Grupo Parlamentario MORENA, LXV Legislatura

El respeto al derecho humano del agua y saneamiento en Tlaxcala

Por Ana Lilia Rivera
Senadora de la República

Los derechos al agua y al saneamiento son derechos humanos que cuentan con un reconocimiento autónomo en el derecho internacional de los derechos humanos. Ambos son interdependientes del derecho a un nivel de vida adecuado y son inherentes a los derechos a la salud y a la alimentación.

La Agenda 2030 prevé un objetivo exclusivo para los derechos relacionados con el agua, el cual no solo se enfoca en lograr el acceso universal de los servicios de agua potable, sino que también incluye el acceso a los servicios de saneamiento e higiene, la reducción de la contaminación de los cuerpos de agua, el uso eficiente del recurso hídrico, la gestión integrada, la protección y recuperación de ecosistemas relacionados con el agua, y la participación de las comunidades en la gestión del agua y el saneamiento.

En el ámbito nacional, ambos derechos fueron reconocidos con carácter fundamental, mediante la reforma por la que se incorporó un párrafo sexto al artículo 4° de la Constitución, el 8 de febrero de 2012, para establecer que:

a) toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, y

b) el Estado garantizará este derecho a través de una ley que definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Desde ese entonces, el Frente Parlamentario Contra el Hambre, Capítulo México (FPH), ha dedicado esfuerzos para lograr la garantía legislativa de los derechos al agua y el saneamiento, acompañando e impulsando importantes iniciativas y acciones en la materia. La más relevante de estas, tanto por sus alcances, como por su legitimidad democrática, ha sido la Iniciativa Ciudadana para la expedición de la Ley General de Aguas, presentada en la Cámara de Diputados el 14 febrero de 2020, la cual fue acompañada por legisladoras y legisladores de ambas cámaras del Congreso.

Pese a que se han logrado consensos técnicos sustanciales, la aprobación de esta propuesta de ley general sigue siendo una tarea pendiente del Poder Legislativo Federal.

En dicho tenor, para garantizar legislativamente los derechos humanos al agua y saneamiento, así como para promover el reconocimiento de los sistemas comunitarios para su gestión, partimos de la convicción de que una causa determinante de la terrible desigualdad en el acceso a los recursos hídricos en México es el ejercicio discrecional del poder al que ha dado lugar el actual marco jurídico, que concibe al agua como un bien comercial y no como un derecho. Un factor determinante en dicho problema, han sido las leyes estatales, que han permitido diversos desvíos y abusos de poder por parte de los poderes ejecutivos locales, a través de sus comisiones locales de agua, dando lugar a múltiples actos de corrupción e ineficiencia, que se reproducen de igual forma en el ámbito municipal.

De ahí la urgencia de contar con una ley marco capaz de orientar, de manera uniforme y coordinada, la responsabilidad concurrente en materia hídrica, de todos los niveles de gobierno, desde una auténtica perspectiva de derechos humanos que supere el actual modelo mercantilista para la gestión de agua en nuestro país.

Recordemos que el 14 de febrero del año en curso, en el Congreso del Estado de Tlaxcala, fue presentada la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tlaxcala, suscrita por la diputada Marcela González Castillo. Esta iniciativa pretende abrogar la legislación vigente en la materia y señala tener por objeto:

“respetar, proteger y garantizar el derecho humano de acceso al agua para el consumo personal y doméstico; reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales en materia de derechos humanos en lo que el Estado mexicano es parte, con énfasis en la promoción del valor social ambiental y económica de los recursos.”

Resaltan diversos aspectos problemáticos que, de aprobarse, implicarían una regresión en materia de garantía de los derechos humanos al agua y al saneamiento desde una perspectiva individual y colectiva. Varios de los problemas que conlleva esta propuesta han sido recientemente expuestos por un grupo de investigadores pertenecientes a instituciones académicas como la UNAM y la UAM, así como a diversas organizaciones civiles especializadas.

A continuación, solo se mencionarán dos de las propuestas más preocupantes:

1. La iniciativa establece la posibilidad de que la autoridad suspenda totalmente los servicios de agua, por falta de pago de las tarifas establecidas en la ley y su reglamento. Una medida como esta constituye una restricción desproporcionada para el acceso al derecho humano al agua que, por ende, resulta inconstitucional, puesto que el derecho en cuestión tiene como finalidad que se garantice por el Estado el acceso, disposición y saneamiento en forma suficiente para la vida, es decir, que se permitan satisfacer las necesidades esenciales de las personas consistentes, entre otras, en beber, conservar la salud y preparar y producir alimentos para el consumo personal. En dicho tenor, la falta de pago por los servicios de suministro de agua solo puede dar lugar a una restricción parcial que, en todo caso, permita el acceso al agua para uso personal y doméstico en forma suficiente, salubre y aceptable, como se reconoce en el artículo 4 de la Constitución. Esto, con especial consideración para aquellas personas que se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad que les impida solventar tales erogaciones.

2. La iniciativa omite el reconocimiento de las comunidades locales como sujetos colectivos de derecho para la gestión comunitaria del agua y el saneamiento. Ello, a pesar de que, en el Estado de Tlaxcala, existen alrededor de 600 comités comunitarios de agua. La invisibilización de este derecho comunitario ante la ausencia de mecanismos que garanticen la participación de las comunidades en la gestión del agua es incompatible con estándares internacionales en la materia, como los fijados por la ya referida Ley Modelo de Sistemas Comunitarios de Gestión del Agua. Asimismo, resulta una medida regresiva e incompatible con instrumentos normativos nacionales implementados por el actual gobierno federal, como las Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2021, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de diciembre de 2020. En dicha normativa se reconoce el papel primordial de los comités comunitarios del agua en la gestión, monitoreo y supervisión de los servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural.

Por razones como las anteriores, y considerando los antecedentes aquí planteados, se puede concluir que, la aprobación de la iniciativa en referencia resulta incompatible con las directrices y contenidos sustanciales que debe de cumplir una legislación del agua con perspectiva de derechos humanos, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo sexto del artículo 4° de la Constitución.

En este sentido, su aprobación resultaría ser una medida legislativa regresiva en materia de derechos humanos, contrario al principio de progresividad establecido en el tercer párrafo del artículo 1° Constitucional, al cual se encuentran vinculadas todas las autoridades del Estado.