- El dictamen busca establecer que estas organizaciones gocen de protección adecuada contra actos de injerencia por parte de servidores públicos.
Las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos Primera, que presiden los senadores Alfonso Cepeda Salas y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, respectivamente, aprobaron un dictamen en materia de autonomía sindical.
Cepeda Salas detalló que se busca establecer en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que los sindicatos deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia, por parte de las personas servidoras públicas en su constitución, funcionamiento, administración y libre desarrollo de las elecciones sindicales, las condiciones de elegibilidad, la reelección y/o la destitución de las directivas.
Agregó que cualquier contravención de estas condiciones será considerada como falta administrativa grave y sancionada conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El legislador explicó que el documento también busca reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para establecer la responsabilidad de injerencia sindical a la persona servidora pública que, por sí o por terceros, incurra en las conductas previstas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Además, de que se agrega el artículo 64 Quater a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en las que detalla que se entenderán como conductas sancionables: coaccionar, inducir o amenazar a personas trabajadoras; ejercer presión o intimidación jerárquica sobre subordinados; obligar o condicionar la asistencia a actos, mítines o reuniones sindicales; negar, así como suspender o limitar derechos o programas internos; entre otras.
Alfonso Cepeda subrayó que para las y los trabajadores al servicio del Estado esta reforma es muy importante porque blinda y garantiza la autonomía sindical, lo que asegura la democracia al interior de esas organizaciones.
Por Morena, Emmanuel Reyes Carmona comentó que esta medida resuelve, sanciona y castiga a los servidores públicos que ejercen cualquier tipo de presión a los trabajadores sindicalizados y a los mismos sindicatos, además de que incentiva el libre sindicalismo.
