En Baja California Sur la pesca ribereña y acuacultura, son claves en el combate a la pobreza y por supuesto que son elementales para atender a la seguridad alimentaria. De ahí que conservar esta actividad debe ser a todas luces una práctica constante de todos los gobiernos, tanto de las administraciones presentes como de las pasadas, en ese sentido, es pertinente que, ante los abusos y las malas prácticas del pasado, es un deber ser corregidas por las presentes administraciones.

Tal es el caso en el que nos encontramos en Baja California Sur, donde hace unos cuantos días se revivió lo que ya se veía venir y repetir con el despojo de la playa contigua a la calle Rangel entre 5 de febrero y Cuauhtémoc, probablemente el único tramo de playa que quedaba para uso público en el antiguo barrio histórico del Manglito, donde apareció un letrero que dice: “API CUENTA CON UNA SUPERFICIE 11,189 M2 CONCESIONADA EN ESTA ZONA. Dicha superficie fue materia de un contrato de cesión parcial de derechos celebrado por APIBCS con un particular el día 21 de marzo de 2021. Por lo anterior se procede a restringir el acceso, y únicamente se permitirá la salida de bienes muebles a partir del 7 de junio de 2022.”

Cabe destacar que nosotros NO estamos en contra del crecimiento urbano y el desarrollo que merece nuestro amado Estado, pero eso no significa que afectemos a nuestros ciudadanos, ya que en todo momento nosotros tenemos la obligación de velar por quienes menos tienen.

Y es que, a decir de las propias familias paceñas, pescadores y prestadores de servicios turísticos con esta restricción se les limita y se les despoja de un derecho que tienen implícitamente. Y es que hay que recordar que en el Senado de la República por unanimidad se aprobó una minuta que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, para garantizar el libre acceso a las playas mexicanas.