En conferencia de prensa en Xalapa, Veracruz, el Senador Manuel Huerta informó que la ciudadanía debe enterarse ampliamente de la elección que tendrá verificativo el próximo 1 de junio, fecha en la que se elegirán personas juzgadoras en el ámbito federal, destacando entre ellos los cargos de ministras y ministros, juezas y jueces, así como magistradas y magistrados.
Cuestionado sobre la existencia de una lista de personas juzgadoras propuesta por los poderes Legislativo y Ejecutivo por las cuales votar, dijo desconocerla y precisó que su papel se limita a difundir institucionalmente los comicios judiciales federales de junio próximo. Se trata —dijo— de que la ciudadanía “ubique su casilla del Poder Judicial para que la gente se entere, que se conozca. No estamos haciendo campaña a favor ni en contra de nadie”, aseveró.
Reiteró que, como resultado de su gira por el sur veracruzano, tomó nota de la inquietud de campesinos y productores para sacar la producción agrícola, particularmente de Texistepec en el caso del maíz, que no encuentran vías para sacar su cosecha y solo tienen la amenaza de los “coyotes” y sus bodegas acaparadoras.
Reconoció que aún faltan caminos para sacar la producción agrícola y maquinaria como las sacacosechas; frente a ello han funcionado los programas dirigidos al campo, pero todavía queda mucho por hacer.
Adelanta que sostendrá diálogo con el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán
Adelantó que se comunicó con el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, quien se encuentra en Washington, con quien acordó dialogar para exponer la problemática que viven los productores de maíz del sur veracruzano —que cuentan con las mejores tierras, con rendimientos de hasta 11 toneladas por hectárea— y para solicitar que se extienda el programa “Cosechando Soberanía” a numerosos municipios del estado.
Se pronuncia por la creación de una comisión que investigue el Fobaproa de Ernesto Zedillo
Por último, se pronunció porque en el Senado se cree una comisión que investigue el Fobaproa aprobado durante el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo, ya que —afirmó— los mexicanos, “desde hace 35 años, inclusive los que van a nacer, pagamos anualmente 70 mil millones de pesos” para cubrir la deuda inmoral de los bancos rescatados con dinero público por parte del exmandatario priista.
