Muchas gracias por estar aquí. Saludo gratamente a todas y todos los presentes. Obviamente a mis compañeras senadoras, a la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, secretaria de la Comisión de Justicia;  a la senadora Susana Harp, quien ha suscrito la iniciativa de reforma constitucional para fortalecimiento de la reforma judicial. Por supuesto darle la bienvenida a las y los distinguidos foristas y asistentes a este encuentro. 

A nombre de la Comisión de Justicia del Senado de la República y como parte de la organización central de este evento me complace en darles la bienvenida a este espacio de debate, de análisis, de reflexión que hemos llamado fortalecimiento de las elecciones judiciales en México.

Particularmente nos da mucho gusto concurrir en esta convocatoria para detonar este debate y esta reflexión con la Red por la Independencia Judicial y con el Observatorio Permanente de Integridad Electoral. Se trata de un espacio de diálogo, reflexión y de intercambio de ideas ineludible para atender un tema tan importante como el que hoy nos convoca, nada más y nada menos que la transformación de los órganos jurisdiccionales de nuestro país. Y es en ese sentido que con esta convocatoria responde a un propósito nítido en un momento oportuno, reunir en una misma mesa a quienes conocen bien el sistema de justicia desde distintos ángulos, la judicatura, la academia, sociedad civil y obviamente la práctica profesional.

El objetivo es reflexionar con seriedad y honestidad lo que ya ocurrió y para construir a partir de esa experiencia propuestas que fortalezcan la elección popular de las personas juzgadoras en nuestro país. 

En los últimos meses varias voces ya han marcado una ruta. 

Desde el ámbito judicial se ha insistido en la importancia de cuidar los perfiles que lleguen a la función jurisdiccional.

Desde el Ejecutivo mismo se ha reconocido que el primer proceso dejó elecciones que deben considerarse para fortalecer el modelo. 

Hay que recuperar aquí la declaración de la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, cuando habló de ajustes mayores a la reforma judicial. Y desde la academia y organizaciones especializadas el señalamiento ha sido constante.

Sin mecanismos de evaluación sólidos, serios y fiables, el nuevo modelo judicial pierde capacidad y se aparta de sus propósitos el de transformar en beneficio del pueblo de México el sistema de justicia. Incluso la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, el día de ayer en su conferencia de prensa La Mañanera, señaló la necesidad de meditar sobre aplazar la elección de personas juzgadoras en el 2027. Habló de que se está analizando la propuesta de poder aplazar la elección del 27 al 28.

A esto se suma un factor que ha tomado relevancia fuera del ámbito jurídico. Distintos análisis, tanto en medios internacionales como en organismos económicos, han advertido que la forma en que se integran los tribunales incide directamente en la certeza jurídica. Y esa certeza es determinante para la inversión, para la resolución de controversias comerciales y para la estabilidad de las relaciones económicas.

La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en uno de sus informes más recientes, denominado Estudios Económicos de la OCDE México 2026, se ha referido a la elección judicial por voto popular en nuestro país y ha prevenido textualmente que México es el único país que elegirá a todos los jueces por voto popular, lo que implica un riesgo para la imparcialidad judicial. Un poder judicial percibido como vulnerable a la influencia política puede desalentar la inversión, particularmente en sectores sensibles o en aquellos donde puedan surgir disputas con el Estado. Observadores extranjeros también han señalado que la reforma judicial genera incertidumbre en el clima de inversión, particularmente en rubros como energía, agricultura y administración de pensiones del empleo formal.

Por eso este foro tiene una importante justificación, y lo hemos dicho públicamente. Estamos obligados a evaluar lo que ha ocurrido en este primer año de implementación, no para negar la reforma, sino para fortalecerla. En efecto, la experiencia del primer proceso ya nos dejó información nítida, precisa, pero sobre todo útil, y nos ha develado importantes áreas de oportunidad.

Y si hay un punto donde conviene concentrar el esfuerzo, es en la selección de quienes aspiran a juzgar. En la práctica, durante nuestra primera experiencia, los mecanismos de evaluación operaron con criterios distintos. No hubo parámetros suficientemente definidos para valorar trayectorias, capacidades técnicas o perfiles éticos.

Eso generó resultados dispares. También se observaron dinámicas que vale la pena atender, sobre todo en el ámbito local, donde en no pocos casos intervinieron estructuras de apoyo de grupos de poder que influyeron en la definición de candidaturas. Esto es relevante porque ahí se resuelve la mayor parte de los asuntos de la población.

Hay que prevenir a toda costa la captura partidista de las candidaturas, el nuevo clientelismo político-judicial y el uso nocivo de los mentados acordeones. A esto se sumó una dificultad genuina para la ciudadanía. Elegir entre perfiles poco conocidos, con información limitada, sin herramientas para distinguir preparación o experiencia.

Todo esto nos lleva a un punto central. El diseño puede fortalecerse si mejoramos los filtros de entrada y tomamos para ello las decisiones debidas. Desde la organización de este foro vemos tres líneas de propuestas sobre las que se puede avanzar y sobre las cuales coincidimos.

Desde luego, la primera es establecer una certificación técnica previa para aspirantes. Un mecanismo uniforme que evalúe capacidades indispensables, razonamiento jurídico, conocimiento procesal, interpretación constitucional, criterios de derechos humanos y ética judicial. Un estándar común que dé certeza sobre quienes llegan a la boleta.

La segunda es ajustar los tiempos del proceso. La experiencia ya mostró que se requiere tiempo para consolidar reglas, alinear criterios y asegurar que las instituciones operen con orden. Un calendario bien definido permite que el proceso se lleve a cabo con mejores condiciones, lo que hace razonable que la elección del 2027 se posponga al 2028.

Hemos insistido en ello porque además tenemos poco tiempo para ese ajuste constitucional que sería aún transitorio. Habida cuenta de la taxativa constitucional que establece el 105 de la Constitución para llevar a cabo reformas electorales 90 días antes del inicio de un proceso electoral. Aunque hay quienes están discutiendo ahora mismo si se podría aplicar o si se debiera aplicar a este tema la taxativa del 105.

Hasta ahora yo milito en esa opinión, pero quizá podamos también discutir dentro de este foro ese tema. Porque esto nos llevaría a tener como un plazo para esa necesaria reforma que es la posposición pues el mes de mayo. Y estaríamos hablando de un límite de entre el 18 al 22 de mayo para que el constituyente permanente pudiera aprobar una eventual reforma constitucional, como ayer mismo lo planteó la presidenta de la República cuando habló de la posibilidad o cuando dijo que se está analizando y que obviamente ello requeriría de una reforma constitucional.

La tercera es cuidar el perfil de quienes participan. Esto implica establecer reglas más estrictas frente a trayectorias políticas recientes y al mismo tiempo reconocer la importancia de la experiencia en la función jurisdiccional, la calidad de la justicia depende en buena medida de ese equilibrio. Este espacio está pensado para eso.

Lo hemos abierto cuando un grupo de legisladores, diputados federales y senadores de la República, hemos presentado en ambas cámaras del Congreso la misma iniciativa para tener un asidero, una salida, un punto de partida al necesario ajuste de la reforma judicial en nuestro país. 

Este espacio es para escuchar, contrastar ideas y avanzar en propuestas que permitan mejorar lo que ya está en marcha, porque el objetivo de fondo es compartido y no ha cambiado. Garantizar que quienes integren el poder judicial tengan independencia, preparación técnica y compromiso con la justicia, lo que se logra con mejores reglas, mejores filtros y perfiles que den confianza.

Si logramos corregir las fallas detectadas en el proceso anterior y fortalecer los mecanismos de selección, la reforma podrá cumplir la promesa que la motivó desde el inicio, acercar la justicia a la gente, acabar con la corrupción y la impunidad y recuperar la confianza de la sociedad en sus tribunales. Estamos en un momento adecuado para hacerlo. Nosotros hemos decidido alzar la voz para impulsar este cambio en el Congreso mexicano.

Bienvenidas y bienvenidos a este foro de fortalecimiento de las elecciones judiciales en México.