Grupo Parlamentario Senado MORENA, LXIV Legislatura

Versión estenográfica de la reunión extraordinaria de la Comisión de Justicia, que preside el senador Julio Ramón Menchaca Salazar, para desahogar las comparecencias de los aspirantes a la Fiscalía General de la República

Versión estenográfica de la exposición del maestro Gilberto Ayón Reyes, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República.

Muchas gracias.

 

“Antes como antes, ahora como ahora”. José María Leyva Cajeme.

 

Mi nombre es Gilberto Ayón Reyes. Y es un honor estar aquí, al lado de tan importantes personas de mi país: el Poder Constituyente, miembros de esta Comisión de Justicia. Muchas gracias por sus finas atenciones.

 

Quiero decirles que quiero ser Fiscal General de la República por una sencilla razón:

 

Soy un mexicano comprometido con México, con mi familia, con toda la sociedad de este país.

 

Considero oportuno que nuestro país se encuentra en una gran transformación y, por ello, impulsado y motivado por los cambios sociales que se están dando en los últimos días, en mi carácter de abogado, en mi carácter de facilitador de paz, en mi carácter de académico universitario, estoy aquí, en este Recinto tan honorable.

 

Es un gusto para mí estar participando en tan importante aspiración para tan importantísimo cargo de la República.

 

Las necesidades sociales requieren, reclaman, exigen, una Fiscalía General de la República autónoma e independiente, y eso es lo que yo vengo a ofrecerle al pueblo de México.

 

Vengo a ofrecerle algo libre y sin ataduras. Ya sobra de vivir con el pasado.

 

Se requiere, y eso es lo que yo quiero darle a la Fiscalía, en caso de ser elegido por los miembros honorables del Poder Constituyente, una Fiscalía facilitadora de paz, al servicio de la gente, al servicio de los más marginados, al servicio de todo mundo, partiendo del principio de la igualdad

 

Es fundamental reconocer que los servidores públicos están para servir y no para servirse.

 

Ha llegado el momento. Llegó la hora. Aprovechemos, juntos, sociedad, Poder Constituyente y participantes tan honorables todos, para cambiar y redirigir el rumbo de México, que creo que bien vale la pena poner en algo ante la comunidad internacional, generando seguridad jurídica desde una perspectiva de la procuración de justicia.

 

Es importante conocer que existen métodos como mecanismos alternativos de solución de controversias para evitar y dirimir los conflictos que suceden a diario en el acontecer de nuestro país.

 

México no merece estar en las condiciones como se encuentra.

 

Como cajemense, pondré en alto el nombre de Sonora y de mi municipio para hacer lo correcto y trascender; para generar el desarrollo que México necesita.

 

Entiendo, y me queda muy claro, que las obligaciones inherentes en lo personal con mi familia, con la cual cuento con todo el apoyo, de mis hijos que tengo cuatro; mi esposa, con la cual tengo 23 años de casado, me han permitido estar aquí.

 

Sin ellos no fuera posible, con el apoyo que brindan, en la forma como lo hacen. A ellos, mi amor por completo, como si fuera mi Patria, porque mi Patria merece lo mejor.

 

Como lasallista, comprometido con el pueblo de México, demostraré en la Fiscalía, una Fiscalía con valores, con principios, y pondré en práctica mis conocimientos en los temas de la prevención del delito.

 

Seré un celoso del cuidado del patrimonio de la Nación, sobre todo de las cosas inherentes a la procuración de justicia.

 

Trataremos de lograr la efectividad y la eficacia que reclama dicha institución.

 

Conozco por dentro, qué es lo que se requiere: más policías investigadores, más peritos, más fiscales, pero certificados en sus conocimientos, habilidades, destrezas, para enfrentar el sistema, todas las necesidades que reclama y exige.

 

Considero que, dogmáticamente, tenemos que dotar y darle las herramientas necesarias, suficientes y bastantes, a todos los servidores públicos que forman parte de tan importante institución del país.

 

Considero que la ética es fundamental. Tenemos que hacer una Fiscalía ética, rentable para todos los mexicanos, el pueblo de México así lo exige.

 

Necesitamos una Fiscalía en base a la deontología y la axiología, como ejes rectores, para que funcione bien.

 

Es fundamental implementar los mecanismos, los protocolos y los modelos de gestión, partiendo de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía.

 

Vivo, quiero decirle al pueblo de México, que vivo en una decencia. Soy persona honrada y capaz, dedicada a mi familia, a mi trabajo y, sobre todo, a servir al prójimo.

 

He servido por muchos años. Fui aspirante a la alcaldía de mi tierra, de Cajeme, de manera independiente.

 

No tengo filiación partidista. No tengo compromiso con nadie. Soy independiente, soy autónomo, y eso es lo que me lleva y me impulsa a llevar un buen desempeño en la Fiscalía, en caso de ser agraciado por el voto de todos y cada uno de los senadores que forman parte de esta Legislatura.

 

Pueblo de México: no se van a arrepentir.

 

Tengo innovaciones y un gran proyecto para desarrollarlo en compañía de gente eficaz y eficiente, comprometida con la ciudad, comprometida con el pueblo de México.

 

Considero que es el momento de marcar la diferencia. Que se hable bien de México. Que se hable bien de la institución.

 

La Fiscalía General de la República merece vigor, merece a alguien joven, a alguien diferente, comprometido con el pueblo de México, que es al que nos debemos.

 

Comprometido con este honorable Senado, al cual orgullosamente, en caso de ser agraciado, le rendiré cuentas muy transparentes, porque eso es lo que nos va a llevar a la credibilidad de la sociedad.

 

Ustedes representan al pueblo de México y para mí será un gran honor trabajar en conjunto, en coordinación con las necesidades del pueblo, a través de ustedes.

 

Quiero ser Fiscal General de la República, y le digo al señor Presidente: trabajaremos duro, para que México sea diferente con una procuración de justicia, eficaz y eficiente.

 

Dignificaré, en todos sus aspectos, las diversas áreas que conforman a la institución.

 

Creo que haciendo convenios con las universidades del país, en todos los estados, daremos esa certificación a todos los servidores públicos: partiendo del área administrativa, partiendo del área sustantiva, policías, peritos y fiscales, que sean personas capaces, capaces de evitar la puerta giratoria que tanto daño le causa a la República.

 

Es muy importante que las víctimas sean reconocidas y respetemos sus derechos, como marca la ley.

 

Respetuoso de un marco normativo y de las leyes que emanan del Poder Constituyente en base al Poder constituido, nuestra Constitución.

 

Ante todo, cumpliré a cabalidad el control de la convencionalidad, con un respeto absoluto del Estado de Derecho, un respeto absoluto a los derechos humanos, y, sobre todo, un respeto absoluto a las garantías que consagran los tratados internacionales de los que México forma parte.

 

Soy convencido, porque soy facilitador penal federal certificado, vigente, con un examen de control y de confianza aprobado, y con vencimiento hasta octubre de 2019.

 

Estoy listo, pueblo de México. Me siento competente y capaz para hacer lo mejor por nuestra Patria, lo mejor por ustedes.

 

Quiero decirles, vamos a erradicar la cultura de la ilegalidad. Vamos a erradicar, por completo, la corrupción, y vamos a generar la cultura de paz, que tanto exige México.

 

Muchísimas gracias a todos. Les agradezco sus finas atenciones.

 

 

 

Versión estenográfica de la exposición del maestro Bernardo Bátiz Vázquez, al comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República.

 

 

Senador Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República; senadoras y senadores:

 

Es pertinente la pregunta, es indispensable para el proceso en el que estamos.

 

Quiero decir que fui formado en la escuela pública: estudié en la Escuela Nacional Preparatoria; Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y tengo una maestría, tardía, en la Universidad Iberoamericana.

 

Fui Procurador de Justicia del Distrito Federal del 2000 al 2006, seis años completos. Entonces, la Procuraduría de lo que es ahora la Ciudad de México, era una institución que formaba parte del Gobierno. No tenía la característica de la autonomía constitucional, como sucede en la legislación actual.

 

Puedo decirles que esos seis años de mucho trabajo, de muchos asuntos diversos en que logramos que disminuyeran los índices delictivos, durante esos seis años, nunca recibí una indicación, una consigna, una indicación de cómo debiera atender o resolver algún asunto a cargo de la Procuraduría que yo representaba. Mis colaboraciones tampoco recibieron nunca indicaciones ni consignas; yo no lo hubiera aceptado, ni tolerado.

 

Ahora, la Fiscalía General de la República, por disposición constitucional en el artículo 102 de la Constitución, establece con toda claridad que se trata de un órgano autónomo, dotado de personalidad jurídica propia y de patrimonio.

 

Con más razón, con fundamento no sólo en la conciencia personal, sino en la Constitución y en la ley, (la Fiscalía General de la República) no será una institución, si llega a quedar bajo mi indicación, bajo mi cargo, no será de ninguna manera una institución que reciba ni órdenes ni sugerencias ni indicaciones. Será, como lo dice la ley, un órgano autónomo que funcionará de acuerdo con la búsqueda de la justicia y de la verdad.

 

Será, sin duda, si yo llego a encabezarlo, un órgano que tendrá autonomía del Poder Ejecutivo, pero también tendrá autonomía de los poderes fácticos de las grandes corporaciones nacionales e internacionales que con alguna frecuencia pretenden, buscan y presionan para que la vara de la justicia se incline a su favor.

 

La Fiscalía General de la República, debe procurar la justicia. El título de Fiscal General también lleva implícito el de procurar justicia, el de procurador de justicia.

 

La justicia, según la conocida definición de los romanos, es la virtud, es una virtud, la voluntad constante y perpetua de dar a cada quien lo que es suyo, lo que le pertenece. 

 

¿Qué cosa? Al culpable, al responsable de un delito, la sanción, el castigo.

 

A la víctima, el resarcimiento del daño y la justicia también.

 

A la colectividad, la seguridad, el orden, el bien común.

 

Pero no basta la autonomía. La autonomía es una de las características que debe tener la Fiscalía General de la República, pero requiere de otras cualidades.

 

Recuerdo -y lo dije en un ensayo que presenté y que ustedes seguramente conocen-, que hay que rescatar un principio fundamental de la procuración de justicia, que es el principio de la buena fe. Lo aprendimos en las escuelas de derecho; se ha repetido por los teóricos del derecho penal: el Ministerio Público es una institución de buena fe.

 

¿Qué significa esto? Que no va a ser nunca usado el poder de investigar los delitos, el poder de ejercer la acción penal nunca va a ser usado con intenciones que no estén fundadas en la verdad y en la justicia.

 

No vamos a inventar criminales; no vamos a inventar hechos que no existieron; no vamos a cargar a los que hayan fallecido en los enfrentamientos; no vamos a permitir ninguna acción que no se funde en la buena fe.

 

No mentir, no engañar a la ciudadanía, no forzar a que se declare en un sentido o en otro, no componer el lugar de los hechos. Esto será el principio de la buena fe como la columna vertebral del trabajo del Fiscalía.

 

También es necesario que en la labor de persecución de los delitos y de ejercicio de la acción penal, haya colaboración entre todas las instituciones públicas, entre los poderes públicos.

 

Habrá coordinación, colaboración, convenios, no subordinación en ningún caso.

 

En materia internacional, estaremos dispuestos a recibir y a dar colaboración internacional, cuidando estrictamente la soberanía nacional, un valor, un principio fundamental para la existencia de una nación que ha sido puesta muchas veces -en gobiernos anteriores- en tela de juicio.

 

Vamos a cuidar las relaciones internacionales, así como la relación necesaria de colaboración internacional, los delitos se han internacionalizado; también la persecución de los delitos debe internacionalizarse, pero preservando y cuidando la soberanía.

 

Finalmente, quiero decirles que la tercera columna, el tercer fundamento del trabajo de una Fiscalía General de la República, debe ser la capacitación.

 

No puede haber funcionarios públicos, por más bien intencionados que estén, que no tengan una capacitación constante. El derecho va cambiando todos los días.

 

El derecho se modifica, se mueve, y tenemos que tener al tanto a los funcionarios de la Fiscalía; pero también de las ciencias. La policía científica, los peritos, la policía de investigación requieren del uso de la tecnología moderna.

 

No puede perseguirse al delito si no se tiene como una de las herramientas fundamentales los elementos modernos de la recopilación de datos, el control de la información, el intercambio de informaciones entre las diversas organizaciones que persiguen los delitos.

 

La capacitación es en derecho, pero también en el principio de oralidad que nos exige que tengamos un personal capacitado para expresarse ante el juez y obtener el convencimiento y la exposición de las pruebas.

 

Si yo quisiera dar una frase final definitiva para cerrar esta exposición, les diría que vamos a buscar la verdad.

 

El derecho es el cruce de los hechos del mundo real y del mundo ideal, la norma, y vamos a buscar la verdad de los hechos.

 

La verdad sin adjetivos, la verdad tal como fue en el acontecimiento que vamos a investigar para saber si se inicia o no la acción penal, la verdad sin adjetivos.

 

Muchas gracias.

 

 

 

 

Versión estenográfica de la exposición del licenciado Bernardo Jaime González Garza, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República.

 

 

Muy buenos días.

 

A todos los senadores y senadoras en este recinto, les agradezco sobremanera la oportunidad de comparecer ante esta soberanía, a efecto de exponer la visión del de la voz, sobre el perfil que reúno para ocupar la titularidad de la Fiscalía General  de la República.

 

Cumplo con los requisitos legales y constitucionales, según el dictamen de elegibilidad elaborado por la Comisión de Justicia.

 

Como un breve apunte, durante mi preparación académica, soy egresado de la Universidad Regiomontana. Cuento con estudios de Postgrado por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, la Universidad de Castilla, La Mancha; la Universidad de Salamanca; y la Universidad de California.

 

Durante mi vida profesional también me desempeñé -hace más de una década- como agente del Ministerio Público investigador.

 

En años recientes, fui Director General de Averiguaciones Previas y Fiscalías; Subprocurador del Ministerio Público; Procurador General de Justicia del estado de Nuevo León; Secretario de Seguridad Pública del estado de Nuevo León.

 

Actualmente soy encargado de la Administración Pública Municipal de Monterrey.

 

La procuración de justicia en nuestro país es, sin duda, uno de los grandes retos en miras hacia el futuro cercano, clamor de muchos mexicanos. Y no precisamente un clamor reciente, sino histórico, por la petición de muchos mexicanos, con un sinfín de historias, que se han quedado atrapadas, precisamente, en cada caso que termina en impunidad en este país.

 

Las instituciones no sólo con un cambio de denominación traerán la confianza para los ciudadanos en México; esta confianza se debe de construir paso a paso, con resultados transparentes y sobre todo medibles por el pueblo mexicano, que serán siempre ellos los que juzguen el desempeño de cómo se les procuró justicia cuando más lo necesitaban.

 

En nuestro país, hemos avanzado en más de una década, construyendo un nuevo sistema de justicia penal; el cual trajo consigo una serie de reformas constitucionales y legales, pero mucho más garantistas, que entrañan la obligación de las autoridades que intervienen, a ser siempre respetuosos de los derechos fundamentales de las partes.

 

Pero este sistema, a pesar de años ya de aplicación en nuestro país, también trajo consigo confusión. Confusión para los gobernados y sobre todo para las víctimas de algún delito, que perciben aún más que no les llegará la justicia y que seguirá dando vueltas la puerta giratoria de aquellos que delinquen en México.

 

Insisto, el reto más importante y la motivación de un servidor, es construir una Fiscalía desde sus cimientos; en aquella persona que sí fue construida de acero en la extinta Procuraduría General de la República, donde, precisamente, participé en esta construcción a prueba de todo; donde el personal esté debidamente capacitado con modelos de operación sumamente claros y protocolos de actuación, formas de investigación y sobre todo, con un modelo comunicacional de sus resultados.

 

¿Por qué el modelo comunicacional? Porque con esto se buscará mejorar la percepción de las instituciones de procuración de justicia, que tanto le hace falta al país.

 

De llegar a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República, no pretendo una Fiscalía en ambientes políticos; sino siempre apegada en procurar justicia, sin distingo y cercano al pueblo mexicano, escuchando siempre a las organizaciones civiles constituidas, donde sea, de la mano de ellos, analizado el fenómeno delictivo de manera cuantitativa.

 

Pero también, el desempeño de quienes realizan y procuran la justicia para abatir la impunidad; y es precisamente ahí, cuando evaluemos el desempeño de las instituciones de procuración de justicia y de la mano de organizaciones, cuando los delincuentes se darán cuenta de que habrá consecuencias claras por el actuar implacable de la Fiscalía General de la República; y pensarán dos veces en atreverse a cometer un delito en este país.

 

En la Fiscalía General de la República que se propone, y de ocupar el cargo, contemplaré modelos novedosos de organización y la aplicación de formas nuevas y, por qué no, atrevidas, de investigación.

 

Soy testigo de que, con voluntad, es posible desmantelar estructuras criminales y, a manera de ejemplo, cito la figura de “operaciones encubiertas”, prevista en nuestro Código Nacional, y que fue la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, entonces a mi cargo, la que por primera vez autorizó una herramienta de esta naturaleza, con éxito, logrando desmantelar una red de trata de personas.

 

Fue así, en 2017, como procurador General de Justicia, que con voluntad, con un gran equipo de trabajo, una coordinación efectiva y una palabra que nos ha costado bastante a las instituciones de justicia: confianza institucional, dentro de la misma Fiscalía, como se logró ser la Procuraduría General que Justicia que más acusaciones y vinculaciones a proceso tuvo, de todas las procuradurías y fiscalías del país.

 

Aprovecho también para comentar de manera muy breve que, en delitos del orden federal, como lo son el narcomenudeo y la trata de personas, donde la Fiscalía General de la República tiene una tarea importantísima, coordinar realmente con las procuradurías y fiscalías del país, la debida actuación en el combate a estos delitos.

 

El narcomenudeo, sin duda es el delito que más se entrelaza a las ejecuciones vinculadas con la delincuencia organizada, que vivimos en nuestro país.

 

Se deberá también privilegiar en la operación de la Fiscalía General de la República, sin duda los métodos alternos y solución de controversias; y con ello daremos salida a un sinfín de casos presentados ante la institución y que pudieran contemplar dicha salida. Pero también, ejercer la acción penal decidida, contra aquellos que dañen gravemente la seguridad de los mexicanos o de nuestro país.

 

Además de sus derechos fundamentales, los delincuentes tendrán certeza de que serán llevados ante la justicia y no esperaremos a detenerlos de manera casual.

 

Para lograr todo lo anterior, se deberá trabajar de la mano, como ya lo he mencionado, con procuradurías y fiscalías del país; con las dependencias encargadas de la seguridad pública y también con los órganos de inteligencia.

 

Este intercambio de información nos llevará a tener carpetas sólidas que puedan ser sustentadas por los agentes del Ministerio Público cuando haya que llevar los casos a los tribunales.

 

Es por ello que -en el ensayo presentado en la convocatoria dictaminada por esta Comisión-, contemplo distintos ejes de la Fiscalía a corto, mediano y largo plazos. Los recursos humanos y materiales, el presupuesto, registros de carpetas de investigación y, algo muy importante, la forma en que terminaron las carpetas de investigación. Pero, dejemos allá, englobemos en un solo globo, pongamos que se terminó.

Cuando abramos ese capítulo de cómo no se fueron al archivo y precisamente, que el Ministerio Público haya hecho su trabajo, es cuando la ciudadanía va a percibir que efectivamente, se le procuró justicia.

 

Les agradezco la oportunidad, de nueva cuenta, a esta Comisión; a todos los senadores y senadoras, de poder comparecer ante ustedes.

 

Sin duda, celebro este ejercicio histórico, realizado por el Senado de la República para designar a quien ocupará la titularidad de la Fiscalía General de la República; que será un honor para quien sea designado. Pero, sobre todo, una responsabilidad de llevar las riendas y los destinos de esta nueva institución que, insisto, deberá trabajar, quien ocupe la titularidad, de la mano de universidades, cámaras y organismos y, en conjunto, procurar la justicia que tanto clama nuestro país.

 

Muchísimas gracias.

 

 

 

Versión estenográfica de la exposición del doctor José Jorge Campos Murillo, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República.

 

 

Muy buenos días a todos.

                                                   

Señores senadores, senadoras.

 

Señor presidente, Julio Ramón Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia. En usted, saludo a todos los senadores, algunos muy conocidos.

 

Quiero comentarles que he tenido la preparación académica suficiente.

 

Mi nombre es José Jorge Campos Murillo, soy Doctor en Derecho. Tengo Maestría en Ciencias Penales. Tengo especialidad y, surgí de la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez, del estado de Durango.

 

En mi experiencia profesional he tenido la oportunidad de servir a la población de Durango como Procurador General de Justicia, en el Estado.

 

He sido Subprocurador General de la República en dos formalidades.

 

He recorrido casi todas las posiciones que se encuentran en las leyes orgánicas. Tanto de las procuradurías estatales, como de la Procuraduría General de la República.

 

Y he participado como maestro en varias facultades: en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. En la unidad postgrado de algunas universidades, he sido conferencista.

 

Pero, principalmente, lo que atañe a la función dentro de la procuración de justicia, he escrito algunos libros, como es Delincuencia Organizada, Narcotráfico, basado en la experiencia que he tenido en esos trabajos.

 

Y quiero comentar un diagnóstico que existe, que todo mundo lo conocemos, donde los delitos patrimoniales golpean a la población.

 

La corrupción, la impunidad, de la misma forma, es una especie de paliativo que existe para que la mayoría de la población, o las personas que se encuentran en lugares estratégicos, puedan cometer delitos.

 

Estos delitos se encuentran relacionados con el uso o disfrute, o mala disposición del dinero, en el dinero proveniente de los robos a transeúntes, a casas habitación, que es lo que más duele a la población.

 

Pero también, lo relacionado con la corrupción es el enriquecimiento ilícito, propiciado en las funciones de servidores públicos que, en lugar de servirle a la población, se sirven de esta población.

 

De la misma manera, existen una serie de delitos financieros, como es la evasión de impuestos, el enriquecimiento ilícito. Repito y, de la misma manera, hay acciones delictivas, fenómenos como hoy los previstos en la Ley Federal, del hidrocarburo que, en lugar de aplicarla, las personas indicadas y dedicadas a ellos, propician que esa acción se lleve a cabo dentro de sus propias instalaciones y fuera de ellas.

 

De la misma manera, podemos mencionar una serie de delitos que están entre los 10 principales en las estadísticas criminales, pero sería perder un poco el tiempo.

 

Voy a proponer algunas medidas para atacar toda esta situación.

 

Hay una nueva Ley Federal para crear la Guardia Nacional. Esta Ley Federal está repitiendo un error que cometieron los dos sexenios anteriores.

 

Cada una de éstas ha propiciado que existan más de 100 mil personas muertas, relacionadas en la lucha contra el narcotráfico.

 

Escribí el libro, al inicio del anterior gobierno, ¿verdad?, de Felipe Calderón Hinojosa, y en eso pude vislumbrar que el resultado sería arriba de 100 mil personas. O sea, los dos últimos sexenios, desgraciadamente en el combate a ese fenómeno delictivo, han sido arriba de 100 mil, que tranquilamente estamos hablando arriba de 200 mil personas.

 

Las últimas tres guerras propiciadas por los Estados Unidos, en su gobierno invasionista, o sea, no ha pasado de 50 mil muertos. Las últimas tres guerras.

 

Nosotros tenemos, tan sólo en las personas que conforman las instituciones encargadas de la seguridad pública, han muerto arriba de 600 y arriba de 200 mil civiles.

 

Aquí, definitivamente, quiero exponer una forma general, sistemática, que para esto es necesario tener, principalmente, una coordinación nacional con los tres niveles de Gobierno: el municipal, estatal y el federal.

 

O sea, hay ocasiones que el Gobierno Federal cumple con su función, proporciona el presupuesto suficiente, pero los estados no realizan lo que es su parte. Los municipios tampoco.

 

Aquí, definitivamente, es necesario que esa coordinación se lleve a cabo. Existen las leyes, existen los sistemas, los que fallan son los hombres que los aplican.

 

Y, en ese sentido, es conveniente tener el suficiente carácter, la suficiente fuerza, para el efecto de poder llevar a cabo esa función de seguridad pública.

 

Y entiéndase como seguridad pública, la prevención del delito, a investigación, persecución del delito, así como la ejecución de penas y, por qué no, la judicialización también.

 

Hay ocasiones que estamos dividiendo el Poder Judicial, el ejercicio del Poder Judicial, con el ejercicio de la investigación y persecución, cuando debemos hablar el mismo lenguaje.

 

La corrupción es un fenómeno fuerte que a todos nos golpea. Y aquí definitivamente les quiero decir que, en la aplicación de la ley irrestricta, fuerte, con carácter, he sido amenazado de muerte. He sido sentenciado de muerte por no caer en la corrupción que los grupos delictivos realizan en las entidades federativas.

 

O sea, en el estado de Durango fui amenazado y sentenciado a muerte. De la misma manera en otros lugares, como Michoacán, donde tuve también el honor de servir como delegado agrario, como procurador agrario, donde se repartieron una serie de títulos agrarios que daban la certidumbre jurídica a personas que habían sido privadas de sus derechos, de sus propiedades, sin previo juicio.

 

O sea, de esa manera se les entregó a esas personas su título, su certificado agrario, para el efecto de poder, ante los órganos judiciales, defender esa situación.

 

Sin embargo es una obligación de todos los servidores públicos, poder aguantar esas amenazas de muerte que, en un momento dado, sin juicio previo, sin audiencia, sin nada, estas personas que no tienen ninguna preparación, o sea, disponen de la integridad física y de la muerte, de la vida de las personas que se encargan de la seguridad pública.

 

Y es por eso que, también, en forma sistemática, o sea, es necesario. Pudiéramos aguantar como una situación de emergencia, el hecho que la Guardia Nacional empiece a funcionar por dos o tres años.

 

Pero al mismo tiempo, en forma simultánea, es necesario crear la Universidad Nacional de Seguridad Pública, dividida en especialidades. Un tronco común de seguridad pública, dividida en especialidades, como es prevención, investigación, persecución, ejecución de penas, judicialización.

 

Y de esa manera, podemos realmente, o en un momento dado, con uno de los transitorios de la Ley Orgánica, establecer los campus regionales del Instituto Nacional de Ciencias Penales, para el efecto de que haya la preparación necesaria y poder aspirar, como lo dijo Juan Pablo II: “La paz no se escribe con letras, no se escribe con armas. Se escribe con la mente y con el corazón”.

 

Muchas gracias.

 

 

Versión estenográfica de la exposición del doctor Ángel Buendía Buendía, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República.

 

 

Muchas gracias. Muy buenos días, señores senadores.

 

Señor senador Julio Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia, gracias por recibirnos.

 

Gracias, señores senadores, por recibirnos en esta su casa. Quiero dirigirme a ustedes con todo el respeto y el comedimiento que se merecen.

 

También dirigirme a la sociedad mexicana, al pueblo de México para decirles que soy un mexicano convencido de que mi país tiene que mejorar. México merece vivir en mejores condiciones, sin duda alguna.

 

Yo nací en Chimalhuacán, Estado de México, el 14 de abril de 1964. Soy Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Derecho, con especialidad en Justicia Constitucional, por la Universidad Autónoma del Estado de México, y diplomado en Seguridad Nacional y Estudios Estratégicos por el Instituto Nacional de Administración Pública.

 

He sido visitador general de la Procuraduría General de la República, coordinador general de Asuntos Internos en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, contralor interno en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

 

He sido también el primer titular de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, particularmente, un tema muy vinculado con la defensa de los derechos fundamentales.

 

En cada una de estas actividades he puesto mi empeño, mi pasión, mi convicción por servir a México, y les puedo decir que soy un hombre de éxito, de resultados, perseverante, disciplinado y con experiencia. Experiencia no solamente que me otorga la cátedra que también he podido impartir, conferencias que he podido disertar, además de la preparación académica que he recibido.

 

Durante el lapso de tiempo que he sido servidor público, prácticamente 26 años aproximadamente, he tenido la oportunidad de conducirme de manera honesta, proba y honorable. Por ello, puedo decir que con toda certeza estoy en condiciones de aspirar a ser el primer titular de la Fiscalía General de la República.

 

Pero no solamente por mi dicho, y no sólo por la razón de haber acreditado en el ejercicio de la función pública, que soy capaz de dar resultados en temas tan sensibles como el combate a la corrupción.

 

En la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, tuvimos la oportunidad de implementar un programa de transparencia y combate a la corrupción con resultados exitosos. Estos resultados fueron calificados y evaluados no solamente a nivel nacional por un Consejo de Participación Ciudadana y otros organismos, sino también a nivel internacional.

 

Me permito solamente presentarles una memoria gráfica que contiene la descripción de las actividades que se hicieron en aquel entonces.

 

En la Coordinación General de Asuntos Internos, también tuvimos la oportunidad de abatir el rezago, de identificar asuntos sensibles y realizar investigaciones relacionadas con servidores públicos de esa dependencia.

 

En la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura, pudimos abatir el rezago, resolver asuntos que históricamente no tienen precedente.

 

De tal suerte que no vengo a experimentar, no vengo a decir que puedo solamente por meras y buenas intenciones o aspiraciones. Tengo elementos de convicción serios, responsables, razonados, que me permiten aspirar con certidumbre a esta titularidad.

 

El diagnóstico que ya lo han dicho muchos de los compañeros que me han precedido, y lo sabemos todos, es muy simple, pero infortunadamente muy demoledor.

 

México es visto como un país donde impera la corrupción, la impunidad. Donde el índice de criminalidad tiene prácticamente manga ancha y, por supuesto, es un país donde priva la violencia a pesar de que no hay un Estado de guerra, y por otra parte, ha sido calificado como un Estado fallido. Esto es inaceptable desde cualquier punto de vista.

 

Estoy convencido de que México, los mexicanos, la sociedad entera queremos vivir en paz, en circunstancias de igualdad, de equilibrio. Que nuestros hijos, nuestras familias puedan salir a la calle como se hacía en antaño, y hoy infortunadamente no lo podemos hacer.

 

Hay realidades que laceran, que en muchos casos, la procuración de justicia ha sido partícipe en ello por omisión, por indolencia, por corrupción, por abandono, por falta de capacitación. Sin embargo, creo que también hay que tomar en consideración las buenas prácticas que eventualmente existen, que creo que son muchas.

 

También hay servidores públicos talentosos, y desde luego habría que identificar a todos aquellos servidores públicos que han incurrido en actos de corrupción, ubicarlos bien, investigarlos con objetividad, con certeza, conforme a los estándares internacionales; desde luego respetando el principio de presunción de inocencia, pero buscar también las sanciones que conforme a derecho resulten procedentes.

 

En ese sentido, dado que efectivamente conocemos ya lo que está pasando, necesitamos saber ¿qué hacer?, ¿cómo lo vamos a hacer? y ¿para qué lo vamos a hacer?

 

Yo me propongo, y desde luego someteré a la votación del Senado en términos de lo previsto por la propia ley orgánica, realizar una serie de actividades, de funciones y de objetivos específicos que asumo e insisto, son viables.

 

Se puede identificar exactamente dónde está el problema por causas de corrupción. Se pueden identificar las conductas proclives a la corrupción.

 

Se puede identificar a aquellos servidores públicos que han incurrido en actos de corrupción, insisto, por omisión, por encubrimiento, por coparticipación o simplemente, por no atender las obligaciones que la Constitución y la ley le imponen.

 

En este sentido, precisamente propondría y me abocaría a cómo resolver el problema.

 

Por lo tanto, en mis condiciones, en mi circunstancia de ser el próximo primer titular de la Fiscalía General de la República, llevaré a cabo las siguientes líneas de acción:

 

Convocar, seleccionar y reclutar a mexicanos honorables, honestos y leales a México. Es decir, con valores, principios éticos, vocación de servicio y amplio compromiso social.

 

Blindar salarialmente al personal que forme parte de la Fiscalía General de la República, garantizándole y otorgándole de una vida digna, decorosa y suficiente, para evitar que incurra en actos de corrupción y sea cooptado por la delincuencia.

 

Transparentar la actuación de todos los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, de todos, para evitar la discrecionalidad en el ejercicio de las funciones.

 

Implementar el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Fiscalía General de la República. Crear un sistema enunciativo de acercamiento, comunicación y alianza permanente con la sociedad en cualquier región, que genere confianza en la Fiscalía General de la República, para la formulación de denuncias y la investigación de los delitos.

 

Hoy muchas personas, muchos ciudadanos no denuncian por temor y por desconfianza.

 

Crear un Programa Integral de Prevención y Combate a la Corrupción. Es decir, no solamente no se permitiría la corrupción, hay que prevenirla.

 

Analizar, evaluar el marco jurídico vigente para adecuarlo, actualizarlo o modificarlo, si es el caso, a efecto de contar con el andamiaje legal pertinente sólido, robusto, fuerte, que haga eficaz la persecución del delito.

 

Hoy advierto la necesidad incluso desde este momento, de reformar la propia Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República para fortalecerla, e incluso, de adecuar algunos otros ordenamientos. Y ahora que está precisamente en ciernes la probable reforma al artículo 19 constitucional, creo que valdría la pena y sería una oportunidad importante para poder adecuar otros ordenamientos.

 

Implementar una metodología general de investigación en la Fiscalía General de la República, porque muchas veces se investiga sin método y sin certidumbre.

 

Implementar metodologías específicas y coordinadas de investigación por tipología de delitos entre las fiscalías y áreas especializadas de la Fiscalía General de la República.

 

Generar criterios uniformes de actuación conforme a las normas convencionales, constitucionales, legales, reglamentarias, las normas generales de actuación y el Plan Nacional de Persecución Penal, aplicables a la investigación del delito.

 

Capacitar y profesionalizar al personal de la Fiscalía General de la República en la promoción, protección, respeto, defensa y garantía de los derechos humanos de todas las personas, como premisa básica en su actuación como autoridad de investigación.

 

Promover la ética pública permanentemente en los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, mediante cursos de capacitación.

 

Generar respuestas coordinadas, sistematizadas e integrales, en la investigación y persecución de delitos.

 

Racionalizar la persecución del delito por selección de casos, por el daño social causado por su efectividad y el énfasis en su atención.

 

Generar la política de persecución penal, haciendo uso de las herramientas tecnológicas de inteligencia de la información acopiada en bases de datos, sistemas de análisis criminal en el análisis, sistematización y validación de la información recuperada en la Procuraduría General de la República y en otras dependencias.

 

Es indudable que si se puede acopiar toda esa información, se pueden identificar con certidumbre casos relevantes de impacto para una atención ordenada, sistematizada, inteligente, planeada, sin violencia, con previsión y con contundencia.

 

Determinar qué hechos delictivos deben ser enfrentados con la mayor fuerza del Estado. Propiciar la adecuada y absoluta coordinación entre fiscales, policías y peritos para la persecución del delito, que hoy no existe.

 

Me quedan algunos temas por tocar. Sin embargo, para cerrar y respetar el tiempo que me han concedido, solamente quiero decir que la investigación eficaz de los delitos, el abatimiento de la corrupción, el combate a la delincuencia y la erradicación de la impunidad, son absolutamente posibles en México.

 

Lo hemos hecho, tengo la certidumbre de que es posible, y uno de los elementos fundamentales es convencer y tratar, o lograr que los servidores públicos cumplan con la responsabilidad que tienen encomendada.

 

Y, por supuesto, que se combata la delincuencia, que se combata la corrupción, sin duda, sin tregua, sin miramientos, pero con orden. De manera coordinada, con sistematización, con inteligencia, con anticipación, con estrategia y con toda la fuerza del Estado, en función de los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado mexicano es parte, de la Constitución, de la ley y de las normas aplicables, incluso de la propia jurisprudencia, que hoy también es un elemento fundamental para todos.

 

Muchas gracias.

 

Señor senador, muchísimas gracias. Gracias, señores senadores.

 

 

 

 

 

Versión estenográfica de la exposición del licenciado Román Ibarra Enciso, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República.

 

 

Primeramente, quiero manifestarles que soy nativo de Guadalajara, y egresado de la Universidad de Guadalajara, en 1975.

 

Y fue más o menos en esa fecha, cuando ingresé a la Procuraduría General de la República, en el último año del Presidente Luis Echeverría, y del procurador Pedro Ojeda Paullada, en aquellos tiempos.

 

A partir de esa fecha, he continuado en la Procuraduría durante ya 43 años, estando adscrito en cuando menos 15 estados, y en unas 50 adscripciones por diferente área de la materia del derecho.

 

Quiero manifestarles que mi intención de ser Fiscal obedece, también, al deseo de superación, tanto en lo profesional como en lo particular, y en cuanto a mi familia, asimismo, también para servir a México, que es mi país, mi Patria.

 

Quiero decir que, si me otorgara la honrosa distinción de ser titular de la institución, primero que nada, instruiría al personal ministerial, policial y pericial, con el fin de que se sometieran a evaluaciones de conocimientos y de control de confianza, para el suscrito.

 

El compareciente, en el supuesto caso de que fuera el titular, tendría la facultad que me concede el Artículo 19, en su Fracción 11, de la Ley de la Fiscalía, para el efecto de crear departamentos, direcciones, fiscalías, etcétera.

 

Y, en ese sentido, ya una vez sabiendo quiénes fueran los mejores elementos, crearía una Fiscalía Especial, con el fin de atender e investigar los delitos de alto impacto, así como cualquier otro de los que tanto daño causan a la sociedad mexicana.

 

Todo esto a efecto de lograr el esclarecimiento de los hechos delictivos cometidos y judicializar la respectiva carpeta de investigación, con el fin de lograr una resolución favorable a los intereses de la Fiscalía, y la sanción correspondiente al responsable de dicho delito.

 

Para ello, sería indispensable que se elaborara un plan estratégico de persecución penal, ya que la ausencia de una estrategia concertada y organizada respecto de la forma en la cual las fiscalías o procuradurías deben determinar sus prioridades en la persecución e investigación de los delitos, y enfocar sus recursos de manera eficiente, ha resultado en los problemas que se han identificado para garantizar el acceso a la justicia.

 

La persecución penal es una actividad compleja, que, de ser llevada a cabo con desconocimiento o mala dirección política, se puede incurrir en errores.

 

La organización de la respuesta al problema criminal tiene que hacerse desde enfoques integrales de políticas públicas.

 

Por ello, uno de los mayores desafíos en la definición del modelo de procuración de justicia, es el de limitar una política de persecución penal estratégica.

 

La persecución penal estratégica, constituye una herramienta de política criminal que tiene por objeto definir los hechos criminales que se van a perseguir.

 

Se busca, con ello, desarrollar el trabajo de las fiscalías o procuradurías, por medio de una estrategia integral de comprensión del fenómeno criminal.

 

Esto implica la planificación para el desarrollo del trabajo, cuya base será proporcionada por el análisis criminal.

 

Este modelo de persecución penal está basado en los siguientes elementos:

 

Primero. El elemento criminal. Que permite comprender la criminalidad al buscar identificar estructuras, patrones, relaciones del fenómeno criminal, así como elementos del modo, lugar y tiempo en que se realizan las actividades criminales.

 

Segundo. El análisis criminal. Es decir, el conjunto de herramientas, técnicas y conocimientos que las instituciones de procuración de justicia deben emplear para la comprensión de los fenómenos criminales, en los cuales deciden intervenir. Para ello, es necesario implementar mecanismos de gestión de información.

 

Tercero. La elaboración de diagnóstico. Ya que es importante contar con información que permita identificar y conocer la criminalidad.

 

Cuarto. Las tasas de criminalidad. O sea, la información estadística analizada respecto al tipo de delito, víctimas, comportamiento geográfico, mapas criminales, patrones, entre otros.

 

Quinto. Las estructuras criminales. O sea, la identificación de los actores principales en cada tipo de criminalidad, tipos de bandas que operan en algún lugar, pandillas juveniles, etcétera.

 

Sexto. Los mercados ilícitos. O sea, la identificación de lugares y personas que se dedican a la comercialización de los productos del delito.

 

Séptimo. Estrategia de intervención. Porque es necesario que las instituciones de procuración de justicia formulen cuál será la estrategia de intervención.

 

Octavo. Definición de objetivos, resultado de objetivos, resultados e indicadores. Que pueden ser generales, como reducir los índices de criminalidad de alguno o varios delitos, o específicos, como la desarticulación de alguna organización criminal.

 

Noveno. La implementación de la estrategia de intervención, que debe implementarse a través de tres líneas de acción: planes de investigación específicos, designación de encargados de investigación, y asignación de recursos y conformación de equipos.

 

Décimo. Monitoreo y seguimiento. Ya que es necesario establecer un esquema que permita medir los avances de la persecución estratégica.

 

Y, por último. La evaluación de resultados y medición de impacto.

 

Ante esta situación, el compareciente estima que es necesario, para la debida procuración de justicia, el tener un programa, un proyecto de persecución penal, para poder indagar, investigar y someter en lo más posible a la delincuencia, tratando de abatir la situación en que vivimos todos en México.

 

Es todo, señor presidente.

 

 

 

Versión estenográfica de la exposición del Doctor Luis Manuel Pérez de Acha, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República.

 

Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadores, un gusto estar aquí con ustedes.

 

En lo que corresponde a mi perfil personal, obra en el expediente mi currículum y mi semblanza de vida.

 

Me gustaría hablar de temas conceptuales, que tengan que ser operativos, por supuesto, en aras de plantear cuál sería mi visión de la Fiscalía General.

 

Empezaré por señalar que el tema de la autonomía no tiene porqué concebirse de una manera errónea. A lo largo de los cuatro años, desde que se publicó la reforma constitucional, se tiene la visión o la percepción de que tiene que operar al margen del Estado; no de manera ilegal o constitucional, como si fuera un poder paralelo al Estado.

 

Con algunos problemas que, desde mi punto de vista son serios, en un órgano constitucional, tradicionalmente son órganos colegiados, el INAI, Banco de México. Y en el caso de ciertas entidades como la Auditoría Superior de la Federación, están adscritas a otra dependencia.

 

De ahí el riesgo que una Fiscalía General tome caminos incontrolables. Es cierto, desde mi punto de vista, que tiene que haber una garantía de inamovilidad en la Fiscalía General; pero también tiene que haber una garantía de remoción, sobre todo considerando que son nueve años el término del nombramiento. Nueve años que exceden con mucho, lo que es el plazo para el Ejecutivo Federal, por ejemplo.

 

Entonces, todo eso tiene que entenderse en un concepto racional, un concepto razonable de la Fiscalía General.

 

La autonomía tiene que ser en un esquema de coordinación y colaboración con otros entes y entidades públicas; con el mismo Ejecutivo Federal, el Gabinete de Seguridad Pública, el Poder Legislativo, por supuesto; el Judicial, en la medida de que se tiene que interactuar decididamente en estas materias; se tiene que interactuar con el SAT, el INAI, con las entidades federativas, con las organizaciones sociales, empresariales, académicas.

 

Se tiene que interactuar con organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos; de protección de víctimas, de grupos vulnerables. Hay un concepto que tiene que manejarse en ese tenor, no de manera aislada.

 

En cuanto a las acciones que tiene que emprender la Fiscalía General. Unas son de plazo inmediato, sobre todo considerando que tiene que transitarse en un año de transición, precisamente, y así lograr que desde la experiencia se logre un modelo adecuado de Fiscalía General.

 

Lo mejor es enemigo de lo bueno. Se tiene que trabajar en aras de lograr y entender que lo que se tiene ahora fue lo mejor que se pudo consensuar en términos políticos y en términos sociales.

 

En esta transición, entonces, tenemos que hacer un adecuado análisis de la incidencia delictiva, como lo planteo en mi ensayo; desde la ciencia, desde la experiencia y desde la inteligencia que tenga que aplicarse en función de la información que se tiene en todo el sistema de procuración de justicia, muy rica y muy interesante.

 

Tiene que haber, desde mi punto de vista, un ataque frontal a cuatro bloques de delitos: uno, el tema de la corrupción, que me ha tocado vivir de cerca en el Comité de Participación Ciudadana. De manera destacada, las empresas fantasma.

 

Son el modelo más útil y eficiente que se tiene en esta etapa, para defraudar al Fisco, para financiar campañas políticas, para desviar recursos públicos, los desfalcos; y para lavar dinero. Creo que ese modelo tiene que atacarse.

 

Se insiste mucho en manejarlo desde la perspectiva fiscal, pero desde mi punto de vista tiene que haber reformas legales complementarias, impulsadas desde la Fiscalía, en coordinación con el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública; y en su caso también con la Auditoría Superior de la Federación.

 

Violaciones graves de derechos humanos, es otro de los capítulos que tiene que atenderse. No podemos tener casos, como México 68, replicados en estos tiempos; Ayotzinapa, Tlatlaya, Atenco. Tiene que haber una verdad cierta, no verdades a medias de lo que sucedió ni atender esquivamente toda esa temática.

 

Se tienen que atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del INAI, que ha sido muy enfático en estos temas; se tiene que esperar a ver qué resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso concreto de Ayotzinapa.

 

También, hay delitos que alteran la paz social, y muchos de ellos son del fuero común, ciertamente, y eso exige una colaboración decidida con las procuradurías o fiscalías generales de los estados: secuestros, extorsiones, básicamente.

 

Y el otro rubro es la delincuencia organizada, que hoy lo estamos viendo con el robo de combustibles, el llamado huachicoleo. Es un tema que se tiene que atender prioritariamente.

 

Mientras no se descabecen ese tipo de organizaciones, que llegan empíricamente, lo afirmo, porque me toca ver; si no se descabezan, el problema no va a poder solucionarse.

 

No se trata de encarcelar o acusar penalmente a personas de bajos recursos, para inflar la estadística de que está actuando la Fiscalía General, que es como se tiene ahora. No se trata de inventar culpables, inocentes que, generalmente también por desgracia, son las personas de menores recursos. Y mucho menos se tiene que utilizar la Fiscalía General como instrumento de persecución política.

 

Creo que en la renovación, regeneración del modelo de procuración de justicia, estos temas tienen que erradicarse por completo. La Fiscalía está para aplicar la ley.

 

Tampoco está la Fiscalía para ver si se aplica o no la ley de manera privilegiada. Todo tiene que ser con base en una estrategia fundamentada en lo que comenté ahora, un análisis de incidencia delictiva.

 

Y por último, el cuarto bloque de delitos que tienen que perseguirse con determinación, es la defraudación fiscal, que tanto daño hace al erario público, junto con la corrupción y el lavado de dinero.

 

Y en esta parte, debo llamar la atención a esta soberanía, a esta Comisión, de que hay que realizar un trabajo intenso desde la Fiscalía General con la Suprema Corte de Justicia, con el Poder Judicial; porque algunos precedentes, justificados, porque así lo marca el texto constitucional, han coartado la fuerza de la Unidad de Inteligencia Financiera para asegurar activos.

 

Y segundo, en los delitos, sobre todo de perfil económico, pero no sólo ellos, en donde se requiere información bancaria que ha sido solicitada a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; la Suprema Corte de Justicia en junio del año pasado, declaró inconstitucional el procedimiento. Esto significa que se pone en riesgo todas aquellas averiguaciones previas y carpetas de investigación en donde haya solicitud de información bancaria a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

 

Eso sucedió en un caso de extorsión, local, en el estado de Guerrero, pero se empieza a multiplicar en todo el país. Ese es uno de los grandes temas pendientes, porque si queremos combatir la impunidad, acabar con ella, ese es uno de los grandes talones de Aquiles que tiene el sistema de procuración y de impartición de justicia en este momento. La estadística, así lo demuestra.

 

Otro de los aspectos centrales, dos más, para cerrar la plática, tiene que ver con los derechos humanos de los justiciables y de las víctimas, que otros de mis colegas aspirantes han presentado. Definitivamente, un esquema de procuración de justicia que no vea a las víctimas, que no atienda a las víctimas; es una procuración de justicia correspondiente a un modelo ya superado. La Fiscalía especializada en Derechos Humanos, tendrá que tener un área específica de atención de víctimas.

 

Y por último, el plan de transparencia que tiene que se implementar, y de rendición de cuentas, en la Fiscalía General. Tiene que ser una transparencia proactiva, tiene que ser una transparencia accesible a la ciudadanía, en línea, de manera dinámica. No podemos estar con los modelos en que la Procuraduría General o Fiscalía, continúe con un esquema de opacidad completo.

 

Para cerrar, me quiero referir solamente al Servicio Profesional de Carrera. Es el puntal de la Fiscalía General. Los policías, los ministerios públicos, los servicios periciales tienen que ser capacitados, tienen que ser respetados, tratados con dignidad.

 

Hay un anatema, se han satanizado las labores realizadas por ellos. Me consta que gran parte del personal que labora en la Procuraduría General de la República, es digno de respeto y hace su trabajo con profesionalismo. Por ello, me parece que hay que eliminar y ya está una propuesta presentada aquí en el Senado, por una senadora de Morena; hay que eliminar la disposición constitucional, el artículo 123º, Apartado B, fracción XIII; que permite el despido de ministerios públicos, policías de investigación y peritos, de manera injustificada y no obstante que ganen el juicio, no pueden ser reinstalados.

 

Todo la Constitución lo deja en un tema económico. Me parece que la dignidad de los trabajadores de la Fiscalía General es también tener un trabajo decoroso y que se respete su fuente laboral.

 

Muchas gracias. Es todo, señor presidente.

 

 

Versión estenográfica de la exposición del licenciado Josué Javier Ontiveros García, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República.

 

Buenas tardes, señoras y señores senadores.

 

Gracias por la oportunidad que me dan de participar en este ejercicio democrático, para presentarme ante ustedes y exponer por qué quiero ser el titular de la Fiscalía General de la República.

 

Soy el licenciado Josué Javier Ontiveros García. Tengo experiencia de formación en el servicio público de 20 años, siempre ciñéndome bajo los principios de objetividad, eficacia, honradez y respeto a los derechos humanos.

 

Soy un ciudadano preocupado por la problemática que actualmente vive el país. Por la inseguridad y la impunidad, que siempre impera en este México querido.

 

Quiero marcar la diferencia y ser un Fiscal autónomo y diferente. Cercano principalmente a la ciudadanía para conocer de propia voz las necesidades, y tengo la seguridad de conocer y dar a conocer principalmente el Sistema Acusatorio Penal.

 

Como tema principal, es el combate a la corrupción, recobrar la confianza.

 

¿Cómo vamos a recobrar la confianza? Con resultados, y resultados positivos. Es lo que nos va a legitimar como institución.

 

Soy una persona proactiva y dinámica, acostumbrada a solucionar problemas e imprevistos de manera inmediata, sin necesidad de una supervisión permanente. Pero ante todo, siempre bajo el interés de la perseverancia y compromiso que me ha caracterizado y que me ha permitido conocer las áreas que componen a esa institución, con lo cual puedo hoy en día coordinar, supervisar, evaluar, proponer y resolver situaciones. Tanto de índole operativa, administrativa y legal, que debe saber todo titular que pretender ser Fiscal General de la República.

 

Me considero una persona de lucha y de esfuerzo, de retos por haber sometido a todos los procedimientos de control y confianza en las diferentes procuradurías. Considero que puedo ser el Fiscal General de la República porque soy una persona innovadora, siempre responsable y siempre respetuoso de la ley.

 

Me he desempeñado como agente del Ministerio Público de la Federación. Principalmente en la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada, que era la UEDO, antecedente de la hoy SEIDO, en los delitos contra la salud, secuestro, arraigo y cateos.

 

Así como esta experiencia me ha permitido la vinculación en los distintos delitos relacionados con ella, lo que sienta mis bases para tratar todos los delitos que en ella se relacionan.

 

Fui titular de la Agencia Cuarta del Núcleo de Investigación y Litigación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio en la Delegación Estatal de Sinaloa. También fui titular de Investigación Especializado en Robo de Vehículos, tanto nacionales como extranjeros; titular de la Mesa de Investigación Especializada de Armas de Fuego y Explosivos; titular de la Mesa de Exhortos y de Asuntos Relevantes; titular de la Mesa de Combate al Narcomenudeo; titular de la Mesa de Investigación de Delitos de Concurrencia del Fuero Común y del Fuero Federal. Esto es, el Centro de Operaciones Estratégicas.

 

Titular del Área del Política Criminal en el estado de Sinaloa; supervisor en la implementación del Sistema Penal Acusatorio en la Unidad de Atención Inmediata.

 

Por último, también fui agente del Ministerio Público del fuero común en el estado de Sinaloa, en diferentes adscripciones.

 

Todo esto me ha permitido obtener un conocimiento especializado en los temas de la detención en flagrancia, denuncias, querellas dentro de la misma institución, y esto, desde mi operatividad.

 

Conozco cómo se inician las carpetas de investigación, conociendo las necesidades que día con día vivimos los servidores públicos, como la recepción de los detenidos, atendiendo las denuncias ciudadanas víctimas de delito hasta su consignación, llegando a obtener sentencias condenatorias con resultados satisfactorios para la Fiscalía.

 

Otro aspecto que incorporo con este tipo de Sistema Penal Acusatorio, es la teoría de la prueba que, desde su obtención, incorporación y desahogo, ésta debe ser legal y lícita, lo cual se desarrolla de manera técnica y científica, siempre respetando el principio de presunción de inocencia.

 

Con la implementación del Sistema Penal Acusatorio, lo que se busca es privilegiar los mecanismos alternativos de solución de controversia. Claro, siempre que resulten procedentes, para con ello buscar una pronta administración de justicia, lo que implica que esto no debe ser oneroso si es bien administrado.

 

Quiero mencionar que actualmente en la Fiscalía General hoy, con el nuevo nombre, hay mucha gente comprometida en el servicio público, profesional y honesta, que es la base para mejorar y avanzar, de la cual yo provengo, con este compromiso que diario uno desempeña en su trabajo y que debe imperar.

 

Todas estas experiencias, retos, me han dado un bagaje para tener un pronóstico y poder diferenciar toda la operatividad institucional.

 

La frase de “El fin justifica los medios” no aplica aquí. Éste es un sistema garantista donde prevalece el debido proceso y el fin nunca justifica los medios, prevaleciendo por el contrario siempre el estado de Derecho.

 

En el ensayo hablo un poco de la situación de la juventud y los medios de comunicación. Cómo influyen en el comportamiento delincuencial en la sociedad, haciendo más extrema la violencia, al grado de no importar la vida humana.

 

Este tipo de comportamiento ya no es realizado exclusivamente por varones, sino ha comenzado a introducirse a mujeres. Por eso es lo que está prevaleciendo ahora: el feminicidio y la desaparición de personas que tanto impacta a la nación.

 

La corrupción es un tema de todos los gobiernos anteriores y del actual. Para combatirlo, intervienen varios factores, entre ellos difundir los valores. Un Código de Ética, a través de las instituciones de educación y principalmente de la familia. He aquí la importancia de coordinar con otras instituciones de Gobierno, a fin de que juntos hagamos un frente en común.

 

Otro factor a combatir es la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción que, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, obliga a los gobiernos a transparentar los recursos públicos.

 

En resumen, los objetivos de este proyecto son la prevención, investigación y sanción de estas conductas, contando con un capital humano debidamente certificado y especializado en la integración de carpetas de investigación, logrando el aseguramiento de bienes para reincorporarlos a la Administración Pública, con la aplicación paralela del  procedimiento de extinción de dominio.

 

Finalmente, con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República se dota a un titular autónomo en operatividad principalmente, constituyéndose ahora como órgano autónomo constitucional independiente, con patrimonio propio, quien no dependerá del Ejecutivo. Se innova en ella el Plan de Persecución Penal.

 

Una de las atribuciones del titular de la Fiscalía General de la República es la que tendrá que desarrollar un plan de combate a la delincuencia. Todo ello evitando la discrecionalidad y siempre existiendo una supervisión de la sociedad que valida su actuar, así como exigir a corto y largo plazo cuentas.

 

Me despido de ustedes, no sin antes brindarles mi agradecimiento por esta oportunidad de conocerme, con la satisfacción de haber sido aspirante y que me tomen en cuenta como un aspirante más, ahora en la lista de los 10 que van al Ejecutivo.

 

Mi México querido tiene esperanza y yo de ustedes se la pido en esta juventud que estamos haciendo los cambios.

 

Muchas gracias.

 

 

 

Versión estenográfica de la exposición del maestro Miguel Nava Alvarado, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República.

 

 

Buenas tardes tengan ustedes.

 

Como ya lo saben, mi nombre es Miguel Nava Alvarado.

 

Voy a hacer una exposición de por qué considero que debo ser designado el Fiscal General de la República, y la voy a ir presentando poco a poco, en base a cinco principios torales, pilares, que cualquier persona, institución, empresa, dependencia, debería tener para alcanzar el éxito.

 

Empiezo con el pilar de la honestidad.

 

Es indispensable que una persona sea coherente con lo que hace, con lo que dice, con lo que escribe.

 

En mi caso, soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro.

 

Mi trabajo para obtener el título de licenciado en Derecho… hice un trabajo sobre el Ministerio Público. Mis prácticas como estudiante las hice en la Procuraduría General de la República.

 

Posteriormente, al darme cuenta de que la situación dentro de la procuración de justicia no mejoraba, decidí estudiar una especialización en materia de derechos humanos.

 

Salí al extranjero, a la Universidad Complutense, en Madrid. Me especialicé en materia de derechos humanos, pero siempre teniendo claro este esquema de deficiencia, o ineficiencia, de la procuración de justicia en nuestro país.

 

Posteriormente accedí a la maestría en Derecho Penal, de la cual obtuve mención honorífica y me titulé en el año 1999.

 

Y, precisamente, mi tesis de grado fue sobre la ineficacia de la procuración de justicia en México. Septiembre de 1999.

 

Dentro de esa tesis, que registré en el Instituto de Derechos de Autor, pongo lo que 20 años después se está haciendo aquí. Creo esta parte de la Fiscalía General de la Nación -denominé mi tesis de grado-, y de la Agencia Federal de Investigación.

 

Posteriormente fui becario en el Instituto Internacional de Derechos Humanos, en Estrasburgo, Francia. También realicé estudios de doctorado. Soy Doctor en estudios avanzados en materia de derechos humanos.

 

Este pilar de la honestidad es muy importante. Me permite presentar a la sociedad, una postura dentro de una trayectoria académica, como profesional, coherente, con el puesto por el cual estoy compitiendo, por así decirlo. Este principio es fundamental.

 

Es honesto también decir que, laboralmente, me he desempeñado dentro de instituciones de procuración de justicia, como agente del Ministerio Público del fuero común.

 

Fui agente del Ministerio Público de la Federación por examen de oposición.

 

He tenido oportunidad de trabajar con seis distintos procuradores generales de la República. Bueno, cinco y una mujer. Ninguno de ellos es mi amigo ni los conozco.

 

Desde tiempos del licenciado Antonio Lozano Gracia, posteriormente con Jorge Madrazo Cuéllar, o del general Macedo de la Concha, que tampoco conozco, ni sé si se acuerde mí, fui Director General de Extradiciones. Me tocaron extradiciones muy importantes, como la del ex gobernador de Coahuila, Montemayor Seguy, a quien trajimos de Estados Unidos.

 

Me tocó formalizar la detención provisional con fines de extracción de estas personas del Grupo Autrey, en España.

 

Me tocó la entrega, porque no fue extradición, de Carlos Ahumada Kurtz, en tiempo de Macedo de la Concha.

 

Posteriormente entró Daniel Cabeza de Vaca. Fui agregado de la Procuraduría General de la República, para la Unión Europea y Suiza, con base en Madrid.

 

Realizamos todo ese tipo de trabajo de cooperación en materia penal que tiene que ver con las extradiciones activas, las que pide México, las pasivas, las que le piden a México, las asistencias jurídicas internacionales, el traslado internacional de reos y el enlace con el Consejo Europa. Por un lado, estos países miembros del Consejo Europa, que están en Estrasburgo.

 

Y, por otro lado, también el enlace con Europol, en lo que es la Comisión Europea.

 

Entonces, esta oportunidad que he tenido de servir a mi país en esquemas de procuración de justicia, lo he hecho a nivel Ministerio Público, lo he hecho como Director General, a nivel central como Director General de Extradiciones, pero también en el extranjero, y también he sido delegado de la Procuraduría General de la República.

 

Antes de haber sido electo como Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de mi estado natal, que es Querétaro, fungí como delegado de la Procuraduría General de la República en Aguascalientes.

 

Entonces, mi vida académica y profesional, la he dedicado a dos materias principalmente: la procuración de justicia, y la protección de los derechos humanos.

 

No soy de los que salí de un organismo público de protección de derechos humanos e incursioné en la Procuraduría para ver cómo se hacían las cosas. Mi tránsito fue al revés.

 

Orgullosamente, soy nieto de un militar. Soy hijo de un policía. Y cuando era pequeño, me daba cuenta de las enormes desventajas que tienen los policías y también los militares.

 

Lo he dicho muchas veces en el salón de clases, con mis alumnos, -soy profesor universitario en universidades públicas y privadas-, que muchas veces, cuando era pequeño, mi madre nos decía a plena luz del día: “guarden silencio, no hagan ruido, porque su papá trabajó toda la noche”.

 

Realizar un trabajo en materia de seguridad, no es una cuestión sencilla. Por eso es que hay que ser honestos.

 

Desafortunadamente en nuestro país, es increíble que se tomen decisiones para nombrar procuradores fiscales, procuradoras, pero nunca han sido Ministerios Públicos.

 

Si se quisiera encontrar al director de un hospital de pediatría, sería totalmente incongruente que pusieran a un ginecólogo, por mejor preparación que tuviera, o algún cardiólogo.

 

Se necesita tener la especialización. Se necesita conocer lo que existe dentro de las instituciones de procuración de justicia. Es imposible, y por eso la ineficacia en nuestro país, y, lo repito, lo escribí hace 20 años en mi tesis de grado, por improvisar a los servidores públicos.

 

Porque las instituciones se vuelven cuotas políticas. Porque las instituciones tienen que ser, sobre todo las que son pilares para el desarrollo de una sociedad con civilidad, con paz, con tranquilidad, con seguridad, tienen que ser conducidas por personas no políticas: que no sean amigos del Presidente, o del gobernador, o de la gobernadora.

 

Que este proceso de elección, después de la Reforma Constitucional del 10 de febrero de 2014, -que por cierto es una Reforma Electoral, y por ahí metieron la reforma al Artículo 89, Fracción 9, de la Constitución Política de nuestro país, que es ahí donde se debería de dar el cambio- jamás se le debió dotar al Poder Ejecutivo Federal de la facultad de intervenir en el nombramiento, y sobre todo en la remoción del Fiscal General de la República.

 

Por añadidura, modifican el Apartado A del 102 para la designación del Fiscal General. Es una designación que, desde mi punto de vista académico profesional, está amañada.

 

Si hoy podemos advertir que la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, en el Artículo Tercero, se establecen principios de objetividad, de legalidad y de imparcialidad, el Ejecutivo no debería hacer ningún tipo de designación o remoción del Fiscal.

 

Esa es la parte donde yo quiero demostrarles que hay un pilar fundamental, que es la honestidad.

 

Otro de los pilares, muy importantes, es la disciplina.

 

En nuestro país no hay disciplina. Sin disciplina no hay cambio. Y lo vemos aquí mismo, en esta Cámara de Senadores.

 

Se nos citó a las 10:30 de la mañana para empezar a comparecer, a las 11:00, y no se llevó a cabo la comparecencia, en el tiempo que establece la propia Comisión de Justicia.

 

Es indispensable, muy indispensable la disciplina, porque en nuestro país hasta para invitarle a un jolgorio, o a una boda, te tienen que imprimir las invitaciones, porque si no, no llegas. El Senado lo está haciendo.

 

Penosamente se los digo con claridad: no veo a los 15 integrantes de la Comisión de Justicia. ¿No les importa? ¿No les importa?, digo, porque seguramente no les importante, porque aquí tendrían que estar. Se va a designar a una persona, que es el Fiscal General de la República. No están.

 

Agradezco a los senadores, a las senadoras que están aquí, inclusive a quienes no son parte de la Comisión de Justicia.

 

Otro de los puntos torales del cambio, además de la honestidad y la disciplina, es el método.

 

En nuestro país, desafortunadamente, lo voy a ejemplificar: para hacer una alberca, primero se avienta el agua luego se hace el agujero. Y eso se ha venido haciendo en la procuración de justicia en nuestro país.

 

Por eso es ineficaz. Por eso es ineficiente, porque el cambio de denominación no va a generar certeza jurídica ni funcionalidad. Entonces, es indispensable tener método y estrategia.

 

No sé cuántos de ustedes hayan leído los 64 artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Pero los invito a que lean a partir del Transitorio número 11, tiene 23 transitorios. O sea, cuenta la dificultad que entraña esa transición de lo que es la Procuraduría General de la República, lo que fue, a lo que es la Fiscalía General. No es un juego, es una tarea mayúscula.

 

El cuarto pilar del cambio tiene que ver con la ética, con el profesionalismo.

 

Porque, desafortunadamente, aquí en estas comparecencias, hay personas que sin ninguna experiencia vienen y se sientan aquí. ¿Cuál es el profesionalismo, si nunca fuiste Ministerio Público: si nunca estudiaste nada de lo que tiene que ver con la procuración de justicia? Entonces lo que estás buscando es una chamba.

 

Hoy me dedico al litigio. Defiendo víctimas. Soy abogado de 34 núcleos familiares del incendio de la guardería ABC. Imagínense el grado de impunidad.

 

El pasado 5 de enero se cumplieron nueve años siete meses de ese acontecimiento y hoy no hay una sentencia ejecutoriada. Hoy, hay amparos en contra de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque revictimizan a las víctimas de la guardería ABC.

 

Hoy, aquí, hay afuera víctimas, del Estado Mexicano, escuchándome, que sus casos no tienen esos nueve años siete meses de la guardería ABC. Tienen más años, y, sin embargo, la impunidad prevalece.

 

Y para enfrentar ese reto, y cierro, les comenté: honestidad, disciplina, método, profesionalismo, ética, se requiere valentía, porque enfrentar al delincuente, o al peor de los delincuentes, que es quien forma parte de las filas del Estado, pero se colude con la delincuencia, no es fácil.

 

Cuántas personas de aquí han estado… por ejemplo, cuando fui presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos, y aquí el senador lo sabe, llevaban coronas fúnebres a mi oficina, amenazas de muerte contra mis dos hijas. Mi hija la mayor tiene 10 años, y la más pequeña 8. Ese tipo de circunstancias implican valentía.

 

Y ya para concluir, y ya que lo están escuchando, yo sí le enviaría un mensaje al Presidente de la República.

 

Desafortunadamente tiene la responsabilidad -desafortunadamente, porque así lo mandata la Constitución, la Reforma no la hizo él-, de designar, de dar como coloquialmente se dice, el dedazo para quien va a ser el Fiscal.

 

La sugerencia respetuosa a Andrés Manuel López Obrador es que no ponga a sus amigos. No ponga a las personas que hoy trabajan con él, o las que trabajaron con él. Hay que ser honestos para poder llevar una tarea de imparcialidad, de objetividad y de legalidad.

 

De lo contrario esto va a ser una farsa. Soy escéptico de estar participando. Les digo, hoy estoy dentro del litigio, como ciudadano.

 

Y me avergüenza, no por quienes están aquí, sino por muchos de los senadores y senadoras, que debiendo estar aquí, porque son miembros de la Comisión de Justicia, no les importa.

 

Y cuántos más que se les invitó, tendrían que haber estado aquí, como comisiones de Derechos Humanos y otros más, y tampoco les importa. Entonces, esperemos que esto no sea un espectáculo.

 

Una cuestión muy importante que ustedes también deberán tomar en cuenta.

 

Empieza la temporalidad con el Fiscal General, para un puesto de nueve años.

 

INTERVENCIÓ: …excediendo en el tiempo…

 

LICENCIADO MIGUEL NAVA ALVARADO: Me dieron esto de un minuto. Ok, perfecto.

 

Son muy rigurosos con mi tiempo para terminar, pero no son tan rigurosos a la hora de empezar las comparecencias. Pero agradezco el comentario y con esto concluyo.

 

Espero que esto no sea una farsa. Soy escéptico, pero soy ciudadano.

 

Recuerden que los empleados del pueblo son ustedes. Los patrones, somos los ciudadanos.

 

Y esperemos que ustedes hagan su tarea con objetividad, responsabilidad e imparcialidad.

 

Es cuánto.

 

Con su venia señor presidente de la Comisión.

 

 

Versión estenográfica de la exposición del maestro Roberto Bonifacio Mazón García, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República.

 

 

Senador Julio Ramón Menchaca Salazar, con su venia, presidente de la Comisión de Justicia del Senado.

 

Distinguidos senadores, representantes de las diferentes fracciones parlamentarias.

 

Distinguidos representantes de las asociaciones civiles e internacionales.

 

Distinguidas potencias liberales.

 

Distinguidas personas que nos escuchan y nos ven por el Canal del Congreso.

 

Distinguidos medios, presentes todos.

 

Hoy me es grato estar ante ustedes como aspirante a Fiscal General de la República. Asimismo, aprovecho la ocasión para agradecer el apoyo a la maestra Margarita Ríos Farjat, a la maestra María de los Ángeles Jasso, y al maestro Gildardo Delgado Soto, pertenecientes al Servicio de Administración Tributaria al cual pertenezco, y que han valorado mi trabajo administrativo y operativo en dichas instituciones.

 

No menos importante a mi familia, a mi pareja, a mis hijos José Miguel, Roberto Emiliano y Sofía Islem, quienes han sido mi motor y mi motivación en la vida. A mis padres, que con gran ejemplo de honradez, dignidad, respeto y trabajo constante me han guiado para ser un hombre libre y de buenas costumbres.

 

Resistir a la injusticia es un derecho del individuo para consigo mismo, porque es un precepto de la existencia moral. Es un deber con la sociedad, porque esta resistencia no puede ser coronada con el triunfo, más cuando es general. Rodolfo Von, metodólogo criminal.

 

Es un hecho que hoy en México se encuentra un verdadero cambio político, social e internacional. Un ejemplo de ello es el hecho de que por primera vez se realice una convocatoria de tal embestidura, al convocar a todos los ciudadanos a participar a la selección de Fiscal General de la República.

 

Agradezco al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, esperando que con transparencia y sin compromisos se seleccione a los aspirantes a tan noble cargo.

 

La Fiscalía General de la República contará con los cimientos de la antigua Procuraduría General de la República, por lo que también son reconocidos los logros importantes, así como los malos procedimientos y acciones, por las malas decisiones de sus dirigentes.

 

Será importante retomar sólo los logros en beneficio del Fiscal General de la República, los cuales encabezaré estableciendo las imágenes nuevas, dinámicas con decisiones claras y objetivas. Sin partidismos, sin intereses creados y con suma honestidad y transparencia, velando por los derechos humanos.

 

Aunado a lo anterior, es importante contar con un Fiscal que no se encuentre detrás del escritorio, estático, sin deseos de acción. Es por ello, como Fiscal General de la República, hablaré de frente, de forma transparente a la población: sin engaños, dando la cara, mirando a las personas a los ojos.

 

Garantizaré el apego y respeto a los derechos humanos, y a los derechos de los ciudadanos. Combatiré cualquier hecho de corrupción del que se tenga conocimiento, velando por las víctimas y los derechos constitucionales del ofendido; siendo atendido con respeto y dignidad.

 

El camino no es fácil, es difícil el sendero, por lo que mi plan de trabajo que encabezaré como fiscal, tendrá tres ejes sencillos y claros: normativos, operativos, y tecnológicos.

 

Por lo que respecta a los normativos, estableceré los canales adecuados con los Poderes Legislativo y Judicial, para establecer la sinergia consistente en el respeto y la concientización de las herramientas necesarias para perseguir a los delincuentes y establecer las figuras delictivas que se han dado en los últimos tiempos.

 

Asimismo, se tendrá un diálogo respetuoso y cordial con las potencias internacionales para realizar la búsqueda y localización de presuntos responsables. O en su caso, de víctimas, por medio de convenios internacionales, para que nada ni nadie se encuentre alejado de la justicia.

 

Principalmente se tendrá la dirección como medida preventiva de una seguridad humana que pretenda establecer la protección de las libertades fundamentales; aquellas que son esenciales de la vida y con la finalidad de establecer la seguridad del Estado, mediante la armonía social.

 

Sin seguridad del Estado y sin seguridad humana, no se subsiste en la sociedad.

 

Aunado a lo anterior, respaldaré la creación del marco normativo de la creación del Código Penal Nacional y modificaré el catálogo de delitos contemplados en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que se combata cada uno de los delitos especiales.

 

En su momento, trabajaré para evitar que se den las controversias constitucionales, es decir, armonizar el marco legal para tener una homologación y armonización normativa.

 

Lucharé con un diálogo cordial con las entidades federales, locales y municipales, para que en conjunto, se tenga un adecuado control de los delitos que son prioridad para las entidades federales. Así como lineamientos claros para la extracción e integración de las carpetas de investigación.

 

Encaminaremos con los medios de comunicación un diálogo respetuoso, para que nos hagan llegar la información que ellos han recabado de los delitos que tengan conocimiento de alto impacto, y estableceré las medidas necesarias, a fin de que no entorpezcan las investigaciones de esta Fiscalía. Y en éstos, dentro de un proceso no tengan responsabilidad civil.

 

Trabajaremos conjuntamente para lograr un fin común, actuaremos legalmente bajo los principios normativos de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, para salvaguardar la lealtad, la honradez y la imparcialidad que deberá tener el personal administrativo, operativo y personal de confianza para atender y desempeñar sus labores cotidianas.

 

Por lo que respecta a la operación estratégica, se realizará lo siguiente:

 

Se establecerá una actualización jurídica metodológica para los funcionarios públicos, a fin de que se tenga de manera clara cuál será su desempeño en el Ministerio Público en el nuevo proceso del juicio oral y el método de investigación a seguir pretendiendo, mediante los métodos de razonamiento empírico, científico, deductivo, inductivo, histórico, formal, crítico, analítico, de síntesis, comparativo, cualitativo y cuantitativo, para establecer la hipótesis criminal conjuntamente con los peritos, quienes tendrán un papel importante en dicho proceso; permitiendo tener resultados claros, alternativos, multicausales, para contar con el análisis crítico, fundamental de las actuaciones de investigación.

 

Es fundamental la creación de un banco nacional de información genética, el cual nos permitirá reconocer de manera clara e inmediata, a las víctimas o en su caso, a todos aquellos criminales. Aunado a esto, estableceremos laboratorios que contará la Fiscalía en materia criminal, a nivel nacional.

 

Lucharemos incansablemente para evitar la corrupción de los servidores públicos adscritos a esta Fiscalía, de conformidad al Sistema Nacional Anticorrupción.

 

Realizaremos un método operativo que nos permita una adecuada acción en todas las entidades federativas, locales y municipales. Daremos cuenta qué entidad no quiere colaborar con esta Fiscalía. Todo con transparencia.

 

Crearemos una estrategia en contra de las mafias internacionales, en todos y cada uno de los delitos federales, con países hermanos para combatir la delincuencia internacional.

 

Esta Fiscalía deberá establecer personalmente, informativamente y clara, atendiendo a las víctimas con respeto en su persona y su dignidad.

 

Por lo que respeta a lo tecnológico, sin duda, nuestra Fiscalía tendrá los equipos de punta, portándose a cada una de las unidades especiales establecidas en la entidad federal, estatal y municipal, para que tengan una atención pronta y coordinada.

 

En consecuencia, blindaremos y evitaremos los riesgos y las vulnerabilidades de la información, con la que contará esta Fiscalía, y lucharemos para contar con una soberanía cibernética, especial, digital y tecnológica, en consecuencia.

 

Soy un hombre que ama a su país, que desea tener un México claro y transparente en materia penal. No cuento con ningún compromiso político o de otra índole. Sé de los valores institucionales que son necesarios como Fiscal General de la República que son liderazgo, respeto, igualdad, legalidad de principios de cuentas; de transparencia, de justicia, libertad social, imparcialidad, integridad y bien común.

 

Como servidor público sé del éxito de la dedicación y del trabajo duro, tenaz, para hacer que se hagan las cosas y que sucedan.

 

Señores:

 

Me es claro comunicarles que no vengo por la paga ni por el beneficio propio. Vengo como mexicano, amando a esta nación. Por lo que si luchamos conjuntamente podemos y lograremos un México mejor.

 

Si no luchamos, ya perdimos. Y sin riesgo, no hay victoria.

 

Fraternalmente, Roberto Bonifacio Mazón. Es cuánto.

 

 

 

Versión estenográfica de la exposición del licenciado Marcos Santana Montes, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República.

 

 

Muchas gracias, muy buenas tardes, senadoras, senadores.

 

Comparezco ante esta honorable Comisión de Justicia del Senado de la República, porque tengo la aspiración personal y legítima como abogado, de dirigir la máxima instancia de procuración de justicia del país.

 

Tengo los conocimientos, la capacidad y la experiencia para desempeñar tan honrosa responsabilidad.

 

Desde que empecé a construir mis valores de responsabilidad y superación como individuo y ciudadano, he conducido mi vida con metas a corto, mediano y largo plazo.

 

Mi visión como abogado y ciudadano es comportarme honradamente, desempeñar mis labores públicas y privadas con responsabilidad y profesionalismo, guiando mi actuación para servir a mi familia, la comunidad y mi país.

 

Durante mi experiencia de 19 años en el servicio público en procuración de justicia, he desempeñado desde el cargo más sencillo, Oficial Secretario del Ministerio Público, hasta la honrosa distinción de ser Procurador General de Justicia del estado de Colima, institución en la que también me desempeñé como agente del Ministerio Público, titular de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro, Director de la Policía Investigadora, Agente y Director de Averiguaciones Previas y Subprocurador.

 

Durante mi gestión al frente de la referida institución, implementamos una estrategia integral de seguridad y justicia, que permitió disminuir la incidencia delictiva y la impunidad.

 

Conozco las fortalezas y debilidades institucionales, pues también me he desempeñado en el ejercicio libre de mi profesión de abogado, y la defensa legal me ha permitido abrevar un mayor conocimiento.

 

Mi formación profesional de abogado ha sido enfocada en la materia penal, habiendo concluido mis estudios de maestría en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral.

 

He recibido capacitación especializada tanto en el país como en el extranjero, en temas inherentes al Sistema de Justicia Penal Acusatorio Verbal, ciencias forenses, derechos humanos, investigación de homicidios, narcotráfico, narcomenudeo, trata de personas, secuestro, investigación criminal contra el terrorismo, entre otros.

 

He acumulado experiencia y conocimientos que me dan la confianza y la certeza para aspirar a ser Fiscal General de la República.

 

Considero que con mi desempeño al frente de dicha institución, puedo contribuir al fortalecimiento del Sistema de Justicia y a rescatar la tranquilidad y la paz en nuestro país.

 

De resultar electo por esta Soberanía como titular de la Fiscalía General de la República, plantearía como ejes articuladores de la visión institucional, entre otros, los siguientes:

 

Establecer como principio fundamental la política de cero corrupción. Construir un nuevo modelo de investigación de delitos que permita la participación activa y coordinada entre todas las fiscalías del país.

 

Garantizar que la institución sea lo suficientemente fuerte, autónoma y con recursos financieros y humanos, para que brinde los resultados que la sociedad en justicia demanda.

 

Mi visión es que la Fiscalía tenga niveles de autonomía y eficiencia que garanticen su independencia de influencias políticas y de cualquier otra índole. Y además, diseñar e implementar un plan de persecución penal que asegure la participación coordinada y efectiva con el resto de instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que contendría como mínimo los siguientes elementos:

 

Primero. Eliminar la corrupción de la Fiscalía General de la República, dotando a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la estructura y recursos necesarios, que garanticen una especial atención en la investigación de estos ilícitos. En virtud de que la percepción ciudadana de corrupción al interior de la institución, evidencia un grave problema en este rubro.

 

Segundo, procurar justicia de manera efectiva para evitar la impunidad. Desarrollar un nuevo modelo de trabajo de la Fiscalía que permita una nueva forma de organización y operación, generando condiciones idóneas para mejorar los resultados en la investigación de los delitos.

 

Además, implementar un modelo de gestión por resultados fortalecidos a través de un sistema de seguimiento caso por caso, que obligue a los elementos de la Fiscalía a ser más efectivos.

 

Tercero. Garantizar el respeto a los derechos humanos de las víctimas, los imputados y la sociedad, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, poniendo especial énfasis en las investigaciones de los hechos que sean denunciados.

 

Así como atraer aquellos casos que sean cometidos por autoridades del fuero común o que se encuentren en investigación ante las fiscalías locales y se solicite ejercer facultad de atracción, bien por inactividad o contubernio de aquellas autoridades.

 

Cuarto. Fortalecer las tareas de investigación científica, de campo e inteligencia, dotando a la Fiscalía de mayores y mejores herramientas tecnológicas y científicas, para que lleve a cabo su función legal con todo profesionalismo y diligencia, así como fortalecer las áreas de investigación y sistematización de la información, con personal altamente capacitado para brindar mejores resultados.

 

Quinto. Generar condiciones para una coordinación efectiva entre las instituciones de procuración de justicia del país, a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, planteando un modelo que permita compartir información de calidad y oportuna para el esclarecimiento de las investigaciones.

 

Sexto. Implementar un modelo de procuración de justicia moderno y expedito, mediante la utilización de tecnología avanzada y protocolos de actuación acordes al nuevo marco normativo que mediante el uso de herramientas tecnológicas, transparente las investigaciones para que la ciudadanía agraviada esté en posibilidad de darle seguimiento en tiempo real y desde cualquier punto a través de dispositivos electrónicos.

 

No soy improvisado en el tema. El estado de Colima se ha caracterizado por ser pionero en la implementación de diversos modelos de mejora regulatoria que, mediante la implementación de herramientas tecnológicas han mejorado considerablemente los servicios que se brindan a la ciudadanía.

 

Tales prácticas innovadoras y modernas, le han representado a nuestro estado y a la institución que me honré en representar, el reconocimiento nacional e internacional, haciéndonos acreedores a la presea I+T Gob 2014, en la categoría de Innovación Gubernamental, otorgada por el Comité de Informática de la Administración Pública estatal y municipal, por la práctica denominada Procuraduría General de Justicia del Estado, innovación en beneficio de los colimenses a través de E ciudadano.

 

Esa, junto con otras buenas prácticas de gobierno, llevaron al estado de Colima a obtener la presea internacional denominada GobernArte: el arte del buen gobierno 2014, otorgada por el Bando Interamericano de Desarrollo.

 

Afirmo que cuento con los conocimientos y la experiencia aprobada necesarios para modernizar sustancialmente a la Fiscalía General de la República y convertirla en una institución más transparente y cercana a la ciudadanía.

 

Séptimo. Diseñar un modelo de selección de capital humano que garantice el ingreso y permanencia a los mejor calificados, con base en competencias.

 

Octavo. Garantizar la participación de la ciudadanía en el nuevo modelo de procuración de justicia.

 

Y noveno. Contar con un sistema de seguimiento y evaluación permanente, en el que se definan indicadores, fechas de cumplimiento responsables y evidencias para cada una de las metas y objetivos contenidos en el mismo.

 

Senadoras y senadores:

 

Reconozco públicamente el ejercicio democrático que realiza esta Soberanía abriendo la participación de los interesados a este tema de relevancia nacional.

 

Les agradezco la oportunidad que me dieron de presentarme con ustedes y escuchar mis planteamientos.

 

Tengan la certeza que, de resultar electo Fiscal General de la República, no defraudaré la confianza y tan honrosa distinción que se me otorgue.

 

Muchas gracias.

 

 

 

 

 

                  

 

Versión estenográfica de la exposición del Doctor Alejandro Gertz Manero, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como aspirante a ocupar la Fiscalía General de la República.

 

Señor senador don Julio Menchaca.

 

Señoras y señores senadores:

 

Así como en las procuradurías y fiscalías del fuero común, su función primigenia es la defensa de la comunidad frente a los delitos cotidianos que la flagelan, en la Fiscalía General de la República su tarea fundamental es la defensa jurídica del Estado Mexicano y de su patrimonio, que es el patrimonio colectivo de todos nosotros.

 

Defendiendo también la seguridad de la nación y todas aquellas conductas punibles que pongan en peligro a las instituciones nacionales y a los grandes valores del Estado, como son los casos de corrupción, crimen organizado, delitos que vulneran los derechos humanos, el narcotráfico, los delitos fiscales que lesionan las finanzas públicas y la viabilidad de los proyectos nacionales de progreso y bienestar.

 

Por todas estas razones, que están sustentadas en las funciones ministeriales, señaladas en el artículo 21º de la Constitución General de la República, en la Legislación Penal Federal y en la nueva Ley de la Fiscalía General de la República; un plan de persecución penal viable y efectivo se debe sustentar en políticas y prioridades que partan de un diagnóstico en el que se tenga una visión clara y precisa de cuál es la situación que ha prevalecido en la procuración de justicia en materia federal; cuál es su situación actual y la crisis que enfrenta la institución que habrá de transformarse.

 

Y sobre todas estas premisas, permítanme exponerles estos datos, que son de acceso general a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del INEGI y de la Cuenta Pública, y a los que cualquiera de nosotros puede acceder.

 

Hay un rezago inaceptable en esta institución, que viene desde 1984, y que actualmente es de 205 mil averiguaciones previas, en trámite y en reserva; las cuales están vivas y son una muestra indudable de corrupción y de injusticia para las víctimas y para los ofendidos.

 

También en ese ámbito histórico de la averiguación previa, hay 22 mil mandamientos judiciales y órdenes de aprehensión pendientes de cumplir. Muchas ya prescritas.

 

Por lo que toca al nuevo sistema acusatorio, hay 101 mil carpetas en trámite y más de 6 mil mandamientos judiciales, también pendientes de cumplir.

 

Estos son los datos públicos a los que cualquier persona tiene acceso y que nos dan un diagnóstico descarnado de la realidad actual en la procuración de justicia en materia federal.

 

Como ustedes pueden observar, los niveles de eficiencia, de productividad y de resultados, pero sobre todo de justicia, son prácticamente ínfimos. Esta es la razón por la cual, la nueva institución debe contar con un plan de persecución penal que, en primer lugar abata estos niveles de impunidad y permita que el Estado Mexicano se halle debidamente protegido, y que las víctimas de los delitos federales encuentren una verdadera acción penal que los rescate de las garras del delito.

 

Y hay que establecer, con toda precisión, como ya se señaló al principio de este análisis, que lo que es necesario que se refrende y en qué consiste.

 

También es público que más del 60 por ciento de los delitos que persigue actualmente el Ministerio Público, son por robo de tarjetas de crédito y de fluido eléctrico; razón por la cual es indispensable que esa enorme carga de trabajo se maneje a través de facilitadores y medios alternativos de justicia que permitan fundamentalmente la reparación del daño.

 

Y para ello, la nueva Fiscalía ya cuenta con un órgano especializado de mecanismos alternativos de solución de controversias, que están señalados en el artículo 14º de su ley, el cual permite aplicar sanciones de carácter comunitario y reparación del daño, que sean útiles para la sociedad, para las víctimas y para reivindicación social de quienes han caído en estas conductas.

 

Si eso se logra, la inmensa mayoría de la masa crítica con la que cuenta la Fiscalía podrá encaminarse hacia la persecución de los delitos que le causan un daño irreparable a la nación, como son: el combate a la corrupción, la defensa del patrimonio nacional, el feminicidio, la trata, el uso de armas prohibidas que tanto daño nos hace a la comunidad, y la violencia contra mujeres y menores, la pornografía y el lenocinio.

 

La capacidad del Estado a través de la Fiscalía, debe expresarse claramente en el rescate de los valores morales de nuestra comunidad. Por ello, es fundamental el énfasis en los delitos de corrupción y ejercicio abusivo de funciones, así como el cohecho, el peculado y el enriquecimiento ilícito.

 

En este marco legal y frente al gran problema ya referido, es necesario aplicar a los mejores y a los más preparados agentes del Ministerio Público Federal, que por fortuna existen, en las tareas prioritarias señaladas ahí, y así como sus peritos y auxiliares policiales para que de esa manera se pueda superar la ineficiencia y el fracaso.

 

Otro aspecto sustancial en este proyecto es el control de las carpetas de investigación desde la denuncia o la querella, para darle seguimiento a todos y cada uno de los trámites en la participación del Ministerio Público en todo el proceso, hasta la sentencia definitiva; ya que si desde un principio hay transparencia en las responsabilidades de la autoridad, ese rezago brutal que enfrentamos se puede terminar, y eso ya lo logramos en la Procuraduría General de la República cuando tuvimos un resultado que fue realmente excelente.

 

En este ámbito de eficiencia y de rendición de cuentas en la defensa de los intereses de la nación y de las víctimas en materia federal, nosotros proponemos que se reconozcan los valores de eficiencia y compromiso de los funcionarios de la Fiscalía, que merecen ser apreciados por su lealtad a sus funciones y a sus compromisos, mientras se deben establecer también compromisos de capacitación permanente frente a los constantes cambios que la realidad procesal nos señala en forma cotidiana.

 

De esta manera, podemos asegurar que en un plazo perentorio las funciones de la Fiscalía General de la República puedan ser el ejemplo a nivel nacional de lo que debe ser la defensa de los intereses del Estado Mexicano, y de aquellos que sufran algún delito de carácter general.

 

Quien ha tenido, como es mi caso, el privilegio de servir a mi país, primero como agente del Ministerio Público Federal; después, en la misma institución como Jefe de Unidad; luego como director y creador del Instituto Técnico que ahora es el INACIPE, que es una institución verdaderamente modelo en este momento, para después ocupar la Oficialía Mayor y ahí organizar los procesos de eficiencia a los que me he referido, para ser nombrado el primer Coordinador General de la Campaña contra el Narcotráfico, reconocida tanto en México como en el extranjero, como puede verse en el expediente que hice llegar a ustedes.

 

Por todo lo anterior, yo siento que estos son factores de experiencia y de conocimiento en el tema y también en las posibilidades de cumplir con lo que manda la nueva Ley de la Fiscalía General de la República.

 

Por otra parte, mi trabajo como abogado litigante ha sido también reconocido por la Barra Mexicana de Abogados, el ilustre y nacional Colegio de Abogados; y, por lo tanto, todo ello me permite presentarme ante ustedes con todo respeto, con el propósito de lograr su apoyo en una tarea tan honrosa y tan comprometida, como es la de la Fiscalía General de la República.

 

A todos ustedes les agradezco mucho su atención.

 

Muchas gracias.