Grupo Parlamentario Senado MORENA, LXIV Legislatura

Versión estenográfica de la participación del doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, durante el segundo día de los trabajos de la IV Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA MIER: Vamos a escuchar al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en los términos que implica para nuestro país la atención que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, está dando al combate a la corrupción.​
México es el país número uno con mayor grado de impunidad, y lo que hace el Gobierno de la República está repercutiendo en limpiar el abuso del poder, el saqueo y lo que ha pasado en México.​
En uso de la palabra, el doctor Santiago Nieto Castillo. Bienvenido.​
DOCTOR SANTIAGO NIETO CASTILLO: Muy buenas tardes. Agradeciendo mucho a la Presidenta Mónica Fernández, al senador Armenta sus palabras, quisiera hacer una presentación en torno a la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera, por un lado; y por otro lado, el análisis de la iniciativa que fue presentada por el senador Armenta y por el senador Ricardo Monreal, en uno de los periodos de periodos de sesiones del año pasado, que tiene que ver con la reforma a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.​
Primero, me gustaría señalar o reiterar lo que ha dicho el Presidente de la República, la corrupción se barre como las escaleras, de arriba hacia abajo; y esto tiene un efecto relevante para la generación de políticas públicas en las que la Unidad de Inteligencia Financiera participa.​
Hemos denominado nosotros, en atención al planteamiento del señor Presidente, una operación “casa limpia”, que implica evidentemente empezar por limpiar la casa, es decir, empezar por limpiar la corrupción que se vivía en el ámbito gubernamental. Y, es uno de los puntos centrales de actividad de la Unidad de Inteligencia Financiera.​
Durante el año 2019, se trabajó en cinco ejes temáticos: el robo de hidrocarburos fue el primero; el segundo, el combate a la trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes; el tercero fue el combate al narcotráfico; el cuarto, la corrupción política y finalmente el último ha sido el combate a las empresas fachadas y factureras, en atención a las distintas reformas que han sido aprobadas por este Senado de la República y en atención también a las políticas establecidas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.​
INTERVENCIÓN: Esta última, perdón, ¿cuál fue?​
DOCTOR SANTIAGO NIETO CASTILLO: Empresas fachadas y factureras. Las pérdidas son como de 324 mil millones de pesos anuales en defraudación fiscal, por este tipo de operaciones.​
Me gustaría, hay una presentación, no sé si la pudieran colocar.​
En cuanto a informe de actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera, durante 2019 se presentaron 160 denuncias ante la Fiscalía General de la República, esto es el techo histórico, el récord histórico de la Unidad desde su creación y desde que se inició esta práctica de presentar denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita.​
Los montos, y creo que esto es lo importante, en moneda nacional son más de 317 mil millones en depósitos, y en retiros de 286 mil millones de pesos. Esto, solamente en los 160 casos que han sido analizados y presentados ante la Fiscalía General de la República; algunos de los cuales ya están judicializados y todos los judicializados han conseguido la vinculación a proceso.​
En dólares, estamos hablando de más de 2 mil millones de dólares, 2 billones de acuerdo a su nomenclatura, y 2 mil 320 millones de dólares en retiros.​
En ese sentido, digamos que el lavado de dinero relacionado con euros, es significativamente menor a lo que encontramos en depósitos y retiros en pesos mexicanos y en moneda norteamericana.​
Después, el número de sujetos bloqueados también ha aumentado de forma considerable; en 2019 se bloquearon a mil 371 personas, básicamente en los rubros antes mencionados: corrupción política, temas vinculados con narcotráfico, hicimos acuerdos de bloqueos generales para el cártel de Sinaloa, por ejemplo.​
Temas relacionados con trata y tráfico ilegal de migrantes, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y, el número de cuentas bloqueadas da un total de más de 12 mil durante 2019.​
Esto, en montos económicos da un total de 4 mil 554 millones de pesos actualmente bloqueados, y 52 millones de dólares.​
Hay una problemática con este tema, y es que a pesar de que se bloquea, en muchas ocasiones los particulares, principalmente los temas relacionados con narcotráfico, no acuden a solicitar la garantía de audiencia y no acuden al juicio de amparo. Entonces, el dinero permanece en los bancos y ese dinero no es utilizado para ser regresado al Estado mexicano, en razón de que no hay un procedimiento legal en este momento.​
Me referiré más adelante a la Ley de Instituciones de Crédito, pero ese es un tema importante a considerar.​
Y, el otro tema relacionado con esto, es que evidentemente se van generando intereses en el sistema financiero, y eso es algo que no se le va a desarrollar o no se le va a regresar a las personas a las que se les bloqueó la cuenta. Y, también es dinero que al final del día podría incorporarse o trasladarse al Estado mexicano.​
Cabe señalar que si alguien promueve un juicio de amparo, una garantía de audiencia, evidentemente puede, con una decisión judicial, recuperar el acceso a los recursos que hayan sido bloqueados por la Unidad de Inteligencia Financiera o inclusive, en su momento, por la Fiscalía General de la República.​
Sujetos investigados con Egmont, la UIF forma parte del Grupo Egmont, son 169 UIF a nivel global que intercambiamos información de manera directa, a partir de una red segura. Las solicitudes de información en 2019, recibimos 155 solicitudes de información; también este es el récord histórico a nivel institución; y enviamos 87 solicitudes de investigación para diversos casos.​
No puedo hacer referencia a los mismos, por el deber de sigilo de las investigaciones, solamente referiré los casos que ya son públicos, porque se encuentran ya judicializados, como el caso del señor Emilio Lozoya, los casos relacionados con Rosario Robles, entre otras solicitudes de información que se han hecho.​
En juicios de amparo ha aumentado, particularmente en razón de la jurisprudencia promovida por el exministro Medina Mora, aumentaron el número de expedientes; tuvimos 984 expedientes durante 2019. Es decir, demandas de juicio de amparo para efecto de buscar el desbloqueo de las cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.​
Y, por otro lado, la Fiscalía General de la República durante 2019, nos pidió 670 casos, reportes de petición, es decir, información que se le ha dado a la Fiscalía General de la República para la judicialización de las carpetas de investigación.​
Creemos que lo importante es que exista coordinación entre las instituciones y que podamos seguir mandando mensajes a la ciudadanía de que la Unidad de Inteligencia Financiera proporciona información en el ámbito de sus facultades a las autoridades ministeriales, para efecto de llevar los casos ante los tribunales.​
Faltaría aquí nada más el caso de las vistas. Como una novedad, esta Administración lo que ha hecho es darle vista a las autoridades administrativas, e inclusive ministeriales a nivel local. ​
Tenemos casos llevados en Guanajuato, en Jalisco, en Coahuila, en donde nos han solicitado información respecto a determinados sujetos, o se han dado vista inclusive a la Secretaría de la Función Pública, a la Procuraduría Fiscal de la Federación, al Servicio de Administración Tributaria, para poder generar un modelo que permita atender y combatir de mejor forma los temas de lavado de dinero cuando hay una responsabilidad administrativa o una responsabilidad penal que no sea competencia de la Fiscalía General de la República. ​
Hemos generado casos, estos son casos nuevos, esto tiene que ver con PEMEX, en la administración del señor Lozoya, es un caso de 83 millones donde se utiliza nuevamente una universidad y esa universidad contrata empresas fachada.​
El problema con las empresas fachada es que al final del día fue un camino de corrupción. ​
A diferencia de otras épocas de la historia mexicana, donde había un cohecho, un soborno hacia los servidores públicos. ​
En este caso lo que encontramos durante la administración anterior, fue la generación de empresas fachada; esas empresas fachada eran constituidas, se convertían en elementos absolutamente contrarios al interés del empresariado mexicano, en razón de que competían ilícitamente contra los empresarios, porque ganaban los contratos, y estas empresas, tres o cuatro veces después de haber ganado millones de pesos en contratos, desaparecían.​
El dinero era trasladado a cuentas particulares, de ahí se sacaba el dinero en efectivo y por trasladadores de valores era llevado a distintos lugares de la República, e inclusive fuera de las fronteras nacionales. ​
Creo que este es uno de los temas centrales del combate a la corrupción: identificar las tipologías y generar los mecanismos para eliminar a las empresas fachada y las factureras, o inclusive el outsourcing ilegal, cuando está generando competencias desleales hacia el empresariado mexicano, hacia la sociedad mexicana y evidentemente distrayendo recursos públicos para fines de naturaleza personal o electoral.​
Este es otro caso que ya hemos encontrado. Es un asunto vinculado con el DIF, en un estado de la República.​
El tema central con este caso en particular, es que es el mismo esquema que se encuentra en la estafa maestra, el mismo esquema que se encontró en PEMEX y que, a partir de ahí, se hacen transferencias internacionales.​
Esta información, que ya se hizo del conocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de otros espacios, para efecto de que se proceda conforme a nuestro marco constitucional vigente. ​
Respecto a los cárteles. La estrategia nacional de seguridad que ha planteado el gabinete de seguridad, el Presidente López Obrador, tiene diez puntos. ​
Podemos, a partir de los diez puntos que planteó el Presidente, analizar en cinco instrumentos importantes de combate que es importante revisar. ​
Primero, me gustaría decir que la Administración anterior lo que hizo para combatir a los grupos delincuenciales fue el combate al sicariato, y entonces identificó a 122 objetivo y detuvo o abatió a 116.​
En términos cuantitativos pudo haber sido un éxito, pero la estrategia fue un fracaso, porque la violencia se mantuvo, no hubo un punto de inflexión en los homicidios sino que fue creciendo de manera gradual y la percepción de inseguridad no disminuyó.​
¿Qué sucede? Si se combate al sicariato, por más que los procuradores, los fiscales, las policías saquen a diez o a 15 personas de la calle, sicarios o narcomenudistas, lo cierto es que, mientras tengan dinero los grupos delincuenciales, van a poder seguir financiando a otras personas que simple y sencillamente van a ser sustituidos.​
Por tanto, el combate a los grupos delincuenciales, parte por el combate, evidentemente a los grupos de sicarios y a los narcomenudistas, pero debe también abarcar al combate a las estructuras financieras; y esto es, digamos, la apuesta de esta Administración, para efecto de congelar las cuentas, encontrar las personas físicas y morales que son utilizadas para el lavado de dinero. ​
Tercer elemento. ​
Sin embargo, con esos dos elementos no se resuelve el problema del combate a la delincuencia. Hay un tercer elemento que está enfocado a la corrupción política. ​
Los grupos delincuenciales no surgen por generación espontánea, son protegidos, promovidos o apoyados por grupos de poder, particularmente local; y esa es la corrupción política que tiene que ser combatida es precisamente esa, para poder abatir la protección que tienen, particularmente territorial estos grupos.​
Y un cuarto elemento: el combate a la corrupción dentro de los ministerios públicos y dentro de los poderes judiciales. ​
Como dijo el ministro presidente de la Suprema Corte en su informe en diciembre del año pasado, hay que combatir la corrupción judicial, porque precisamente son jueces, magistrados o son inclusive ministerios públicos en el nuevo ejercicio de la acción penal quienes establecen los mecanismos jurídicos de protección de los grupos delincuenciales. ​
Y, por tanto, combatir la corrupción al interior, es un tema fundamental para poder abarcar en realidad el combate a la delincuencia organizada. ​
En ese sentido, recordemos que el año pasado la Unidad de Inteligencia Financiera denunció y la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión contra un magistrado federal que no podía comprobar 50 millones de pesos adicionales que tenía en sus cuentas del Consejo de la Judicatura Federal, con independencia del salario, a pesar de la prohibición constitucional que existe para jueces y magistrados de no poder recibir ningún emolumento que no provenga del Consejo de la Judicatura Federal.​
En ese sentido, hay un quinto tema, un tema fundamental para poder atender a los grupos delincuenciales y ese tema es el combate a la base operativa; es decir, el combate al sector social o a los sectores sociales que los apoyan. ​
Aquí el tema, la única forma de hacerlo es a través de programas sociales, a través de que exista desarrollo social, desarrollo rural, y entonces toda la parte de la sociedad que ha sido cooptada por estos grupos, tenga otros esquemas para poder tener un desarrollo de vida.​
Aquí los programas del Gobierno de México, como “Jóvenes construyendo el futuro”, están también enfocados en esta visión de cómo hacemos para poder convertir a un ejército de reserva que hoy tiene la delincuencia organizada, en personas que funcionen y que trabajen para los bienes de la sociedad mexicana. ​
La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, fue presentad ante el Congreso de la Unión por el senador Ricardo Monreal y el senador Alejandro Armenta en alguno de los periodos pasados, cumple con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional. ​
México forma parte de GAFI y es uno de los 37 países que forman parte de esta organización de carácter multinacional.​
No solamente es la instancia que se encarga de poder regular a todas las naciones del mundo, sino la que establece los parámetros o los estándares internacionales para efecto de poder combatir el lavado de dinero, el financiamiento, terrorismo o cualquiera de sus delitos predicados.​
México, de las 40 recomendaciones de GAFI, tiene 15 parcialmente cumplidas y tiene una que finalmente se encuentra como no cumplida, que es la número 23, relacionada con los sujetos obligados por actividades vulnerables.​
Por tanto, lo importante es poder generar un mecanismo que permita dar cumplimiento al estándar internacional. ​
Esto consiste en los siguientes temas: primero, en ejemplificar que el objetivo de la ley, primero que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda llevar a cabo la Evaluación Nacional de Riesgo.​
En 2016 hizo la primera evaluación nacional de riesgo en el país. En 2019 estamos teniendo la segunda evaluación nacional. Ya está terminada, se hará del conocimiento público en días próximos, pero lo que nos da como resultado es que los riesgos en México de lavado de dinero son la delincuencia organizada, en primer término.​
En segundo lugar, el monto del dinero ilícito, que es introducido al sistema financiero. En tercer lugar, los temas de corrupción política. En cuarto lugar, los temas de puertos, aduanas y en general el trasiego de bienes, incluyendo la introducción al país, de forma ilícita, de armas y de drogas, particularmente el fentanilo, que se ha convertido en un problema de salud pública a nivel global, y el uso de dólares en efectivo, el uso de pesos en efectivo y los sistemas de pago.​
Tenemos estos temas como temas prioritarios, que tienen que ser analizados y el objetivo es que estas modificaciones legislativas le den mayores herramientas a la Unidad de Inteligencia Financiera para poder cumplir con esta Evaluación Nacional de Riesgo.​
El segundo punto tiene que ver con el financiamiento al terrorismo, que se incorpore como objetivo de la Ley de Prevención el financiamiento al terrorismo, en razón de que forma parte del estándar internacional.​
En tercer lugar, la idea de que se pueda desaparecer, liquidar a personas morales que hayan participado en actos de financiamiento al terrorismo y este tema está relacionado con personas políticamente expuestas.​
¿Qué estamos planteando?​
Primero, el enfoque basado en riesgos, que todas las actividades vulnerables de la ley, es decir, los corredores públicos, los notarios públicos, desarrolladores e inmobiliarios, los vendedores de arte, los vendedores de joyas, etcétera, puedan hacer un enfoque basado en riesgos, que sepan cuáles son los riesgos que tiene su sector.​
Esto se hará con base en la Evaluación Nacional que nosotros les proporcionaremos, pero el objetivo es cumplir, insisto, con el estándar internacional.​
Por otro lado, en la búsqueda del beneficiario final, la obligación de que se pueda acreditar quién es realmente la persona que está recibiendo los beneficios por el acto de corrupción o por los casos vinculados por delincuencia organizada.​
Esto nos ayudará a cumplir con el estándar internacional y además, porque México forma parte del grupo líder a nivel global con Reino Unido, encabezando a partir de la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera, las acciones para poder identificar a las personas que están recibiendo los recursos.​
Por otro lado, tenemos el tema de operaciones sospechosas, y las operaciones sospechosas se presentan en aquellos supuestos en donde, aunque no se superen los umbrales establecidos por la norma, los sujetos obligados por actividades vulnerables tengan dudas de que existe una actividad ilícita atrás de la adquisición de un bien inmueble, adquisición de una obra de arte o cualquiera de ellos.​
Con esto daremos cumplimiento a la recomendación número 23 de GAFI, relacionada con otras medidas para actividades vulnerables.​
Se solicitan programas de capacitación y sistemas automatizados en atención a la recomendación número 23 de GAFI y también a lo que ha planteado el Informe de Evaluación Mutua, presentado en septiembre de 2017, publicad en enero de 2018 por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional.​
El objetivo es que todas las personas tengan, los sujetos obligados por la ley, capaciten a sus trabajadores en temas vinculados con el lavado de dinero y el combate al financiamiento al terrorismo.​
Se solicita, además, en términos del estándar internacional, para cumplir la misma recomendación 23, tener una auditoría interna o auditor externo y también, en el ámbito particular de las organizaciones sin fines de lucro, buscar aquellas que tengan un enfoque de financiamiento al terrorismo, para efecto de poder ser combatidas y restringidas.​
México no tiene problemas de financiamiento al terrorismo, pero hay que reconocer que nuestra realidad sociopolítica por nuestra cercanía con Estados Unidos pone en riesgo y es importante que desarrollemos todas las actividades para poder detener esto.​
Dentro de la estrategia del combate al tráfico ilegal de personas, que se desarrolló y que coordinó la Secretaría de Relaciones Exteriores, uno de los temas identificados es que había organizaciones sin fines de lucro que estaban enviando recursos de Honduras, de El Salvador o de Estados Unidos, a cuentas en Tapachula y ahí a cuentas en otras ciudades hasta que subían a la frontera.​
Vimos también en este proceso cómo transmisores de dinero retiraban 3 mil pesos en Tapachula, 5 mil pesos en Tuxtla, 3 mil en Palenque y así sucesivamente, hasta llegar a las fronteras, a partir de mecanismos que no requieren hoy identificación.​
El objetivo es que se pueda identificar a las organizaciones sin fines de lucro que participen en este tipo de modelos y que podamos tener mayor información que permita el combate al tráfico ilícito de personas o a la trata de personas.​
Y un tema que me parece central está relacionado con las actividades vulnerables mediante fideicomisos. La corrupción política surgió en el ámbito de las empresas fachada, como decía hace un momento, pero no solamente hay que identificar a las personas morales, las empresas fachada, sino también las estructuras jurídicas.​
Y la estructura jurídica es utilizada durante el sexenio anterior de manera casi total, fueron los fideicomisos. El objetivo es que cualquier persona que desarrolle una actividad vulnerable, incluidas quienes actúan por medio de fideicomisos, tengan la obligación de informarle a la UIF cuando haya movimientos irregulares, actividades sospechosas, cuando el perfil transaccional d ellos clientes o usuarios no sea el adecuado y evidentemente cuando estemos en presencia de montos significativos.​
Eso nos permitirá cumplir no solamente con el estándar internacional, sin atacar uno de los temas centrales de la corrupción que se da a partir de fideicomisos en el sistema financiero.​
Cierro con esta parte. Después de la Ley de Prevención, el siguiente objetivo sería la Ley de Instituciones de Crédito, es una ley que ya pasó por el Senado, se aprobó con una reserva en la Cámara de Diputados. Yo creo que hay que hacer un planteamiento de dos temas en este punto en particular.​
Primero, que cuando se habla de extinción de dominio no implica que la UIF pueda hacer por sí extinción de dominio. La Constitución es muy clara y dice que solamente el ministerio público puede solicitárselo a un juez civil para que inicie el proceso de extinción de dominio.​
Lo que se estaba planteando en esa reforma, se puede modificar, ustedes tendrían la posibilidad de hacerlo, modificar y generar una mejor redacción para efecto de poder, de clarificar que se desarrollara a partir de la actuación del ministerio público.​
Pero el segundo punto es importante. Hay una reserva que aprobó la Cámara de Diputados en donde se obliga a la UIF a notificar por escrito a las personas que se les congelan las cuentas.​
Aquí hay un problema. Primero, la UIF no tiene actuarios en el país y no se va a generar una estructura para estar haciendo ese tipo de modificaciones.​
Segundo. La práctica común es que se realiza a partir de los bancos. Los bancos tienen los domicilios, los correos electrónicos, los teléfonos de sus clientes y por tanto son quienes pueden hacer ese tipo de notificación.​
Y tercero, además por los tipos, las personas a las que se les congela la cuenta, por ejemplo, el año pasado congelamos cuentas de 330 personas físicas y morales en un solo acuerdo, relacionado con el cártel de Sinaloa y el tema era cómo notificarle a Ovidio Guzmán que le congelamos la cuenta.​
Entonces, esto se tiene que hacer a partir del sistema financiero, no se puede hacer una notificación por escrito sino a través de las reglas y de los sistemas en donde ya hemos avanzado a partir de las innovaciones tecnológicas como puede ser un correo electrónico, como puede ser que incluso el propio banco entregue la notificación, que además debe ser por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y que la UIF no podría hace directamente.​
Yo lo que quisiera plantear aquí es que hemos encontrado no solamente corrupción en el ámbito político. Hemos visto que la Unidad de Inteligencia Financiera puede servir para detectar casos de trata de personas, para encontrar a tratantes que están recibiendo sueldos y salarios de empresas fantasma en donde los clientes o usuarios de la trata de personas depositan por otro concepto dinero.​
Hemos podido detectar cómo recursos van hacia paraísos fiscales, cómo se crean en países en donde no tenemos ninguna relación comercial, empresas por parte de personas políticamente expuestas en México, cómo se contratan bitcoins, moneda virtual, que puede lavar el dinero en cualquier parte del mundo, trasladar los recursos a partir de las plataformas electrónicas a cualquier parte.​
Y creemos que es muy importante que estas herramientas con las que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera se coordinen de mejor forma con las demás instituciones del Estado Mexicano y una posibilidad de esa mejora en la coordinación podría ser que la UIF formara parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Es una de las iniciativas que está presentada en este Senado.​
Yo digo con todo respeto y agradezco mucho la posibilidad que me han dado de estar frente a ustedes, de plantearles estos elementos para la discusión que ustedes tendrán.​
Y bueno, comentarles que el planteamiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro: debemos tener una política de cero tolerancia a la corrupción y de cero tolerancia a la impunidad.​
Y por eso el activismo, cuando hay problemas con universidades públicas, cuando hay problemas con grupos gubernamentales, cuando hay problemas con ex funcionarios del gobierno anterior, es muy claro, es cumplir ese planteamiento del Presidente de la República de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad y por supuesto de cumplir a la ciudadanía mexicana que votó mayoritariamente en 2018, por una estrategia de combate a la corrupción.​
Éramos el país 138 de los más corruptos del mundo de 180 analizados. Hoy, por primera vez, desde que el estándar se está poniendo, hemos detenido la caída, somos considerados ahora el 130, subimos 29 puntos en una escala de cero a 100 y hemos ganado ocho puntos en el espacio en el colectivo internacional.​
Esto no había pasado nunca y creo que es algo que debemos reconocerle al Gobierno de México.​
Muchas gracias.​
SENADOR RICARDO MONREAL: Vamos a proceder, doctor Santiago Nieto, a continuar la mecánica, vamos a ir a comer, comemos y en el trayecto de la comida habrá preguntas de los compañeros senadores y senadoras.​
Antes de irnos a la comida, doctor Santiago Nieto, queremos expresarte, de manera contundente, nuestra solidaridad y nuestro respaldo parlamentario.​
Tu función la entendemos con mucha claridad, es trascendente, es indispensable para esta tarea gigantesca que se ha llevado a cuestas el Presidente de la República y quienes simpatizamos con el movimiento que él encabezó y encabeza: el combate a la corrupción.​
Pero también creemos que la recuperación de la función pública honesta en la República es una tarea impostergable.​
Por lo mismo, entendemos que, en esta lucha sin tregua, sin cuartel, surgen intereses, redes de corrupción y complicidad, pero también surgen animadversiones contra tu función.​
Sólo te queremos decir que aquí vas a encontrar eco de respaldo, de apoyo, de solidaridad para tu tarea tan delicada y que sientas que aquí en el Senado de la República tienes amigos y tienes amigas que creemos en esta función primordial de la República.​
Saludamos también a tus colaboradores, a Karla y a Ana, y a todo tu equipo le extendemos también un abrazo solidario y te exhortamos a continuar en esta lucha que hemos denominado fundamental para la Cuarta Transformación.​
Muchas gracias.​
Y vamos, si les parece bien, vamos a comer y platicamos ya ahí en corto sobre las iniciativas y las tareas de Santiago.​