ostoa Ortega fue enfático al rechazar los señalamientos de que la reforma promovía la censura: “Esta no es una medida de censura, es una medida de protección, es un acto de dignidad, soberanía y autodeterminación”, afirmó. Recordó que quienes incumplan estas disposiciones enfrentarán sanciones claras, con multas que irán del 2 al 5% de sus ingresos, y advirtió: “esta vez el Estado mexicano no se quedará cruzado de brazos”.
Por su parte, el senador Miguel Pavel Jarero Velázquez enfocó su intervención en el rechazo sistemático de la oposición a toda iniciativa que fortalezca al Estado: “O sea, en el fondo la oposición se opone al fortalecimiento del Estado Nacional”, declaró, recordando que estos partidos votaron en contra del fortalecimiento de sectores estratégicos como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. “Insisto, y lo vuelvo a recalcar, para la oposición su estrategia es que le vaya mal a este país”, puntualizó.
Además, cuestionó si realmente alguien podría oponerse a regular contenidos que fomentan actividades criminales: “¿Alguien de los presentes se puede oponer a que se baje una página que fomenta el reclutamiento de jóvenes al crimen organizado? ¿La oposición se puede oponer a eso?”. Enfatizó las contradicciones discursivas de la derecha: “La narrativa ya no les cuadra porque resulta que hasta ellos, que fueron defensores del modelo de libre mercado, hoy tienen serias contradicciones” dijo.
El senador Alfonso Cepeda Salas abordó la dimensión ética y social de la iniciativa. Afirmó que “es una ley que pone la radiodifusión y las telecomunicaciones al servicio del Estado mexicano y no al revés, como muchas veces sucedió en el pasado, y por supuesto al servicio del pueblo de México”. Cepeda Salas planteó que la reforma permitirá contener la desinformación: “Estamos ante la gran oportunidad de poner un alto, un freno a la infodemia para dar paso a lo que debe ser una información veraz y ética”.
La senadora Laura Estrada Mauro indicó que, en cuanto a la propiedad de la nación, siempre se piensa en la tierra, el subsuelo, e incluso el agua o los hidrocarburos. Pero poco se reflexiona sobre la importancia estratégica del espectro radioeléctrico. Resaltó que su uso es para fines que van de lo económico, lo educativo, la información hasta la salud, por lo que es un recurso que, administrado por el Estado, tiene la capacidad para potenciar el desarrollo social y económico del país.
Desde una perspectiva social, el senador Juan Carlos Loera de la Rosa defendió la propuesta como un mecanismo de protección para las mayorías, particularmente para las zonas históricamente marginadas. Instó a los presentes a señalar algún acto de censura, tanto de la administración anterior como de la actual. Y subrayó el sentido estratégico de la iniciativa: “Con esta ley cerramos la puerta a ese tipo de injerencias, protegemos nuestra soberanía comunicativa, blindamos a nuestros medios frente a campañas que usan la tecnología para dividir, para discriminar, para sembrar odio”.
Finalmente, puntualizó: “Hoy no estamos legislando para las élites, estamos legislando para las niñas sin conectividad, para las familias en la sierra, para las comunidades que exigen acceso, voz y dignidad”.
El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara recuperó el contexto histórico de la legislación actual y denunció los privilegios otorgados anteriormente a los grandes corporativos. “Tengo la suerte de haber votado en contra de lo que el PRI y el PAN hicieron el 8 de julio del 2014… Ahora vienen a reclamar aquí cuando esta función del Estado se la daban a un organismo que defendía los intereses de las empresas de telecomunicaciones, con comisionados a modo…”, expresó con firmeza.
Con estas intervenciones, las y los senadores de Morena dejaron claro que esta reforma no busca restringir la libertad de expresión, sino asegurar que el sistema de telecomunicaciones sirva a los intereses de la nación y de su población más vulnerable. La propuesta representa un viraje histórico: de un modelo centrado en intereses comerciales, hacia un modelo donde el Estado garantiza el acceso, la equidad y la soberanía informativa.
