Grupo Parlamentario Senado MORENA, LXIV Legislatura

Ampliación de gobierno en Baja California debe ser causa de responsabilidad para diputados que la aprobaron: Salomón Jara

  • Señaló que debe someterse a una reflexión profunda la ausencia de ética, la responsabilidad política, la carencia de conocimiento jurídico y la falta de compromiso democrático

Si bien será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que definirá el futuro de la reforma que permitió la ampliación del periodo de ejercicio del gobernador de Baja California, el asunto no puede quedar en una simple declaratoria de inconstitucionalidad.

Las y los legisladores del Congreso de Baja California, al rendir protesta de ley, juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución, por lo que más allá del debate jurídico sobre la procedencia de la reforma, lo que debe someterse a una reflexión profunda es la ausencia de ética, la responsabilidad política, la carencia de conocimiento jurídico y la falta de compromiso democrático de quienes aún se ostentan como representantes populares, comentó el senador Salomón Jara Cruz. 

“No debe desestimarse la pertinencia del juicio político, el cual, desde mi punto de vista, tendría que desembocar en la destitución del cargo de quienes, además de quebrantar el juramento que hicieron al tomar protesta, traicionaron la confianza del pueblo y el mandato ciudadano”, afirmó. 

Explicó que, aunque existe el mecanismo para que la SCJN declare que una norma es contraria a nuestra Carta Magna y, por lo tanto, sin vigencia, hasta el día de hoy no ha sido causa de responsabilidad para quienes la aprueban. 

“La aprobación de una norma inconstitucional ocurre bajo el supuesto de que las y los legisladores que votaron a favor, lo hicieron con conocimiento de causa, es decir, con premeditación, o igualmente grave, por desconocimiento del marco jurídico nacional”, expuso el legislador oaxaqueño. 

Finalmente, el senador Salomón Jara Cruz apuntó que “las y los legisladores debemos reflexionar profundamente en la alta responsabilidad que nos ha sido asignada por la ciudadanía y desechar toda acción que pudiera vulnerar el estado de derecho y profundizar la desconfianza de la ciudadanía”.

Senado de la República
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