• Formaliza la inclusión de familias y colectivos en la búsqueda de personas desaparecidas; reconoce el derecho a ser buscado y a la reparación integral
• Obliga a autoridades de seguridad, fiscales, de salud, educativas, migratorias y registro civil a colaborar en la búsqueda

Las reformas en materia de desaparición forzada establecen un marco jurídico e institucional más robusto y humanista, acorde con la magnitud de la tragedia nacional, porque en adelante ninguna autoridad podrá evadir responsabilidades sea del nivel que sea y enfrentará sanciones penales por tolerar, consentir o ser omisas ante la desaparición cometida por particulares.

Así lo señaló la senadora Guadalupe Chavira de la Rosa, quien subrayó con esta reforma el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reconoce la crisis sistémica, sin ambigüedades y estructural que ha representado para el país la desaparición de personas, que en los gobiernos priistas formó parte de una política de Estado.

“Desde la perspectiva de la justicia transicional, la reforma es un primer paso que abre la puerta a una política más amplia de memoria, verdad y no repetición”, manifestó.

Ante las comisiones dictaminadoras, la secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos dijo que en un país con más de 114 mil personas desaparecidas y más de 52 mil cuerpos sin identificar en servicios forenses, según datos oficiales, esta propuesta legislativa “abandona la negación y el silencio para asumir una postura de corresponsabilidad estatal”.

Al fijar la postura de Morena, Chavira de la Rosa apuntó que esta nueva legislación contra la desaparición forzada representa un punto de inflexión en la manera en que el Estado responde a las exigencias de verdad y justicia de miles de familias mexicanas.

Sobre todo porque se fortalece el marco penal y refuerzan los tipos delictivos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, “incorporando de manera explícita la responsabilidad penal de autoridades que toleren, consientan o se muestren omisas ante estos hechos”.

Se trata, abundó, de un marco jurídico e institucional, más robusto y humanista, acorde con la magnitud de la tragedia nacional que vive el país y que fue mejorado con propuestas de las madres buscadoras y colectivos, que durante tres meses de diálogo con la Secretaría de Gobernación aportaron propuestas valiosas.

Y aunque desmontar una estructura que estaba el servicio de las mafias no ha sido fácil, ha sido una tarea enorme y de gran cirugía, para evitar que vuelvan a repetirse hechos como el de Teuchitlán, Jalisco, que tristemente recolocó el tema en la agenda pública.

“Se amplía la rendición de cuentas en contextos de colusión o aquiescencia institucional, y armoniza la legislación mexicana con estándares internacionales como los de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque eso fue lo que vimos en Jalisco”

Se fortalecen las funciones de la Comisión Nacional de Búsqueda, se promueve la interoperabilidad entre bases de datos forenses, genéticos, biométricos y de salud, y se facilita el acceso a información clave como registros civiles, escolares o clínicos para superar el aislamiento entre instituciones, “esta centralización puede marcar una diferencia vital”.

Además, se formaliza la participación de las familias y colectivos de búsqueda, por ser sujetos de interés y actores con derecho a intervenir en las decisiones públicas en materia de búsqueda, lo que dignifica su lucha y construye una política pública participativa y sensible al dolor de las víctimas.

Obliga a todas las autoridades, sin excepción, a colaborar con los esfuerzos de búsqueda y esto incluye a instituciones de seguridad, fiscales, de salud, educativas, migratorias y del registro civil. Además de que habrá una evaluación y rendición de cuentas permanente.

“Así, el dictamen puede convertirse en un instrumento que no sólo responda a la urgencia de la búsqueda, sino también a la necesidad de prevenir la repetición de los mismos patrones de impunidad. Este enfoque prospectivo resulta indispensable para transformar no solo las normas, sino también las prácticas del Estado”.

Finalmente, lo más relevante del dictamen es su dimensión ética y simbólica. En un país donde las víctimas han sido históricamente desoídas, estigmatizadas o ignoradas, esta iniciativa representa un reconocimiento del derecho a ser buscado, del derecho a la verdad, y del derecho a una reparación integral.