Grupo Parlamentario MORENA, LXVI Legislatura

Ley de Vivienda no toca recursos de la clase trabajadora y relanza la vivienda social: Guadalupe Chavira

  • Los gobiernos del PRI y del PAN metieron al país en el rezago y financiaron la especulación; la vivienda social cayó 86% en diez años.

La senadora Guadalupe Chavira defendió en tribuna la nueva Ley de Vivienda y rechazó que comprometa los recursos de las personas trabajadoras del Fovissste o del Infonavit, al aseverar que la subcuenta individual del trabajador está blindada y no se toca, ni desaparece el fondo de vivienda de más de 867 mil millones de pesos y tampoco se desequilibra el mercado inmobiliario.

“Con esta reforma el modelo se transforma, se democratiza porque el acceso a la vivienda será más justo para todos y se enfrentará el rezago. Los recursos del Infonavit y del Fovissste son para las y los trabajadores de ese régimen y para nadie más”.

Al fijar la postura de Morena en el debate de las reformas a la Ley de Vivienda, Chavira de la Rosa rechazó que el gobierno vaya a tomar decisiones discrecionales para la construcción, compra de terrenos o remodelación de inmuebles, porque todas pasarán por un mecanismo tripartita, como sucede hoy en día.

“Encima de la gobernanza tripartita están los cuatro controles externos: la Auditoría Superior, la CNBV, el órgano interno de control y ningún proyecto de vivienda puede ejecutarse sin pasar por esa triple capa de fiscalización. Esto no es un cheque en blanco. Es el esquema más fiscalizado del Estado mexicano”, manifestó.

La secretaria de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda argumentó que el artículo 56 incorpora salvaguardas expresas para proteger el patrimonio de las personas trabajadoras y las aportaciones patronales, de modo que solo se podrá disponer de las aportaciones patronales del fondo institucional y los rendimientos del fondo colectivo, pero nunca de la subcuenta individual, “que queda blindada”.

Lo que cambia, asentó, es la forma en que los organismospueden aplicar los recursos institucionales para construir directamente, en lugar de entregárselos a desarrolladores privados.

El Fovissste seguirá otorgando créditos hipotecarios a suderechohabiencia y ahora, además, podrá construir vivienda para los trabajadores del Estado, más barata, mejor ubicada y sin el margen del especulador comercial.

El modelo de colocación no cambia: la vivienda construida se entrega mediante el mismo crédito hipotecario que existe desde hace décadas, con tasas diferenciadas a favor de las y los trabajadores de menores ingresos.

El único que pierde con esta reforma es el especulador comercial que durante décadas se quedó con el margen entre lo que pagaba el trabajador y el costo real de la vivienda. Ese intermediario ya no tendrá cabida. La reforma elimina al que sobraba, no toca a las y los trabajadores.

La morenista sostuvo que la vivienda es un derecho humano, pero los gobiernos neoliberales privilegiaron a los especuladores por encima de la vivienda social que cayó en un 86% en 10 años.

Tener un patrimonio, una casa, hacer realidad el derecho a la vivienda es una de las mejores formas de demostrar que estamos poniendo en el centro a los habitantes de esta gran nación”.

En cambio, los gobiernos del PRI y del PAN dejaron en el rezago a Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Veracruz.  Convirtieron al Infonavit y al Fovisste en banqueros hipotecarios cuando nacieron como garantes del derecho a la vivienda de la clase trabajadora y ese fue el verdadero despojo porque al quebrar Geo, Homex y Urbi, entre otras,miles de viviendas financiadas con recursos del fondo laboral quedaron inservibles, sin servicios, en zonas de riesgo, abandonadas.

En entrevista, abundó que Geo, Homex y Urbi arriesgaron su dinero, lo perdieron y se llevaron miles de viviendas de los trabajadores consigo, con pérdidas bursátiles desde 2013 hasta 2019 que en conjunto ascendieron hasta los 20,937 millones de pesos.

Chavira de la Rosa aclaró que en los gobiernos neoliberales la construcción cayó en un 60% y esta reforma lo que hace es someter la política habitacional a reglas, órganos tripartitos, fiscalización externa y mandatos legales de atención prioritaria, que harán realidad el derecho social a la vivienda en México.