Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos
En nombre de las y los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, me permito presentar el dictamen de reforma constitucional atinente a la simplificación orgánica. El dictamen aprobado por estas comisiones unidas de estudios legislativos y puntos constitucionales responde a un principio fundamental. El ejercicio de las responsabilidades públicas debe regirse por los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, tal como lo establece el artículo 134 de la Constitución.
Al cumplimiento de ese mandato se dirige justamente la materia del dictamen en la reestructuración de los organismos autónomos y órganos reguladores del país. Y también se dirige a racionalizar los recursos públicos y destinar los ahorros generados a políticas y programas sociales que combatan la desigualdad. Con ello, no sólo se pondrá punto final a los excesos y dispendio de recursos que caracterizaron a los gobiernos anteriores, sino que se generará un cambio estructural que optimice el uso de estos en función de las necesidades más urgentes del país.
En tal virtud, el dictamen aborda lo siguiente. Primero, se modifica el funcionamiento de los organismos como la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el INAI, los cuales, a pesar de haberse creado con el objeto de regular y garantizar la transparencia, quien lo duda, no han logrado cumplir cabalmente con sus funciones. Segundo, se plantea la fusión de ciertos órganos como el Coneval y el INEGI para evitar duplicidad de funciones y optimizar el uso de recursos, creando una mayor eficacia en la evaluación de políticas públicas y en la medición de la pobreza, garantizando que los datos y las acciones del gobierno se alineen con las verdaderas necesidades de la población.
Tercero, es fundamental destacar que, en modo alguno, se transgreden los compromisos internacionales de México. No, en todo momento se garantiza la libre competencia y concurrencia de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, asegurando que no se afecten las reglas del mercado ni los principios de competencia económica. De hecho, la reforma propone que el Ejecutivo Federal, a través de las autoridades correspondientes, regule de manera asimétrica a los actores de estos mercados para eliminar barreras a la competencia, lo que redundará en un beneficio para los consumidores y en una mayor transparencia en los sectores claves.
Cuarto, en cuanto a la reestructuración de los entes públicos, se establece que las estructuras orgánicas deberán ajustarse a los principios de racionalidad y austeridad republicana. Esto no sólo contribuirá a una administración más eficiente, sino que permitirá que los recursos se destinen de manera más efectiva a áreas prioritarias como educación, salud y la infraestructura social.
Concluyo señalando que esta propuesta es una medida necesaria para modernizar la administración pública, garantizar el buen uso de los recursos públicos y fortalecer las políticas de bienestar social, además de ser una oportunidad para avanzar hacia un gobierno más austero, transparente y comprometido con el bienestar de todas y todos los mexicanos.
Quiero ser muy enfático. Esta reforma no elimina ningún derecho y no elimina ningún mecanismo de garantía y tutela de derechos. Es una reforma que se dirige a fortalecer al Estado mexicano en función de colocar las funciones de garantía de estos derechos dentro de la órbita de los tres poderes a través de los cuales se ejerce la representación popular.
Por tanto, respaldamos con firmeza este proyecto y su implementación, convencidos de que contribuirá al fortalecimiento de un Estado más eficiente, equitativo y orientado al bienestar, siempre al bienestar de las y los mexicanos. Es cuanto, presidente.
