En el marco de la discusión de modificaciones a normas en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, el senador Manuel Huerta aseguró que la incorporación de una CURP biométrica y la creación de una plataforma única de identidad, tienen el propósito de fortalecer las capacidades del Estado para localizar e identificar personas desaparecidas.

Con estos instrumentos –advirtió Huerta en el debate en las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios legislativos– “no sólo moderniza el sistema del Registro Civil, sino que lo va a convertir en una garantía del derecho a la identidad”.

Huerta respondió a la oposición que “no es este gobierno el que convirtió la seguridad en espionaje ni la identidad en negocio, fueron otros. Esta iniciativa no busca vigilar a nadie, sino encontrar a quienes sus familias reclaman”.

Asimismo, negó que con los cambios legales que exista centralización del poder. “Es –puntualizó– centralización de las capacidades para actuar donde antes hubo diferencia. ¿Por qué les incomoda que el Estado, por primera vez, tenga herramientas reales para buscar a los desaparecidos?, cuestionó a la oposición.

En este orden, señaló que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, tiene el mandato técnico para operar esta plataforma con estándares de seguridad a nivel internacional y su actuación está sujeta al marco de protección de datos previsto por la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados.

Reiteró que “lejos de representar un riesgo, esta concentración de capacidades permite integrar en forma eficiente y segura la información que tantas veces ha estado dispersa e inoperante”.

Por otra parte, compartió que comparativos internacionales, como el “Global Report of Missing Persons”, de 2021, plantean como recomendación internacional consolidar bases biométricas y registros únicos de identidad como instrumento clave para búsqueda de personas. “Ese es el rango para todos los países, todas las regiones”.

El Senador del Pueblo consideró que, ante la ausencia de más de 100 mil personas en nuestro país, “tenemos que dar una respuesta ética, política y humana al clamor de miles de familias”.

Otras medidas que se contemplan modificaciones legales son, entre otras: obligación por parte de todas las autoridades y particulares para permitir acceso y consulta de datos; obligaciones para los servicios periciales y servicios forenses de la Federación y de las Entidades Federativas; implementación de la Ficha de Búsqueda; se crea la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas; evitar la duplicidad de los registros e investigaciones;  y fortalecimiento del Banco Nacional del Datos Forenses.