Al posicionar a favor del dictamen de reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal, Manuel Huerta hizo un breve repaso de la figura del lavado dinero que ha “corrompido las instituciones, ha distorsionado la economía y perpetuado la violencia que azota al pueblo”.
Recordó que el tema del lavado de dinero data de 1996 en el Código Penal, “pero no nació ahí, lo incubaron gobiernos corruptos que hablaban de legalidad, se coludían al mismo tiempo con cárteles, banqueros y cómplices, y contratistas de la impunidad”. Y no fue hasta 2012 que se creó la ley antilavado, pero esta normatividad estuvo “amordazada por la falta de voluntad de esos gobiernos”, criticó Huerta.
Expuso ante el Pleno que la ley fue usada como “garrote contra unos y como paraguas para los suyos; persiguieron al pequeño comerciante, a la señora que vendía casa por casa, pero jamás tocaron las puertas de las grandes fortunas inexplicables ni a los verdaderos operadores de la corrupción estructural, ni los Fobaproas, ni los Odebrecht, ni los García Luna, ni los Panamá Papers”.
Las reformas que combatirán el lavado de dinero, precisó, son el resultado de un proceso legislativo democrático, de dos jornadas de parlamento abierto en donde participaron representantes del sector financiero, notarial, contable, de corredores públicos, desarrolladores inmobiliarios y de especialistas en de derecho financiero.
Ante el Pleno, resaltó que previamente en Comisiones presentó reservas “en donde se recoge el espíritu de un documento que presentaron más de 50 organizaciones de la sociedad civil con propuestas para reconstruir una regulación con enfoque preventivo, proporcional y con impacto diferenciado”. De la misma forma, presentó una segunda reserva, sobre los umbrales para notarios y corredores públicos, que buscan homogeneizar los criterios de reporte de operaciones para ambos sectores, evitando asimetrías injustificadas.
Asimismo, destacó las medidas sustantivas que incluye las reformas antilavado, entre ellas: la incorporación del concepto de personas políticamente expuestas clave para combatir el uso de la política como herramienta contra la impunidad. Se fortalece también la obligación de identificar al beneficiario final cerrando las rutas del dinero sucio; se protege a los encargados de cumplimiento, quienes ya no estarán expuestos al miedo ni a las represalias; se amplía la lista de actividades vulnerables, se refuerza la cooperación interinstitucional y se garantiza la supervisión técnica y especializada.
Por último, el Senador del Pueblo aclaró que las reformas no buscan ser “una ley punitiva, es una ley preventiva y garantista. Se corrigieron excesos que podrían haber criminalizado la operación legítima de organizaciones civiles, sindicatos, iglesias y partidos políticos. Aquí no hay persecución, hay responsabilidad”, concluyó.
